Opinión

Los datos que aportan los entendidos sobre el impacto de la crisis económica y social que se espera en Canarias en los próximos meses son escalofriantes. Incluso en el mejor de los escenarios, aún en el supuesto de una pronta reapertura del las Islas al turismo, tenemos que prepararnos para resistir meses muy duros y que, en otras épocas pasadas, obligaría a muchísimas personas a hacer las maletas y emigrar. Pero esa no es una opción para nosotros en estos momentos, así que no nos queda más remedio que armarnos de paciencia y prepararnos para el futuro inmediato. 

Las ayudas procedentes del Estado y, sobre todo, de la Unión Europea son cruciales para que las familias, las empresas, los autónomos y los trabajadores puedan aguantar los próximos meses sin que nadie se quede por el camino. Pero, si nos detenemos a pensar en lo que haremos como sociedad el día después, inevitablemente debemos aferrarnos al turismo como la única opción realista que puede garantizar una amplia actividad económica y abundante empleo. Todo lo demás, siendo muy importante, no nos va a sacar adelante en estos momentos.

La pandemia nos está dejando algunas enseñanzas. Es cierto que tenemos que robustecer el sector primario para avanzar hacia la soberanía alimentaria, proteger la industria y desarrollar toda la que sea posible, apostar por I+D+i, conseguir que Canarias se abastezca al 100% de energías limpias y renovables en el más breve plazo de tiempo o apostar por una educación de primer nivel. Pero la evidencia nos dice que la Europa que surgirá tras la pandemia querrá hacer turismo y viajar a destinos cercanos, con buen clima y soleados, con un mar y playas de primer orden, ricos en naturaleza, con paisajes diversos y seguros desde el punto de vista ciudadano… ¡y sanitario! Querrán viajar a Canarias.

Con esto no quiero decir que nos dispongamos a seguir haciendo con el turismo lo mismo que antes, ni mucho menos. Rescato un compromiso con el que concurrí a las elecciones: el turismo del presente y el futuro debe estar basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización. Por esa razón, creo que este tiempo trágico e incierto nos ofrece la oportunidad de apostar por la rehabilitación y valorización de nuestro turismo, pero bajo un nuevo paradigma de sostenibilidad y de calidad. Creo que así podremos ser un destino pionero, atractivo y competitivo.

Bien, ¿y cómo se hace eso? La respuesta es sencilla y no creo que haya una sola persona adulta en Canarias que no la conozca, que no sepa los errores que hemos cometido en materia turística. Hoy, 24 de abril, César Manrique cumpliría 101 años de edad. Cuando concluye el centenario de su nacimiento, se me ocurre que no podríamos hacerle un regalo mejor que rescatar sus criterios y enseñanzas, el valioso legado de su obra pública, su corajuda defensa de la calidad frente a la cantidad, su apuesta por el patrimonio natural y cultural, y su manera de entender la relación entre la naturaleza, el arte y la vida, y llevarla al terreno turístico. 

No nos confiemos y sigamos respetando las normas para evitar contagios y salvar vidas, seamos solidarios y hagamos lo posible para que nadie se quede atrás. Y ojalá podamos reabrir pronto y atraer turismo con seguridad y con una fórmula infalible y que todos conocemos. La receta es más César Manrique que nunca.

No soy el único que piensa que Europa se la juega. Este jueves, 23 de abril, los miembros del Consejo Europeo abordarán de nuevo la respuesta conjunta de la Unión Europea (UE) a las consecuencias socio-económicas derivadas del brote de COVID-19. En su última reunión, acordaron que se requiere una estrategia de salida coordinada, un plan de recuperación integral y una inversión sin precedentes, pero a muchos esta frase tan solemne nos supo a poco. Las buenas palabras no bastan, porque, duele decirlo, las instituciones europeas no han estado hasta ahora a la altura de su misión histórica y la envergadura del extraordinario desafío al que nos enfrentamos.

Más de la mitad de los españoles valoran a la UE peor que antes de la crisis del coronavirus, y una inmensa mayoría del 80% percibe que la pandemia tendrá consecuencias negativas, duraderas o pasajeras, tanto para la economía de su hogar como para la española y la mundial. Estos datos se desprenden de una encuesta publicada por El País el pasado domingo y creo que expresan que nos invade cierta sensación de abandono por parte de la UE. Para que no se enfríe nuestro europeísmo esperamos solidaridad, estabilidad, seguridad y consenso por parte de las instituciones europeas. Que Europa se convierta en aquello que aspira a ser. Y ha de ser ahora.

