Opinión

No será por Manolos famosos. Los del “amigos para siempre” de Barcelona 92; el del carro me lo robaron, con apellido Escobar; o el malogrado Manolo Tena, del que canturreo con demasiada frecuencia su éxito “con la escalera y el trece, mejor no tientes a la suerte. Si alguien viste de amarillo… tocar madera.”

Me viene a la memoria cuando algo se tuerce, cuando algo sale mal. Tocar madera nos dice, y de no haberla, a darse toques en la cabeza, que nunca se sabe lo “amueblada” que puede estar.

Tal es su efecto positivo, que recomiendo al Gobierno de Teguise que recurra a ella, antes de anunciar una nueva obra, servicio o promesa. Seguro que ayuda a que las cosas cambien y la fortuna sonría.

Antes de anunciar un nuevo contrato para la mejora de los jardines del Municipio, tocar madera; si quieren rehabilitar tras un lustro y varios intentos el Paseo de Las Cucharas, tocar madera; o si del Teleclub de La Graciosa se trata, después de años de espera, sí, tocar madera, tananá tananá.

Porque lo de rezar, mejor dejarlo para cuestiones más personales, por respeto y hacerle un favor a la divinidad, por mucho que suene la campana de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Quién sabe si recordando a Tena, no hubieran evitado, por ejemplo, el último contratiempo en la rehabilitación de la morada de los piratas en el Castillo de Santa Bárbara, allá en el volcán de Guanapay. Unas obras suspendidas desde hace ocho meses.

Mira que mostramos nuestra preocupación como principal partido de la oposición en Teguise, en un tono razonable, sin alarmismos, pero conscientes de que son más de 600.000 euros los que financia el Ministerio de Fomento con cargo al Programa 1,5 % cultural.

Mira que cuando se reactive el turismo necesitamos que estén abiertas las puertas de uno de los principales atractivos de la Real e ilustrísima señorial Villa de Teguise, como siempre me recuerda un apasionado de nuestro patrimonio histórico y Municipio.

Y por todo ello preguntamos en pleno hace meses. Y como ocho meses de suspensión de las obras son muchos, más aún con los precedentes a los que nos tiene acostumbrado el actual gobierno de Teguise, una comparecencia instamos, de la que una nueva estrofa surgió para el tema de Tena: “Hay una diferencia en el mortero, parece que están subsanadas. Estamos esperando a que llegue ese mortero, que llega en estos días”.

Pues de momento nada de nada, y ya vamos por ocho meses de parálisis, las obras sin arrancar, el andamiaje a la intemperie y la mala suerte que continúa en Teguise con las obras, servicios o promesas varias.

Mientras tanto, vuelve a sonar una vez más en Teguise “si se cruza un gato negro… si pasas bajo la escalera…Tocar madera…”, ¿o tocar mortero era?

Años atrás, allá en el siglo XX, existía un partido político en España denominado socialista, con unas siglas P.S.O.E., cuyos afiliados y simpatizantes decían luchar por la igualdad, por la clase trabajadora y otro sin fin de cosas que sonaban bien, agradables a nivel timpánico. Hasta que un día, muchos años después, uno de sus afiliados y cargo orgánico decidió tomar los mandos de esa nave y la fue vaciando de toda aquella ideología embrionaria hasta hacerse con un poder absoluto sobre las cuatro siglas.

Parecía él, tener un fin único, personal, que era dormir en el colchón presidencial de La Moncloa, para lo cual llegaría a acuerdos con quien fuera, como fuera y donde fuera. Mientras, los socialistas de génesis callados.

El precio de ese colchón era infinito, tal incalculable su valor que esa persona permitió pisotear uno de los mayores bienes de la sociedad que presidía: la Educación. Para roncar en el colchón necesitaba la ayuda de socios que ninguna intención de continuar con el sistema constitucional establecido del país tenían. Independentistas catalanes y vascos, junto a una extrema izquierda altanera le pidieron, a cambio de horas en el colchón, una nueva ley educativa, sabiendo que por la educación se comienza una sociedad futura, que desde las aulas se cercena la capacidad crítica del alumnado. Y así crearon la LOMLOE, denominada coloquialmente Ley Celaá.

Con ella dictaminaron que el idioma, la lengua, que unía a todo el país ya no fuera vehicular, un idioma que es el segundo más hablado del mundo, atentando contra el artículo tercero de la Constitución de esa nación, una ley que crearon sin consenso, sin las familias, sin el profesorado.

Fueron capaces de volver a las cavernas democráticas para su desarrollo ya que desde 1874 ninguna ley educativa, ninguna, se había aprobado hasta ese día sin debate. Y los socialistas de génesis callados. Crearon, por un colchón, una ley que violaba los derechos de los ciudadanos, y esto no es ir de ideologías, va de democracia. Mientras, los socialistas de génesis callados.

