Opinión

La reciente reinauguración del centro de mayores, situado en el casco de San Bartolomé, en los tiempos que corren representa un importante avance en la atención a nuestros y nuestras mayores. Debemos priorizar el mantenimiento de las capacidades físicas y cognitivas de ese segmento de población puesto que, una vez más, hemos podido constatar un alarmante déficit de espacios sociosanitarios que permitan cerrar el ciclo integral en el cuidado de estas personas.

El actual Gobierno regional manifiesta tener voluntad de cambiar esta realidad con respecto al rumbo que seguían sus antecesores (a tenor de los datos); en principio, han comenzado a dotar de una mayor ficha financiera y de un plan de acción que todos hemos recibido con cauta alegría.

Conscientes de esa situación, en nuestro municipio habíamos planificado un proyecto ambicioso que nos habría permitido, con el apoyo de otras administraciones, recuperar el tiempo perdido y dotar a nuestra población de esas plazas y servicios de los que carece de manera intolerable.

Sin embargo, la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19 nos obliga a reprogramar y redimensionar ese ambicioso proyecto y adaptarnos a las limitaciones presupuestarias a las que nos vamos a ver sometidos.

Pero, a pesar de esta imprevisible situación, nuestro compromiso con los y las mayores y dependientes continuará siendo el eje fundamental de este mandato, porque se lo debemos y, además y precisamente, por la durísima lección que ha supuesto la pandemia de COVID-19.

Evidentemente, nada puede competir con la dureza de las cifras de mayores que han fallecido en residencias, pero sin perder de vista los daños causados a esas otras personas que, aunque por fortuna no han padecido la enfermedad, sí han sufrido sus consecuencias.

Todos los especialistas nos advierten sobre el deterioro cognitivo que están experimentando nuestros mayores como consecuencia del confinamiento, privados de sus salidas, de los ratitos de sol, de la charla en la calle y, sobre todo, de las visitas de hijos y nietos.

Una de las tareas urgentes que nos aguarda, tan pronto podamos hacerlo con seguridad, será esa: acercarnos a ellos y ellas para ayudarles a romper ese aislamiento, para proponerles actividades que impidan que sigan mermando sus capacidades como consecuencia de una situación para la que era imposible prepararse.

Insisto en esa idea. Era imposible estar preparados para el auténtico desastre que se nos vino encima. Sin embargo, podemos y debemos capacitarnos para combatir las dramáticas secuelas que el coronavirus ha provocado.

Por eso hemos priorizado obras tan necesarias como el Centro de Tercera Edad de San Bartolomé, el Centro de Respiro Familiar o la puesta en marcha de planes que nos permitan garantizar el bienestar de nuestros mayores.

Vamos a poder hacerlo porque ya veníamos trabajando en ello. Como ejemplo, el Plan contra la soledad no deseada: si cuando empezamos a trabajar en esta iniciativa la considerábamos como prioritaria, hoy nos parece absolutamente urgente.

Vamos a hacerlo por nuestros mayores, porque lo necesitan, porque lo merecen. Pero lo vamos a hacer, también, porque hay toda una economía de los cuidados que hemos ignorado durante demasiados años.

Proporcionar bienestar a mayores y dependientes supone, además, generar oportunidades para nuestra gente joven, para sus nietas y nietos. Una parte importante de la inversión que hagamos en proteger a quienes más lo necesitan retornará en forma de nuevas oportunidades laborales.

Por eso hablo de inversión, negándome a ver el cuidado de nuestros vecinos como un gasto. Trato de comenzar un camino en pro de los que han dado mucho por salir adelante, proyectando todos sus esfuerzos en acercarnos a los modelos desarrollados en los países más avanzados y con una dilatada experiencia, donde invertir en la economía de los cuidados ha llevado a grandes dosis del estado del bienestar.

¡Ese es nuestro reto!

El presidente de Canarias ha dibujado los ejes en los que debe sustentarse la reconstrucción de las Islas y nadie duda de que, cuando estas se reabran, el turismo tiene reservado un papel protagonista. Ahora, debemos esforzarnos en garantizar la seguridad sanitaria para poder promocionarnos después en toda Europa con el fin de reactivar cuanto antes la afluencia de turistas. Y debemos hacerlo con un mensaje claro y rotundo: ‘Canarias, destino turístico sostenible y seguro’, como ha propuesto Ángel Víctor Torres. 

Sostenible es un concepto con el que venimos lidiando desde hace tiempo en Lanzarote. Por eso, estos días, al preguntarme qué puede aportar una isla como la que represento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, la respuesta salta de inmediato: la filosofía Lanzarote. No creo que haya alguien en Canarias que no entienda en qué se ha distinguido Lanzarote cuando encaró su desarrollo turístico en los años sesenta del siglo XX. Los centros de arte y naturaleza creados por César Manrique, el cuidado del paisaje, la puesta en valor de la arquitectura tradicional o la lucha constante por ponerle límites al crecimiento desmesurado son algunos de los elementos que la distinguen.