No pierdo la confianza en los valores que inspiraron y sostienen a la Unión, pero necesitamos que los buenos deseos se concreten en una hoja de ruta y un plan de acción para garantizar el bienestar de todos los europeos y restablecer en la UE un crecimiento fuerte, sostenible e integrador, basado en una estrategia ecológica y digital, como propugna el propio Consejo Europeo. Asimismo, sigo confiando en que las autoridades comunitarias serán especialmente sensibles con las regiones más vulnerables, que ya comienzan a resentirse y en las que el impacto de la crisis económica y social va a ser brutal.

En efecto, me refiero a las Regiones Ultra Periféricas (RUP), una condición adquirida porque están alejadas del continente y geográficamente fragmentadas. Cuando  —como es mi caso— se es senador por Lanzarote y La Graciosa, islas que soportan los costes de la doble y triple insularidad, necesitamos saber cómo se va concretar en los lanzaroteños y gracioseros la recuperación verde en Europa. Hace unos días, el Parlamento Europeo señaló el camino al reclamar medidas específicas para las RUP, entre ellas Canarias, para revertir el impacto que la crisis derivada del coronavirus tiene en la conectividad aérea, el turismo, el empleo y el sector primario. 

Para afrontar una situación extraordinaria sólo cabe un plan de reconstrucción a gran escala, financiado de forma extraordinaria y que contemple ayudas para los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, los sectores agrícolas y pesqueros y la liquidez de las empresas. Las medidas han de ser suficientes, de sencilla tramitación y han de llegar con rapidez. También comparto el manifiesto titulado Green Recovery —Recuperación Verde— suscrito por el Gobierno español, que defiende que la salida de la futura recesión y la acción medioambiental pueden y deben ir de la mano, en coherencia con nuestro compromiso electoral sobre el Green New Deal, en el que, en la misma línea, apostamos por salvaguardar la economía y, a la vez, luchar contra el cambio climático.

Mientras perseveramos en nuestro empeño de respetar las normas, evitar contagios y salvar vidas, el jueves se reúnen los jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros que conforman el Consejo Europeo. Los más reacios al compromio han de saber que habitamos islas abiertas al mundo y no nos conformamos con una Europa sólo para los mercados: necesitamos una Europa de la ciudadanía, por y para la ciudadanía. Necesitamos que desplieguen con urgencia todos los mecanismos establecidos en el contrato de constitución de la Unión Europea.

Vivimos tiempos muy difíciles e inciertos. A lo largo del día, mientras la inmensa mayoría permanecemos confinados en nuestros hogares, afloran en nosotros un montón de sentimientos distintos. La incertidumbre ante lo desconocido, el temor que ocasiona el coronavirus Covid-19, la angustia por la situación económica o el dolor por la pérdida de seres queridos son algunos de ellos, y los superaremos. Pero creo que hay uno que permanentemente nos sostiene como individuos y como sociedad: la gratitud.

En estas semanas tan intensas correspondemos con aplausos, y de otras maneras, la labor esencial que vienen realizando muchas mujeres y hombres por mantener en pie el país y para que los demás estemos lo mejor posible. Nos aflora un desbordante sentimiento de gratitud hacia alguien en concreto, como cierto médico o enfermera, o hacia todo un colectivo, como el mismo personal sanitario —que literalmente se está dejando la vida para preservar la nuestra—, limpiadoras, bomberos, cajeras, reponedores, transportistas, voluntariado de ONGs o agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros. Y vayan por delante mis disculpas por no poder citarlos a todos.

Pero hay algo que a una gran mayoría nos resulta especialmente emocionante, y es ver al Ejército velando por la salud, el bienestar y la seguridad de todos los españoles. En particular, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el aporte militar al sistema de protección civil de nuestro país, se ha desplegado por todos los rincones de la geografía de España para ayudar a combatir una catástrofe sin precedentes. No es un incendio, una inundación o una nevada, sino un virus invisible y devastador que ha puesto en jaque nuestro futuro en común.
 
Cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero creó la UME, hace casi 15 años, hubo quienes no entendieron su decisión, a pesar de que las instituciones del Estado carecían en aquel momento de medios adecuados para hacer frente a una situación de emergencia de envergadura. Desde entonces, aquella especie de gran organismo para la protección civil, aunque de estructura militar, ha demostrado en infinidad de ocasiones que su constitución fue un gran acierto. Y ahora también. Sin embargo, la pandemia ha puesto en evidencia que necesitamos ser mucho más previsores hacia el futuro.  