Este ataque a la libertad que obligará a cambios de centros al alumnado por “ordeno y mando”, priva a las familias a su legítima elección de centro educativo, y ya se sabe que, la educación sin libertad suele caer en la manipulación y en el pensamiento único, quizás algo que la extrema izquierda conoce bien.

Los independentistas catalanes y vascos que son los que permiten que ese mullido catre, con el mejor de los tapizados colchoneros, sea ocupado por el dueño de las siglas PSOE, saben que, con la nueva ley educativa se da legitimidad a una realidad que existe en las autonomías con segunda lengua y que relegará el castellano a simple asignatura de dos horas semanales a pesar de que la Constitución establece que todas las lenguas cooficiales son vehiculares.

Y mientras todo ocurre, los socialistas de génesis callados. Pero el espíritu torticero de la ley nueva lleva a tocar los centros de educación especial, a los alumnos más frágiles, cuando saben que los niños que necesitan ese tipo de atención no la van a poder recibir en centros ordinarios porque éstos no tienen recursos, profesorado, ni formación suficiente como para implementarla. Y el socialismo de génesis callado.

Quizás el precio aún, todavía, no era el adecuado a cobrar para poder reposar tranquilo en los muelles de La Moncloa, por lo que también decidieron, los creadores de esta nueva ley, que para ser inspector educativo ya no había que pasar oposiciones. Las CCAA tendrían el poder de designar a las personas que consideraran más adecuadas, en base a los criterios que Uds ya se pueden imaginar.

Y los socialistas de génesis callados. Sólo cabe esperar ante este atropello a las libertades y a la democracia que un día el colchón le diga a su usuario: “Había una vez, pero ya no”.

David Mayor

Justo cuando Canarias más necesita del auxilio del Estado y cuando más requiere de unos gobiernos autonómico e insular que sean capaces de exigirlo, la sumisión del «Pacto de las Flores» a Sánchez, y de las alianzas PSOE-PP en muchos de los gobiernos insulares —sin más proyecto para Canarias y cada una de sus islas que arrinconar a Coalición Canaria y a sus respectivos liderazgos— resulta que las tres administraciones nos han llevado a unas cotas de ninguneo y desprecio a Canarias y Lanzarote solo equiparable al dispensado hace siglos por la metrópoli a sus colonias.

Si timorata ha sido la respuesta del presidente Ángel Víctor Torres al atropello que supone el borrador de Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, qué decir del consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, cuando afirma en sede parlamentaria que “no hay ningún precepto estatutario que cumplir en la Ley de Presupuestos del Estado”. Coalición Canaria lideró una larga y dura batalla para anclar nuestro REF en el Estatuto y que por tanto fuera reconocido como un derecho constitucional el que Canarias tuviera una inversión por habitante no inferior a la media nacional, pero ha vuelto a ocurrir: 168 frente 258, un 35% menos. Si nuestro presidente no defiende al archipiélago por no incomodar a Sánchez; si hasta Nueva Canarias nos deja más vendidos que a la vieja Canarias, la colonial; si Loly Corujo solo está para usar el Covid como pretexto a todo y si Ástrid Pérez no da más que para conservar su sillón, esta vez sí es real la amenaza de un verdadero problema de Estado cuando el hambre y la miseria asolen a Canarias asfixiada por los ERTES convertidos en EREs y, finalmente, en un galopante paro que llegará al 50% en Canarias y no quiero ni pensar a cuánto en Lanzarote.

Mientras aquí Loly Corujo y Astrid Pérez, máximas responsables insulares del PSOE-PP, gobiernan la isla y su capital desde sus personales intereses políticos a golpe de pura propaganda sobre su magnífica gestión sanitaria, sin competencia alguna en Sanidad, y un bombardeo permanente de vacuas notas prensa que no articulan una sola ayuda excepcional a ningún sector como hacen sus homólogos en otras islas, capitales, incluso municipios, como si la gravedad de la situación no fuera con ellas.

Estos presupuestos del Estado colocan a Canarias en la cola del país en inversión media por habitante, incumpliendo como siempre el REF y ahora también nuestro Estatuto de Autonomía. El trato es aun peor que el dispensando antes de la pandemia, a pesar de que Canarias es de los territorios más afectados del Estado, y si nadie lo remedia tendrá devastadoras y dramáticas consecuencias para nuestra economía y para miles de canarios que se verán abocados al paro y la pobreza extrema.

