Para que nadie se quede atrás
No vamos de dejar a nadie atrás, que no quepa duda. La crisis económica de 2008 generó en España un alarmante incremento de las desigualdades que no se pudo corregir con la mejora de la situación económica en los últimos años. ¿La razón? El Gobierno del PP se inclinó por salvar al capital financiero y relegó a las personas y a los más débiles, lo que nos situó entre los países más desiguales de Europa. Pero cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se encaminaba a revertir esta realidad, lamentablemente la pandemia ocasionada por el Covid-19 amenaza con agravar mucho más la situación. Sin embargo, estoy convencido de que ahora nadie se va quedar atrás.
Este Gobierno ha anunciado que aprobará un ingreso mínimo vital transitorio para atender la emergencia social causada por el coronavirus, tras verificar que impulsar uno definitivo —como habíamos acordado el PSOE y UP al formar el Ejecutivo de coalición— requeriría un plazo de al menos tres meses. Se llamará Renta Social Extraordinaria, será provisional y podría oscilar entre 500 y 950€, aproximadamente, en función del número de personas que integren la unidad familiar. El ingreso mínimo vital asegurará a las personas un nivel básico de renta ante la crisis desatada por el coronavirus, y evitará que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección. Esta es nuestra forma de responder a este desafío, porque sentimos como propio el dolor ajeno.
Nosotros invertimos en los mayores, en los desprotegidos, en los excluidos y en la infancia. Sí, he dicho bien: invertimos. Tenemos que cambiar la mirada y dejar de considerar como un gasto la atención de las necesidades básicas de las personas, porque la ciudadanía es el capital más valioso que tiene nuestro país. No concibo que se considere como un gasto disponer de una sanidad pública robusta, una necesidad que estamos constatando en estas semanas, o una educación pública que forme integralmente a la personas y oriente capacidades hacia la investigación científica y la innovación.
La lucha contra las dimensiones sanitaria, económica, laboral y social del coronavirus nos conmina a desplegar el estado del bienestar en toda su plenitud, como nunca antes se había visto. ¡Pues claro que no es un gasto público! Es una obligación del Estado articular una política de garantía de rentas ante situaciones de necesidad, reconocido en el artículo 41 de la Constitución. Y la situación actual es de una necesidad extrema y desconocida. La prevención solidaria de la exclusión social y la lucha contra la pobreza, para que no se quede nadie atrás, es lo único que nos define como seres humanos en este tiempo terrible de dolor y angustia que nos ha tocado vivir.
Hablamos de la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado y agravada ahora por la pandemia, que pretende actuar como un amortiguador para situaciones de penuria económica, con carácter general, y como inversión en infancia, con carácter específico. Las y los socialistas no concebimos otra manera de fortalecer el estado del bienestar sin que contribuyan en mayor medida quienes más capacidad económica tienen. Por eso, que nadie se extrañe si decidimos reforzar la progresividad del sistema fiscal —yo prefiero llamarla solidaridad fiscal—, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios.
Respetar las normas, evitar contagios, salvar vidas y que no se quede nadie atrás, eso es hoy España. Creo que falta a la verdad quien diga otra cosa.