Nuestro sector público se ha resentido con el coronavirus. No por falta de capacidad de los organismos del Estado o de los trabajadores públicos. No. Se ha resentido porque en los últimos años ha sido sometido a una estricta dieta que lo ha hecho adelgazar hasta extremos inaceptables. El anterior gobierno del PP impuso recortes brutales en sectores muy sensibles, como la sanidad pública, a la vez que la privatizaba, y, por eso, ahora hemos tenido que movilizar a sanitarios estudiantes de último curso, jubilados y médicos internos residentes en período de formación; y homologar a toda velocidad títulos de ciudadanos extranjeros radicados en España, entre otras medidas.

Como ya he dicho en entregas anteriores, ahora toca respetar las normas, evitar contagios y salvar vidas. También toca mostrar gratitud, pero, de inmediato, ya mismo, tenemos una tarea inaplazable, que consiste en robustecer todos los pilares del estado del bienestar para que otra emergencia no nos coja con una sanidad pública maltrecha y con otros servicios públicos básicos muy debilitados. Todos ellos deben salir extraordinariamente reforzados en los próximos Presupuestos Generales de reconstrucción económica y social del Estado.

Antes de que el dedo acusador de algún liberal envuelto en la bandera tricolor me señale como un traidor a la patria, aclaro que se hace absolutamente necesario, no solo la implicación del Gobierno de España en la recuperación económica de Canarias, sino también que la Unión Europea deje de actuar como un consejo de administración y se descubra a sí misma como la verdadera arquitecta del Estado del bienestar y, quizá porque ya no tenga otra salida, tendrá que reconocer que la economía no es una ciencia exacta.

No estamos ante un problema matemático en el que deben cuadrar sumas y restas(a los salvajes neoliberales les encanta hacernos creer que hablan de cuestiones meramente técnicas y no de conceptos puramente ideológicos), estamos ante un reto político, seguramente el más importante de nuestra generación; el futuro comunitario está sobre la mesa. 

Si la Unión Europea no antepone el Estado social a la economía de mercado, estará entregando en bandeja su propia cabeza a la ultraderecha, esa que tanta preocupación causó cuando vieron aumentar su presencia por los pasillos del Europarlamento. La ultraderecha no tiene ningún problema con las políticas neoliberales, al contrario, el “sálvese quien pueda” es parte de su esencia. 

En España no escucharemos a VOX hablando de la venta del capital español a inversores internacionales o fondos buitres, jamás los veremos defendiendo la sanidad pública, muy al contrario su portavoz en el Congreso apuntaba a la privatización total. Esto no se debe exclusivamente a la manifiesta incapacidad dialéctica de unos coleccionistas de souvenirs con la bandera de España, su disparatado programa económico es ultraliberal y se aprovecha de la ruptura de los consensos sociales y el descontento de la clase obrera para instalar el único discurso en el que se sienten cómodos: el discurso del odio. 

Por tanto, en la salida de esta crisis sanitaria y económica nos jugamos mucho más que las aparentes tensiones de líderes europeos efímeros y circunstanciales. Si no existe un marco social(y ético) en Europa que garantice el fortalecimiento de lo público frente a la tiranía del capital, mas vale que en Bruselas cuelguen el cartel de “liquidación por cierre”. 

Dicho esto, en Canarias no podemos limitarnos a señalar a Moncloa y Bruselas. No hay tiempo que perder mientras las videoconferencias se entrecortan entre choques diplomáticos. En este Archipiélago, disponemos de una una herramienta que se remonta al siglo XV y que nace como reconocimiento a nuestra singularidad atlántica. Siempre he defendido la existencia del Régimen Económico y Fiscal como tal, cosa bien distinta es qué contenido le damos. Es en ese debate, donde creo que debemos situarnos cuanto antes. 

La pregunta es obvia ¿cómo podemos reorientar las compensaciones y extender los beneficios del REF para salir de la crisis?. La primera cuestión que debemos resolver es para quién está dirigido el Fuero Canario. El REF no es una herramienta para beneficiar o compensar exclusivamente al empresariado canario frente al peninsular, corrijo, no debería serlo, el REF debería ser para toda la población residente y, en ese contexto, claro que debe compensar la insularidad y los costes comerciales del distanciamiento continental. Estamos, por tanto, ante el deber y no una oportunidad de corregir la tendencia de las últimas modificaciones del REF y convertirlo en un instrumento de utilidad pública y no en un privilegio empresarial que limita la recaudación fiscal del Estado en Canarias. Aquí, es cuando aparece la Reserva de Inversiones de Canarias. Conviene que tengamos claro que es imposible que evitemos el debate fiscal si el interés general es la prioridad en la salida de esta crisis y las prioridades las marcan los gobiernos, para eso tenemos elecciones. 