Unos presupuestos que no respetan el fuero canario, y que a pesar de incorporar la primera anualidad del Plan de Reconstrucción Europeo, éste prácticamente no alcanza a Canarias y menos a Lanzarote, porque los trenes quizá en las islas capitalinas den trabajo, pero comerse no se comen, ni aquí ni allí. Unos presupuestos en los que en lugar de suplementar los planes contra la pobreza preexistentes a la pandemia, elimina justamente ahora el que ya había sin ella y venía prorrogándose desde 2018. Un presupuesto en el que desaparecen los planes de infraestructuras turísticas, hidráulicas, el PIEC vinculado a la infraestructuras educativas y en el que, salvo en los puertos y aeropuertos donde el Estado saca rédito económico, en realidad es Canarias la que desaparece de la agenda política del ejecutivo central, más preocupado por contentar a los partidos que mantienen a Sánchez al frente del Gobierno del Estado al que quieren romper, que por estar a la altura de la enorme responsabilidad que debería tener con todos los territorios que lo conforman.

A todo esto se suman humillantes ejemplos del trato neocolonial al que me refiero, como la nefasta gestión de la grave crisis inmigratoria, en la que no profundizaré porque ríos de tinta acreditan el desprecio del ministro del ramo, sin que ni Torres, ni Corujo, ni Pérez, exijan las respuestas inmediatas que competen al Estado, o la oportunidad ya perdida de habernos configurado como el mejor refugio europeo para un turismo seguro, cuando teníamos un escenario sanitario tan favorable y pudimos haber controlado una situación en que la lógica y el sentido común indican que había que hacerlo en los puertos y aeropuertos al tratarse de islas; tal y como han autorizado y hecho los gobiernos de Portugal e Italia en Madeira, Azores, Cerdeña o Sicilia, sin necesidad de ninguna autorización europea, que es el pretexto de Sánchez para no ejecutar la medida, de nuevo con el silencio cómplice de Loly Corujo y Ástrid Pérez en Lanzarote, y un parche diseñado por el Gobierno de Canarias. Todo por no agraviar a otras comunidades, como si España tuviera otros archipiélagos que no fueran Canarias y Baleares, o sea, café para todos si se trata del Covid, pero cuando se trata de presupuestos, capuchino para unos y borras de café para otros.

María Dolores Corujo y Ástrid Pérez, artífices del pacto insular y capitalino, ¡pónganse de una vez a trabajar! por los habitantes de Lanzarote y su decrépita capital que se van al garete y rumbo a un paro superior al 50%, una por no incomodar a Sánchez y la otra por no arriesgar su sillón.

Claro que lamentarnos no soluciona nada, ni en Coalición Canaria tenemos soluciones mágicas, pero éstas no llegarán si seguimos de brazos caídos mirando a otro lado. Unas pasan por exigir al Estado que asuma de una vez su responsabilidad con la inmigración, otras protegiendo a Canarias de la pandemia donde tienen que hacerlo que es en las puertas de entrada a nuestro territorio. En cuanto a los planes para la reconstrucción de Canarias que no llegarán con este presupuesto estatal, pidiendo a los diputados canarios de todas las fuerzas políticas que exijan con la contundencia que la gravedad de la situación requiere, respeto a nuestro derechos legalmente reconocidos en nuestro REF y nuestro Estatuto de Autonomía, como hará Coalición Canaria presentando una enmienda a la totalidad.

Lamentablemente, transcurrido apenas un año del «Pacto de las Flores» y los antagónicos PSOE-PP insulares, se ha demostrado lo vital que sigue siendo para Canarias y las islas la presencia en sus gobiernos de una fuerza de obediencia netamente canaria, porque el resultado ha sido el de una colonia sumida y sometida, unos por ser del mismo color político que el presidente de la nación (PSOE), y otros por conservar el cargo (NC y PP insulares).

Como último apunte, al senador socialista por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, quien recientemente titulaba un artículo como “Responsabilidad Canaria“, simplemente decirle que mejor habría sido “Responsabilidad con Canarias“.

*Pedro M. San Ginés Gutiérrez es portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Lanzarote

Canarias se ha quedado fuera del toque de queda impuesto en el país entre las 23:00 y las 06:00 horas, y, con ellas, las dos islas que me honro en representar en el Senado: Lanzarote y La Graciosa. Pero eso no es todo. Alemania y Reino Unido han levantado la recomendación de no viajar al Archipiélago canario debido a la pandemia de la COVID-19. Así que tenemos, por un lado, que Canarias es una excepción al nuevo estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros, y, por otro, la reapertura al turismo de los dos principales mercados emisores hacia las Islas.