La RIC es un incentivo fiscal que tiene como origen la autofinanciación empresarial mediante la reducción del Impuesto de Sociedades o el IRPF. A pesar de que el REF determina que la financiación del Estado para Canarias tendrá que situarse en la media de España, durante muchos años, esto no se cumplió. Un dato revelador es que si contáramos los recursos RIC como parte de esa financiación autonómica lograríamos un mejor equilibrio con respecto la media de las Comunidades Autónomas, pero no podemos hacerlo porque esos recursos están en manos privadas y no en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, por tanto no están a disposición del interés general. 

Con esta herramienta y, a pesar de que fue modificada en la reciente reforma del REF, no se da respuesta a las múltiples necesidades que esta crisis trae consigo. Hablamos de reforzar la sanidad publica, la educación y los pilares básicos del bienestar, donde también se debe incluir la cultura, un elemento vital de cohesión social, pero también de desarrollo y diversificación económica, para ello debemos garantizar que la cultura es un derecho y reflejarlo a través de un presupuesto autonómico que llegue al tan ansiado 1%. 

En cambio, lo que sí podemos hacer es modificar nuevamente el REF con urgencia para que la RIC pueda ser una verdadera herramienta de sostenimiento del empleo. Canarias parte con una desventaja estructural frente a otras regiones, siendo una de ellas la alta tasa de desempleo que, irremediablemente, esta crisis la disparará por encima del 40%. Urge más que nunca, que la citada RIC deba usarse para evitar que la brecha social se profundice. No como una opción más para su materialización, sino como una condición para la misma. 

Comprar deuda, tal y como solicita estos días la patronal en Canarias, no es invertir, es ahorrar. 

Es todo lo contrario para lo que se creó esta herramienta fiscal que, como gran parte del REF, se ha desnaturalizado. Por no hablar de la obscenidad de poder invertir los recursos RIC fuera de Canarias. 

Aflorar esos millones de euros, limitando tanto el destino de los mismos a la creación de empleo digno como acortando el plazo de ejecución, nos permitiría inyectar liquidez en muchas empresas canarias sin necesidad de aumentar el endeudamiento público para ello. No estoy hablando de nacionalizar la RIC, cosa que sí deberíamos hacer con las clínicas privadas que reclaman que el Estado le cubra el 75% de sus pérdidas, hablamos de orientar una reserva de inversión hacia el estímulo económico mediante la creación de empleo. Tenemos el deber de cambiar la inercia de nuestro modelo productivo. Nadie se había atrevido a pausar la música en medio de la fiesta para decirle al personal que no podíamos seguir con un modelo que genera riqueza y precariedad a partes iguales, pero la música se apagó, no queda otra. 

Una amplísima batería de consideraciones y propuestas para un momento importante… de lo que se trata y lo que toca ahora, es aportar desde la lealtad a nuestros votantes, y desde la lealtad, como no puede ser de otra manera, al gobierno, o lo que es lo mismo, hemos de remar TODOS en la misma dirección. Coalición Canaria presentó este lunes 120 medidas plasmadas en un único plan, todas ellas de gran alcance, y con mirada crítica puedo decir que considero que están a la altura de esta difícil situación, son soluciones reales a situaciones reales. 

Huyendo de las típicas definiciones grandilocuentes que suelen enmarcar un Plan de Acción Social o Plan de Rescate Social para ellos y ellas; lo que pone de manifiesto este documento es que realmente se contemplan muchísimas medidas para las personas y para arrimar el hombro, que ya toca. Porque es ahora cuando tenemos que poner de manifiesto nuestro ADN, nuestro compromiso con nuestra gente con un enfoque más municipalista si cabe, y estudiar las medidas atendiendo a las necesidades analizadas con mucha dedicación. Medidas económicas que una vez implementadas permitirán que en esta ocasión no sean los mismos de siempre a los que les toque pagar los platos rotos, a los que les toque… OTRA VEZ. 

El complemento a la renta mínima no contributiva, equiparándola con el salario mínimo durante un periodo de 2 años. La renta básica ciudadana, no condicionada solo al estado de alarma, concedida con la diligencia que permita no poner en peligro de exclusión al que la solicita ni a sus familias. La bonificación del 50% del IRPF en los ejercicios 2020-2021. Suspensión del pago de las hipotecas para personas que pierdan su empleo o formen parte de un ERTE, o se vean obligados a parar su actividad. Bonificación del 100% de la cuota de autónomos de empresas de menos de 10 empleados hasta que se levante totalmente el confinamiento y una bonificación del 50% para los  meses posteriores son solo algunas, que como digo, pone de manifiesto que son unas medidas meditadas y con el fin último de arrimar el hombro con nuestra gente sin dilación. 

Entre las propuestas, como digo 120, me gustaría puntualizar además, la creación de una mesa de entendimiento entre cabildos y ayuntamientos, Cáritas, Cruz Roja y onegés, lo cual permitiría entre muchas otras cosas la posibilidad de conjugar experiencia con medios y profesionalidad, y hacer de esa forma que el reparto se considere inmediato y la ayuda eficaz, pues la inmediatez y la eficacia, mal entendidas, acarrean problemas a veces de difícil solución, o terribles tesituras como, ¿con qué hago hoy la compra?

En este plan propuesto, en mi opinión destaca con brillo propio un punto que considero de capital importancia y ofrece la mejor de las armas para afrontar un futuro incierto en lo laboral también: El incremento de los fondos para la Formación Profesional en Lanzarote, una necesidad que he planteado desde hace tiempo en el Parlamento, y que en cierta medida vendría a dar respuesta a una demanda colectiva entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Una demanda que pivota entre la cantidad de materias a elegir, que a todas luces ha de ser más amplia y adecuada, a la realidad laboral existente, y a la accesibilidad a esa formación. Creo que es el momento adecuado para plantearlo y construir entre todos un futuro con menos incertidumbres en lo laboral. El emprendimiento puede ser la clave, la clave para innovar en mercados que parecen agotados, pero ofrecen magníficas oportunidades de crear microeconomías con las que mantener a nuestras familias y conseguir aumentar las cuotas de calidad de vida de nuestra gente. Quizá plantearnos el estilo de vida sea una cuestión que tengamos que adoptar JUNTOS si queremos que todo vaya a mejor y no llegar de nuevo al punto de partida de todos los problemas que ahora padecemos.

No vamos de dejar a nadie atrás, que no quepa duda. La crisis económica de 2008 generó en España un alarmante incremento de las desigualdades que no se pudo corregir con la mejora de la situación económica en los últimos años. ¿La razón? El Gobierno del PP se inclinó por salvar al capital financiero y relegó a las personas y a los más débiles, lo que nos situó entre los países más desiguales de Europa. Pero cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se encaminaba a revertir esta realidad, lamentablemente la pandemia ocasionada por el Covid-19 amenaza con agravar mucho más la situación. Sin embargo, estoy convencido de que ahora nadie se va quedar atrás.

Este Gobierno ha anunciado que aprobará un ingreso mínimo vital transitorio para atender la emergencia social causada por el coronavirus, tras verificar que impulsar uno definitivo —como habíamos acordado el PSOE y UP al formar el Ejecutivo de coalición— requeriría un plazo de al menos tres meses. Se llamará Renta Social Extraordinaria, será provisional y podría oscilar entre 500 y 950€, aproximadamente, en función del número de personas que integren la unidad familiar. El ingreso mínimo vital asegurará a las personas un nivel básico de renta ante la crisis desatada por el coronavirus, y evitará que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección. Esta es nuestra forma de responder a este desafío, porque sentimos como propio el dolor ajeno.

Nosotros invertimos en los mayores, en los desprotegidos, en los excluidos y en la infancia. Sí, he dicho bien: invertimos. Tenemos que cambiar la mirada y dejar de considerar como un gasto la atención de las necesidades básicas de las personas, porque la ciudadanía es el capital más valioso que tiene nuestro país. No concibo que se considere como un gasto disponer de una sanidad pública robusta, una necesidad que estamos constatando en estas semanas, o una educación pública que forme integralmente a la personas y oriente capacidades hacia la investigación científica y la innovación.   

La lucha contra las dimensiones sanitaria, económica, laboral y social del coronavirus nos conmina a desplegar el estado del bienestar en toda su plenitud, como nunca antes se había visto. ¡Pues claro que no es un gasto público! Es una obligación del Estado articular una política de garantía de rentas ante situaciones de necesidad, reconocido en el artículo 41 de la Constitución. Y la situación actual es de una necesidad extrema y desconocida. La prevención solidaria de la exclusión social y la lucha contra la pobreza, para que no se quede nadie atrás, es lo único que nos define como seres humanos en este tiempo terrible de dolor y angustia que nos ha tocado vivir. 