Qué afortunados los canarios, dirán unos, mientras otros se preguntarán dónde está el misterio. ¿Suerte? ¿Seguro de sol? ¿Vivimos en una hora menos? ¿Dieta a base de plátano, mojo y papas arrugadas? Nuestra única certeza es que los datos epidemiológicos en nuestro Archipiélago son mejores, de momento, a los que registran otras comunidades autónomas. Por esa razón nos hemos ganado la confianza, por ahora, de los gobiernos español, británico y alemán, lo cual nos permite encarar con esperanza el resto del otoño y el invierno en materia turística, que es lo que da de comer a la mayoría de los canarios.  

¿El clima, quizá? ¿Acaso el hecho insular y la lejanía de la España continental? ¿A lo mejor el gran Benito Pérez Galdós nos guarda en su centenario? Con seguridad, muchos factores explican que las Islas Canarias se encuentren, de momento, en una situación distinta a la mayor parte del país, y uno de ellos es un Gobierno regional de progreso liderado por el socialista Ángel Víctor Torres. ¿La receta? Serenidad, prudencia, sensatez, unidad, diálogo, consenso, transparencia, la salud pública por delante de la economía para que esta pueda reactivarse con garantías, lealtad institucional, información veraz…

Con estos ingredientes, resulta de lo más normal que los agentes sociales y económicos representativos en Canarias —sindicatos como UGT y CCOO y patronales como CEOE y CCE— y los cabildos insulares hayan respaldado el  decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control anti-COVID de los turistas que lleguen a las Islas, ya sean extranjeros o nacionales. El objetivo es conseguir que los turistas se alojen con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19.

Por lo tanto, una parte de nuestro secreto, momentáneo, reside en la responsabilidad canaria, el todos a una que encabezan las instituciones y representantes públicos, así como las organizaciones civiles de todo tipo, siguiendo por el personal sanitario, los rastreadores y el conjunto de la población. Pero, en medio, hay multitud de iniciativas ejemplares que no es posible enumerar aquí, pero entre las que se encuentra el Equipo de Prevención Covid-19 del Cabildo de Lanzarote. Más de 50 informadores públicos están recorriendo todos los municipios de Lanzarote y La Graciosa, para concienciar a la ciudadanía sobre las principales medidas de seguridad que nos protegen del coronavirus.

Al embridar, de momento, la pandemia también ha sido posible programar la recuperación mediante el diseño del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias —Plan Reactiva Canarias—, que ha sido aprobado por el Parlamento autónomo sin ningún voto en contra, con el apoyo de dos partidos de la oposición y la abstención del tercero, el PP. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero de lo que no cabe duda es que este es el camino de la responsabilidad canaria: juntos y unidos.

De la moción de censura presentada por el partido de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados hay dos certezas. La primera es que se debatirá los días 21 y 22 de octubre, miércoles y jueves, y la segunda es que va a fracasar. Por lo tanto, vamos a presenciar el pulso que la ultraderecha le propone a los populares para ver quién obtiene el título informal de líder de la oposición, si Pablo Casado virado hacia su derecha o  Santiago Abascal arrebatándole apoyos y votos al Partido Popular. A esto obedece todo, a la reducción del Congreso de los Diputados a un plató de televisión para ver quién es más que quién en el espacio de la derecha extrema.

Esta moción de censura no se presenta contra el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, ni contra los partidos que, de una u otra manera, le dan su respaldo en el Congreso de los Diputados. Esta moción de censura se presenta contra el Partido Popular, que corre el riesgo quedar arrinconada durante años por el mote de derechita cobarde, o bien puede aprovechar esta oportunidad para alejarse del extremismo de tintes fascistas y resituarse en el espacio de centro-derecha homologado en la Unión Europea. Esto es lo que muchos deseamos para no darle alas a los fantasmas del pasado.

Me consta que los contrastados demócratas que hay en el Partido Popular —porque los hay, por si alguien lo pone en duda— están asistiendo, con honda preocupación, tanto a la deriva que se aprecia en la dirección del partido cuanto al desconcierto que les está ocasionando la ofensiva desacomplejada de los nostálgicos herederos de la dictadura franquista. La dirección de los populares se ha inclinado hasta ahora por cubrir su flanco derecho olvidándose del otro, el que lo acerca al centro político, circunstancia que está aprovechando Ciudadanos, como parecen constatar las encuestas.  

Lo que está claro es que la dirección del Partido Popular tiene que tomar una decisión. Según parece, no votará a favor de la moción de censura, pero ese gesto no es suficiente. ¿Votará en contra o se abstendrá? No es lo mismo un cosa que la otra, porque está en juego mucho más que un simple gesto político. ¿Quizá una tibia abstención para no correr el riesgo de que, votando en contra, se produzcan indisciplinadas fugas de votos en los escaños populares? No es indiferente, ya que los conservadores europeos observan al Partido Popular, sobre todo la canciller Angela Merkel, quien ha dado sobradas muestras de lo que hay que hacer con los nazis y los fascistas: aislarlos políticamente y perseguirlos penalmente.

Así que este es un buen momento para que regrese el Partido Popular de vocación europeísta y comprometido con la libertad, la igualdad de oportunidades, el progreso económico y el pluralismo político; el retorno de la formación que se autodefine como un partido de centro reformista y que, desde la moderación, trabaja por la España del encuentro, del diálogo y del consenso; la vuelta de la casa común donde conviven las familias conservadoras, liberales y democristianas de la política española, y que aglutina y refleja las ideologías más representativas del centro-derecha español.

Este es un buen momento para romper amarras con las veleidades que les propone Vox.

“El ARMA DE FUEGO EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LA ESPAÑA SIGLO XXI” La evolución de las relaciones sociales de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependientes del Estado, de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales e incluso de los vigilantes de seguridad privada con los ciudadanos, en la actualidad colocan sobre la mesa de la sociedad española, de sus administraciones y de los profesionales, la necesidad de considerar el análisis del conocimiento sobre la actual situación del gasto público en armamento policial, las consecuencias derivadas de su errónea utilización y los accidentes graves o mortales, que pudieran ser ocasionados de forma involuntaria. El análisis de los diferentes aspectos que se hace necesario revisar como matriz, encuentra en su base, la normativa que la recoge y como debe ser actualizada.

La necesidad real de portar o no portar armas de fuego, se convierte en uno de los ejes que la motivan. Así como lograr evitar el enorme, innecesario y descomunal gasto público en armas de fuego que realiza el Estado español, sus Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, y como también las numerosas empresas de Seguridad privada que son contratadas por las diferentes administraciones públicas, dice mucho sobre el MODELO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL, y de cómo, este MODELO POLICIAL, sus funciones y sus protocolos de actuación deben evolucionar, ser revisados y redefinirse, en lo que pasaría a ser un Modelo Moderno Preventivo Social y Educativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adaptado a las necesidades y demandas constantes de la sociedad española del siglo XXI. La normativa que “OBLIGA A LOS POLICÍAS DE TODA ESPAÑA A PORTAR O LLEVAR ARMA DE FUEGO DATA DEL AÑO 1986”, recogida en la Ley Orgánica de 13 de marzo del mismo año, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El debate sobre la actualización de la legislación y normativa se hace necesaria dado que la controversia y discusión, se genera al observar cómo el Estado español, se considera Moderno, con carácter Preventivo, Educativo, Social y de Reinserción, por lo que los aspectos que teóricamente se potencian o buscan, son la cercanía, la empatía, cordialidad, entre Policía y Ciudadano, así como los sistemas de CONCILIACIÓN y MEDIACIÓN, se convierten en claves de la funcionalidad de todos y cada uno de sus miembros. El marco normativo actual, propone una policía preventiva, social y educativa, alejándose del carácter represivo, donde las numerosas y variadas normas vigentes y concordantes en materia de Seguridad Pública se enfrentan y contraponen, con la necesidad o viabilidad de llevar o portar arma de fuego de forma obligatoria y con carácter general en todo el territorio español y todo y cada uno de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Otro eje en la revisión de la normativa y su actualización debe situarse en el estudio y valoración real de las situaciones y necesidades de llevar o portar arma de fuego, en determinadas unidades policiales, servicios, zonas o sectores, barrios o zonas de las ciudades con carácter excepcional, evitando de esta forma el porte con carácter general como fija la actual Ley Orgánica de 13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El debate sobre este concepto de la obligatoriedad, su necesidad y los valores y objetivos que se transmiten con el porte armas, podría suponer que un altísimo porcentaje de Policías y/o vigilantes privados, al no portar arma de fuego, se lograría una mayor integración de la policía en la sociedad. El resultado de la modificación de este concepto puede suponer al mismo tiempo, un ahorro importantísimo en material armamentístico y por ende la posibilidad de dedicar esas partidas presupuestarias para líneas de intervención preventivas u otras dotaciones. Asimismo, evitaría numerosos accidentes o muertes por armas de fuego. Cuestión que debería ser revisada también, no sólo por las implicaciones psicosociales que representa, sino por lograr ser garantes de preservar y mantener los aspectos de Prevención de Riesgos Laborales en los Cuerpos policiales y de Seguridad. Con todo ello, sería de gran importancia y trascendencia dar traslado a la opinión pública y política, al objeto de valorar y estudiar profundamente la necesidad de, primero cambiar, mejorar, actualizar y/o refundir, la Ley orgánica citada del año 1986, segundo el evitar riesgos personales, profesionales y tercero contradecir el espíritu de las actuales leyes que nos marcan la guía y parámetros de lo que queremos de un policía y de nuestra Sociedad. Como conclusión final se debe valorar y plantear desde el punto de vista Gubernamental y Político, si realmente es necesario que cada policía lleve o porte arma de fuego, o por el contrario, se debe regular y concretar en qué circunstancias y servicios, sectores o zonas poblacionales se hacen necesarias de forma justificada, lo que supone un menor riesgo personal y profesional, evita un choque frontal con las normativas del propio País, y un gasto público desorbitado.