Hablamos de la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado y agravada ahora por la pandemia, que pretende actuar como un amortiguador para situaciones de penuria económica, con carácter general, y como inversión en infancia, con carácter específico. Las y los socialistas no concebimos otra manera de fortalecer el estado del bienestar sin que contribuyan en mayor medida quienes más capacidad económica tienen. Por eso, que nadie se extrañe si decidimos reforzar la progresividad del sistema fiscal —yo prefiero llamarla solidaridad fiscal—, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios.

Respetar las normas, evitar contagios, salvar vidas y que no se quede nadie atrás, eso es hoy España. Creo que falta a la verdad quien diga otra cosa.

La bula política

Hoy que abandonamos la Semana Santa y justo cuando casi se ha cumplido un mes del inicio del decreto que nos obliga a permanecer en casa y que restringe nuestras libertades por el nada despreciable precio de salvar vidas humanas, me asaltan reflexiones y pensamientos en voz alta que ¿por qué no? Me gustaría compartir en estas líneas.

La bula, una antigua tradición católica, que marcaba diferencias entre unos católicos y otros para acceder al privilegio de comer carne en el viernes santo debe haber mutado de alguna forma, en esta situación excepcional, a algunos políticos locales.

Es curioso que aquellas mismas formaciones políticas que gobiernan en determinas instituciones pidan a la oposición responsabilidad y sumar esfuerzos en esta época mientras que en aquellas donde la ciudadanía (o la política de pactos) los ha colocado en la oposición, no aplican aquello que demandan.

Es bastante habitual para quienes paseamos por las redes en estos días para ocupar el tiempo, ver publicaciones de miembros del PP con duras críticas (seguramente muchas razonables) a la gestión socialista en Canarias o España o, por el contrario, ver a destacados socialistas pedir responsabilidad de Estado y sumar a los mismos.

Pero, más curioso aún, es ver a esos mismos que critican la acción de la izquierda pedir responsabilidad (esta no de Estado) para aquellas políticas de iniciativas que llevan a cabo en aquellos lugares en los que gobiernan, como es el caso de Arrecife. O, más curioso todavía, ver a dirigentes de uno y otro partido lanzarse a la yugular de las políticas de los alcaldes y concejales en el Gobierno.

DEBEN HABER PAGADO LA BULA, concluyó en mi reflexión. Deben ser ellos los pocos privilegiados que, en esta difícil situación, pueden decir una cosa y la contraria tan solo cambiándose la chaqueta.

Había distintos tipos de Bula y de distinto precio y eso mismo debe pasar aquí. Incluso he visto y oído a algunos pedir respeto a sus propuestas y decisiones para, acto seguido y en la misma intervención descalificar, por decirlo bonito, las de la oposición sin más argumento lógico que el de “no estamos dispuestos”.

Otra bula mutada ha sido la de promocionar (por aquellos partidos que piden no hacer política del Covid) las acciones de las instituciones desde los perfiles de sus organizaciones.

Ver a alcaldesas de derecha criticando a presidente de izquierda mientras piden responsabilidad a su oposición, concejales de izquierdas criticando acciones del gobierno de municipios nacionalistas a la vez que piden responsabilidad para sus compañeros de los distintos gobiernos o concejales de derecha criticando a la izquierda es, cuanto menos curioso. “Malempleaítas perras las de estas bulas” me lleva a pensar.

Bulas para unos y para otros pero, como con la tradición católica, yo me pregunto: ¿se deja de “pecar” por pagar para hacerlo?

Pero bueno, la Semana Santa ya pasó, la bula ya la disfrutó quien quiso y pudo pagarla y ahora espero que TODOS, unos y otros, se sumen a la responsabilidad.

Piensen en lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras responsabilidades para salir de esta, y abandonen la política de escaparate y críticas para hacer POLÍTICA de la de verdad, de la que se escribe con mayúsculas y soluciona los problemas de la gente.

Nosotros, mis compañeros y yo seguiremos en esa. Siendo responsables, tratando de aportar nuestro granito de arena para que esto pase y vigilando que las instituciones y sus representantes hagan lo que toca, HACER SU TRABAJO. Ya habrá tiempo para el análisis y la crítica si las cosas no se han hecho bien. AHORA TOCA AUNAR ESFUERZOS Y TRABAJAR PARA QUE LAS COSAS MEJOREN.

La pandemia que asola el planeta tiene a media humanidad confinada en sus casas y a buena parte de la actividad económica y empresarial con el freno de mano puesto. Todos los datos que vamos conociendo procedentes de los organismos internacionales vaticinan una gran recesión impuesta por la crisis sanitaria global que, probablemente, conllevará una brutal reconversión de la economía. Para esto ninguno estábamos preparados, así que se nos presenta por delante una tarea realmente extraordinaria.

Cuando pase la emergencia sanitaria, las personas y las empresas volveremos a la actividad poco a poco, pero la recuperación del empleo será lenta. No hace falta ser un experto para reconocer que la reconstrucción de la economía en Lanzarote y La Graciosa correrá paralela a la del conjunto de Canarias, y esta a la del Estado, y esta a la de Europa, y esta a la del mundo. Creo que nunca como hasta ahora la humanidad se había visto en la tesitura de afrontar junta y unida un problema de proporciones tan inmensas. Juntos y unidos, creo que esa es la clave.

En estos días, indagamos en lo más hondo de nuestro interior en busca de herramientas con las que afrontar esta situación, pero a poco que nos detengamos sabemos que no hay que darle muchas vueltas. Sabemos que hemos llevado al planeta al borde del colapso y que media humanidad está excluida de los niveles de bienestar que, en general, disfrutamos nosotros. Sabemos que se puede vivir con menos, que lo material no lo es todo y que hoy más que nunca la vida en común debe fundamentarse en valores como la justicia social, la igualdad o la solidaridad.

También sabemos que el neoliberalismo y sus políticas de recortes y austericidio no sirven para nada y solo causan dolor, que el sector público debe desempeñar un papel esencial no sólo en ámbitos como la sanidad, como estamos viendo, sino en otros muchos aspectos, como la educación o el cuidado de los mayores y los excluidos . El mundo que resurja tras la pandemia debe regirse por unas nuevas coordenadas, eso ya nadie lo pone en duda. También parece fuera de discusión que la tarea que tenemos por delante hemos afrontarla juntos y unidos, sobre la cooperación sincera y sobre consensos muy amplios.

Hacia futuro inmediato me pregunto, por ejemplo, ¿valdrá cualquier tipo de actividad económica sólo porque genere empleo aunque afecte a la vida o la salud de los seres humanos o a otros seres vivos del planeta? Creo que no. Pienso muy sinceramente que reconstruir la economía requiere al mismo tiempo enmendar la desigualdad social y detener y revertir el cataclismo ambiental, así sea en Lanzarote y La Graciosa, en Canarias, en España, en Europa o en el mundo. Por eso, en este escenario casi apocalíptico, recobra fuerza la propuesta de poner en marcha un Green New Deal con la que el PSOE se comprometió. 

La reconstrucción tras la pandemia nos exigirá combatir con determinación la crisis climática, al mismo tiempo que se mejora la vida y se protege a los sectores más desfavorecidos. Y eso pasa por una fiscalidad mucho más justa, aunque hará falta una descomunal inversión pública para descarbonizar la economía, instalar renovables a destajo y abrir nuevos horizontes para las empresas y el empleo. Pero también tenemos que darle una repensada a las ciudades, a la movilidad o al consumo, entre otras muchas cosas. Reconstruir la economía será un trabajo gigantesco, pero no menor será recomponernos como humanos. Pero, por ahora, toca respetar las normas, evitar contagios y salvar vidas.

La vida nos ha puesto ante una situación inédita en nuestro país y a escala planetaria, imposible de prever ni en la peor de las pesadillas. El Gobierno de coalición formado por el PSOE y UP afronta con determinación la emergencia sanitaria que nos asola apoyándose en el conocimiento científico, pero somos plenamente conscientes de que para doblegar la pandemia estamos transitando un camino desconocido hasta ahora. Por eso, porque no somos infalibles, con seguridad hemos cometido errores, y probablemente cometamos otros hasta someter el coronavirus.  

Después de varias semanas de confinamiento en nuestros hogares, empezamos a ver la luz al final del túnel, pero aún nos quedan por delante semanas muy duras, meses muy difíciles. Por esa razón, no es momento de reproches, sino de evitar el colapso de nuestra sanidad pública y de salvar vidas. Y, por supuesto, sobran por repugnantes las campañas de desprestigio y desgaste muñidas sobre la muerte y el dolor. Es el tiempo de proteger la salud y la vida de las personas, e ir pensando en cómo proteger la salud de nuestra economía. El desafío es de tal magnitud que sólo puede hacerse si estamos juntos, si lo abordamos unidos. 