En nuestro país, en estos momentos mueren personas debido a la pandemia, se resiente el sistema público de salud, infinidad de familias no tienen para comer ni pueden pagar sus alquileres o sus hipotecas, las expectativas de futuro de la juventud son muy sombrías y la crisis económica y social provocada por la COVID-19 se ha extendido por todos los rincones. Pero, en lugar de afrontar esta gravísima encrucijada en la que nos encontramos para ponerle remedio, hay quien pretende espantarla profiriendo vivas al Rey y tapándose con la bandera de España, recurriendo a una suerte de conjuro mágico propio de pasados siglos de oscuridad.

Lo que denotan estas actitudes es que una parte de la sociedad española permanece demasiado apegada al pasado y a sus privilegios. Se resisten a reconocer la existencia de problemas reales que afectan a amplias mayorías y a aceptar que los tiempos cambian y, con ellos, las ideas y los anhelos de la población. Niegan los problemas y se apropian indebidamente de algunos símbolos de nuestra democracia, como la Corona, la bandera y, de último, hasta el constitucionalismo… Pero, no nos dejemos embaucar, ya que, con este relato, la derecha extrema y la ultraderecha sólo buscan encubrir su fracaso electoral mediante una confrontación que, a veces, adquiere preocupantes tintes guerra-civilistas.

Una de las bondades de nuestra democracia es que permite la convivencia de monárquicos y republicanos, de personas de derechas e izquierdas. Por tanto, no hay españoles buenos ni españoles malos por preferir una u otra forma de Estado, por proclamar vivas al Rey o a la República, por ser de izquierdas o derechas. Los buenos y malos españoles no se identifican por sus ideas políticas, sino por cumplir o no con sus deberes cívicos y democráticos, como pagar sus impuestos o respetar escrupulosamente a las instituciones del Estado, como el Parlamento, la justicia o el resultado de los procesos electorales como expresión de la soberana voluntad popular.

Ahora bien, la Constitución Española no cayó del cielo ni es inamovible. Es una obra humana fruto de un gran acuerdo entre ‘las dos Españas’ que perseguía superar las graves heridas ocasionadas por el golpe de estado perpetrado en 1936, y que provocó una guerra civil y 40 años de dictadura franquista. Como toda creación humana, la Constitución Española es perfectible y responde a un momento histórico concreto, es mejorable y deberá adaptarse a la evolución y a las demandas mayoritarias de nuestra sociedad.

Aunque nace con vocación de permanencia en su redacción original, la propia Carta Magna prevé su modificación mediante mecanismos simples o mayorías muy cualificadas, según el alcance de la modificación y los textos afectados. Así que no hay que rasgarse las vestiduras si alguien propone cambios, porque expresar libremente las ideas y confrontarlas forma parte de la esencia de la convivencia democrática. En tales situaciones, de algunos sectores sociales cabe esperar algo más que ponerse a gritar viva el Rey con la bandera detrás, usurpando la Corona, el Rey, la bandera y la Jefatura del Estado al resto de los españoles.

A pesar de todo, el debate no consiste en estar a favor o en contra de proferir vivas al Rey y envolverse más y mejor en la bandera española, puesto que lo que subyace de fondo es un viejo tic autoritario que aspira a someter a la democracia y a los verdaderos demócratas. Esto sí que es alarmante, como lo es también la deriva hacia la derecha extrema de la dirección del PP o la desequilibrada estrategia de enfrentamiento del PP madrileño con el resto de los españoles. Profundizar en la convivencia democrática pasa hoy por saber perder unas elecciones, dejar de recurrir a la dialéctica de la lata de gasolina, aprender a ejercer una oposición responsable y comportarse con lealtad con las instituciones. Con todas las instituciones.

Artículo de Opinión

Migdalia Machín Tavío.  Secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote

La inmigración irregular en Canarias es una cuestión que está sobrepasando tanto al Gobierno del Estado como al Ejecutivo autonómico y a las instituciones que componen la administración canaria. La migración es algo que ha acontecido en todos los tiempos de la sociedad humana y, a lo largo de la historia, podemos estudiar los distintos flujos migratorios. Las personas que utilizan la inmigración irregular lo hacen por buscar una oportunidad; no resignarse y luchar por conseguir una vida mejor es algo propio de la condición humana.

Hace unas semanas hacía seguimiento en números de los inmigrantes que han llegado a Canarias por vía marítima del 1 de enero al 30 de septiembre 2020 comparados con el mismo período de 2019.  Los datos son desoladores: en el año 2019 llegaron a nuestras costas 978 personas en 69 embarcaciones; en 2020 han llegado 6.081 personas en 225 embarcaciones (sin contar las últimas pateras llegadas la semana pasada).

Detrás de la inmigración irregular se esconde la desesperación, la esperanza de una vida mejor y lo miserable de la raza humana que se aprovecha de la necesidad para sacar provecho económico, que es lo que hacen las mafias con el traslado de personas, siendo conscientes que muchos pueden perecer en el mar.

Una vez más, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote no se posicionan de manera contundente frente el Gobierno del Estado. Todo lo contrario, muestran una actitud afable sin reivindicación convincente y, mientras tanto, sufrimos la inacción de no defendernos ante el Gobierno central, no por una cuestión de sensatez política sino por una cuestión partidista.

Esto les sucede a los partidos de corte estatal que mantienen una línea política homogénea sin entender la propia heterogeneidad de Estado español. Canarias necesita ayuda, no puede afrontar la inmigración irregular de forma unilateral pero mientras sigamos teniendo una actitud sumisa ante el Gobierno del Estado, quien no tiene una hoja de ruta marcada de cómo afrontar esta situación en el Archipiélago.

Después de cancelar su visita por su apretada agenda (nótese la ironía), el ministro socialista de Migraciones, José Luis Escrivá, hizo su aparición la semana pasada en las islas y a nadie se le esconde que el encuentro dio para muchos titulares, no sólo por la cantidad de pateras llegadas sino también por el encontronazo con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, también del PSOE.

Aquí, en Lanzarote, seguimos esperando, nos preguntamos por qué siendo una de las islas donde más pateras arriban, el ministro no nos incluyó en su visita a Canarias, como sí hizo con Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Más aún cuando en el mismo momento de su gira por Canarias, a nuestra isla llegaron cinco embarcaciones en un solo día. ¡Lamentable!

Me sigue sorprendiendo la actitud obediente y servilista de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Mª Dolores Corujo, también del PSOE. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, no alza la voz y, ni siquiera en un momento tan crítico con la llegada de cinco pateras y con el ministro en Canarias ha reaccionado para defendernos.

Así que está claro que no podemos esperar de ella más de lo que está haciendo, que es reubicar a los inmigrantes irregulares en naves y en los establecimientos hoteleros, como puede y sin levantar la voz, cuando es algo que no compete ni es responsabilidad del Cabildo de Lanzarote y, mucho menos aún cuando se hace para cubrir la dejadez e incompetencia del Gobierno del Estado.

Además, si leemos entre líneas, lo que es evidente es que el PSOE de Lanzarote tiene escaso peso en el Gobierno de Canarias porque con el repunte que ha habido en la llegada de pateras, no se nos ha tenido en cuenta a la hora de organizar la visita del ministro. Por lo tanto, Lanzarote esta doblemente olvidada: por el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado.

La sociedad vive momentos muy complicados la situación del Covid-19 unido a  la dificultad económica es un contexto complejo para todos. Lo que necesitamos ahora mismo son instituciones con líderes  fuertes que generen confianza, que nos indiquen cuál es el plan a seguir que debe pasar, evidentemente, entre otras cuestiones, por reivindicar el traslado de los inmigrantes de Canarias hacia la Península, el funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE); el refuerzo del FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el uso de la vía diplomática a través de la distintas instituciones para implementar de políticas de desarrollo en los países de origen.

• El senador exige a la ministra de Hacienda que transfiera a las islas los recursos necesarios para financiar el Plan Reactiva Canarias

• Chinea insiste en la importancia de la implicación del Estado para que el plan sea viable y cuente con los recursos “para acometer la titánica tarea de rescatar de una profunda crisis al territorio que más va a sufrir las consecuencias de la pandemia”

Madrid, a 6 de octubre de 2020. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hoy al senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, que el Gobierno del Estado inyectará a Canarias durante el año 2020 la mayor cuantía de recursos de su historia, en torno a 4.800 millones de euros. Así lo señaló la titular de Hacienda al senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta.

Montero indicó a Chinea que el Gobierno del Estado estará junto al de Canarias en el impulso del “Plan Reactiva Canarias”, que cuenta con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, los sindicatos y las patronales empresariales. Una iniciativa con la que se pretende reactivar el sistema productivo y recuperar el empleo perdido por la pandemia del coronavirus.