La sociedad espera lo mejor de cada uno de nosotros. Creo que no me equivoco si digo que la población exige a los partidos políticos y a los representantes públicos que dejemos de lado los enfrentamientos para aunar los esfuerzos en defensa del interés general. Que, sin renunciar a la crítica, pospongamos durante este tiempo el legítimo ejercicio de la confrontación política, para arrimar el hombro todos a una con el fin de superar la pandemia y recuperar la economía, la actividad de las empresas y el empleo. Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades al Gobierno. Ahora toca todos a una. 

Green New Deal, Plan Marshall para la Europa del siglo XXI, reedición de los Pactos de la Moncloa… Pongámosle el nombre que queramos a la ingente tarea que nos queda por delante, a todas y a todos sin excepción, para que la actividad económica recobre la energía cuando todo esto pase. Pero, antes, habremos de sellar un pacto sólido y de largo recorrido por las empresas y el empleo, y, antes aún, tendremos que ser capaces de vencer, también juntos, al coronavirus.  

Este es un tiempo de lealtad institucional; no a Pedro Sánchez, ni al Gobierno de España, sino al país y a la ciudadanía. Es tiempo de desenterrar el verdadero sentido de Estado, una alta responsabilidad que atañe también a los agentes económicos y sociales y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora mismo estamos en el preciso momento en el que la historia saca su vara de medir para conocer la talla de cada cual. Estemos todos a la altura. Pienso que Gobierno lo está; espero y deseo que la oposición también. 

La crisis que está sufriendo prácticamente toda la humanidad y, particularmente nuestro país y Canarias por el Covid-19, no tiene parangón. A pesar de las sombras, que no son pocas, en la gestión estatal de la crisis sanitaria, lo cierto es que la impresiónate labor que se está llevando a cabo por nuestros Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, por todas esas personas que sostienen los servicios esenciales, es un rayo de esperanza para poder levantarnos con más fuerza y determinación.

Mi intención ahora no es tanto hacer balance sobre la batalla sanitaria que estamos librando sino reflexionar sobre el día después del Covid-19. Como responsables públicos tenemos la obligación y el deber de planificar y prepararnos para un escenario complejo a nivel económico.

En este sentido, estoy plenamente convencido de que si se adoptan las medidas necesarias, con cabeza y arrimando todos el hombro, al igual que ya hicieron nuestros mayores, vamos a salir reforzados.

Cierto es que nos vemos avocados a un escenario donde tendremos que renunciar a determinados objetivos o proyectos por cambio de prioridades. Sin duda tendremos menor capacidad recaudatoria porque es necesario rebajar la presión fiscal para favorecer la reactivación. Pero también es necesario apostar por impulsar la economía creando “efecto palanca”.

El objetivo es que cada inversión pública suponga un efecto multiplicador, se trata de inyectar liquidez en el circuito económico para que se genere economía.

No podemos caer en el dualismo empresa-trabajador como intereses antagónicos. El futuro de ambos está unido inexorablemente. Al igual que es necesario el rescate a los autónomos. Por ello las medidas a adoptar tienen que tener carácter transversal, reforzando tanto la atención social como facilitando la pervivencia de empresas para mantener el empleo existente.

Somos un Estado descentralizado y ello tiene su lógica. Por ello es necesario diseñar las medidas económicas en consonancia con los sectores implicados desde la proximidad de su conocimiento. No tiene sentido ninguno obligar por Decreto a las empresas turísticas a abrir antes de tiempo. Lo lógico sería flexibilizar dicha medida hasta la apertura del espacio aéreo al turismo. De lo contrario, y por ir en contra del sentido común, se puede poner en riesgo la viabilidad de gran parte del sector, que con medidas adaptadas a su realidad, facilitarían mejor su recuperación.

Y en cuanto a las inversiones también. Sabemos que debemos priorizar los proyectos u obras que tengan efecto en el empleo y generen economía o “efecto palanca”. Pero necesitamos mantener nuestra capacidad de decisión para poder atender mejor a aquellas actuaciones que por cercanía conocemos mejor. De ahí que muestre mi enérgico rechazo a retirar la importantísima herramienta a disposición de las entidades locales que supone la propia gestión de su superávit.

Acabo ya, simplemente recordando la importancia clave, ahora reconocida por todo el espectro ideológico de nuestro país, de la importancia que tuvo en su momento en la última crisis el plan de pago a proveedores. La situación ahora obliga a volver a innovar, y en eso estamos.