Chinea señaló, durante su intervención, que “ese plan cuenta con una ficha financiera en la que el Estado debe desempeñar un papel importante si queremos que sea viable y disponga de los recursos imprescindibles para acometer la titánica tarea de rescatar de una profunda crisis al territorio que más va a sufrir las consecuencias de la pandemia”.

El senador de ASG recordó a la ministra de Hacienda que “la crisis no afecta a todas las comunidades autónomas por igual. Existen unas más castigadas que otras. Y existen territorios que van a sufrir lo indecible para reactivar su economía. Entre ellos, se encuentra Canarias por motivos más que obvios. La Comunidad Autónoma ha hecho sus deberes. Contamos con un diagnóstico sobre la situación actual y ha consensuado las líneas estratégicas que se deben impulsar para contener las consecuencias de un tsunami cuyos efectos serán devastadores. Pero necesitamos el dinero para financiar dichos proyectos”.

Chinea añadió que “además de la financiación extraordinaria del Gobierno del Estado y de los fondos de la Unión Europea, Canarias debe contar, sí o sí, con los ingresos que nos pertenecen por derecho. Me refiero a los más de 500 millones de euros de la sentencia de carreteras o aquellos que nos corresponden por nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) y nuestro Estatuto de Autonomía.

“Le he escuchado decir”, agregó, “que esta crisis no entiende de fronteras ni tampoco de territorios. Y evidentemente es así. Sin embargo, coincidirá conmigo en que las recetas ni las soluciones pueden ser iguales para todos. No todos tenemos los mismos problemas ni las mismas capacidades para afrontar sus efectos. Y, desgraciadamente, como sucede en cualquiera de ellas, son los territorios más débiles los que más sufren y a los que más les cuesta recuperarse”.

Chinea subrayó que “no pretendemos que el Gobierno conceda a Canarias un tratamiento privilegiado frente a otros territorios que también están sufriendo las consecuencias de este drama. Solo le pido que respete nuestros derechos y que nos garantice los recursos que nos corresponden y que le exige el Gobierno de Canarias, junto a los representantes de toda la sociedad de nuestro archipiélago”

“Y pedimos certezas, compromisos concretos y que seamos capaces de pasar de las palabras a los hechos para que el Plan Reactiva Canarias cuente con la financiación imprescindible para que sirva como escudo social y económico para proteger a los más vulnerables, reactivar el sistema productivo e impulsar la creación de empleo”, concluyó.

En los tiempos que corren parece que ya poco importan las formas y la formalidad, y en política hemos pasado al despiporre y al ruido casi sin darnos cuenta. Es momento éste donde se imponen los titulares, las prisas y los mensajes de 140 caracteres por encima de cualquier deseo de profundizar en los hechos o de simplemente disfrutar del placer que otorga romper el envoltorio para ver y estudiar el fondo.

Quizás es por eso por lo que me da la sensación que el tema de Echedey Eugenio y su compatibilidad, o incompatibilidad, está pasando sin pena ni gloria. Eso, por no ser mal pensado y creer que Eugenio ha mandado a sus legiones a que asalten las redes para, escondiéndose en perfiles de dudosa identidad, congratularse de la buena nueva de su nombramiento docente y de que al mismo tiempo pueda seguir acaparando el protagonismo político a costa del trabajo a pie de calle de sus compañeros.

Pero la realidad se impone. Y es que según parece, el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Arrecife se ha olvidado de tramitar un “papelito” que no es otra cosa que la que debe ser su solicitud de compatibilidad para desempeñar su labor como concejal portavoz y su flamante y recién estrenada plaza como enseñante en el CIFP Zonzamas. Un trámite que deben cumplir, según la normativa, todos aquellos que tienen desempeño de labor pública. Todos menos Echedey Eugenio que, al parecer, también debe ser otro de los que mejor se peinan y de los que mejor manejan los resortes del poder.

Nadie cuestiona el derecho de Echedey a buscarse las castañas como cualquier hijo de vecino, que tenga capacidad suficiente para ejercer eficientemente ambas tareas o que cobre dos sueldos si realmente se los trabaja, cosa que no dudo.

No se trata de eso, aunque también llegado el caso sus propios compañeros podrían cuestionárselo al ver cómo se lleva el sueldo limpito como liberado. Hablamos de hacer las cosas bien, legalmente, y siguiendo los trámites que sí que han cumplido todos aquellos que han estado en la misma tesitura.

Pero en estos tiempos de prisas, de titulares avispados y de consumo masivo de información, no podemos pasar por alto que hay papelitos que debemos tramitar sino queremos terminar haciendo el papelón del año. Y por mucho que Echedey Eugenio pretenda darle normalidad a este asunto “lo que no es, no es” por mucho que el portavoz se esfuerce en pasarlo por alto.

Dámaso Viera

Coordinador Insular de NNGG de Lanzarote