Pero, la sostenibilidad no puede quedar reducida a una mera etiqueta tras la que escudarnos para tratar de superar esta nueva crisis. Las altas tasas de pobreza, exclusión, desigualdad y desempleo registradas incluso cuando, hace bien poco, celebramos récords consecutivos de afluencia de visitantes, nos obligan a dotarnos de un sistema socioeconómico más sostenible. Sólo así, los cacareados beneficios del turismo se extenderán hacia sectores más amplios de la población, otras zonas geográficas y otras actividades. Y, para eso, hace falta que aumente el gasto turístico en el destino y que este se dirija en lo posible hacia el consumo de productos agrarios, pesqueros o industriales made in Canarias.

Comparto con el presidente que la Agenda 2030 de Naciones Unidas nos sirve de guía  para posicionar a Canarias en las nuevas coordenadas competitivas globales sin que nadie se quede en el camino. En adelante, la recuperación económica, la sostenibilidad medio ambiental y la recuperación social deben ir de la mano, como deben ir el sector público y la iniciativa privada, y también la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Y todos pensando en la prosperidad de todos en un pequeño archipiélago que forma parte de un planeta finito y con la vista puesta tanto en el futuro inmediato como en el horizonte lejano. 

En este nuevo modelo, es inaplazable encarar de una manera decidida la transición energética, entre otras razones porque disponemos de sol, viento, fuerza del mar y olas en abundancia. ‘Canarias, destino turístico sostenible y seguro’ nos exige asimismo que nuestra lucha contra el calentamiento global y el cambio climático sean mucho más perceptibles, por lo que habremos de resituar la naturaleza y el medio ambiente en el centro de nuestras preocupaciones para garantizar la salud del planeta y nuestras propias vidas. Tenemos por delante la tarea de convertir todos esos recursos en fuente de crecimiento económico y de empleo. Hagámoslo.

Hoy sábado, Día de Europa, a muchos ciudadanos en todos los países de la Unión nos ronda por la cabeza una preocupación: ¿Hacia dónde se dirige Europa? Por suerte, la inmensa mayoría de los españoles está a favor de permanecer en el seno de la Unión, muy a pesar del vendaval ocasionado por el Brexit y del grito ultranacionalista que apela a mirarse el ombligo y disolver nuestro proyecto en común. Ahora bien, la pandemia ha removido los cimientos europeos con tal intensidad que exige una respuesta acorde de sus instituciones, y, duele reconocerlo, está tardando demasiado tiempo en llegar.

Buscando razones para combatir entre mis conciudadanos una posible desafección hacia el proyecto europeo, he releído la Carta Social Europea, que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Los primeros cuatro artículos son demoledores y de plena vigencia hoy en día, cuando comienzan a sentirse las devastadoras consecuencias que la emergencia sanitaria de la Covid-19 está ocasionando sobre la actividad económica, las empresas y sus empleados, los trabajadores autónomos y las familias. Todo ello me conduce inevitablemente a ratificarme en la convicción de que se echa en falta mayores dosis de la Europa de los derechos, sobre todo sociales, la Europa solidaria  frente a la de la unidad monetaria y los aspectos económicos y financieros. 

Hoy, 9 de mayo, la Carta Social Europea hace aguas. En unos países más que en otros, el ejercicio efectivo del derecho al trabajo se encuentra en entredicho entre amplios sectores de la población. Mientras la Comisión Europea sigue debatiendo qué medidas implementar y cómo, muchos nos preguntamos: ¿Cómo va ejercer la Unión Europea su responsabilidad en el mantenimiento de un nivel de empleo lo más elevado y estable posible? ¿Cómo va a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida dignamente mediante un trabajo libremente elegido? ¿Cómo piensa eliminar los riesgos inherentes a las ocupaciones peligrosas, cuando el coronavirus amenaza todas las facetas de la actividad humana?

En estos momentos la inquietud no se encuentra tanto en el derecho a una remuneración equitativa —que también— como en que haya empleos para la mayor cantidad de personas posible, y que el derecho a la seguridad e higiene en el entorno laboral sea una realidad palpable. En estos días necesitamos sentirnos seguros, por lo que cualquier persona que desarrolle una actividad reclama la prevención total de daños a la salud relacionados con el trabajo. Estas cuestiones, y otras muchas, requieren fortalecer las instituciones europeas y demandan políticas comunes que lleguen a todos los rincones y a todas las personas exactamente de la misma forma que llega el euro, nuestra moneda común.

Más de 100.000 personas han fallecido hasta ahora en el seno de la Unión víctimas de la pandemia, y las previsiones de desplome del Producto Interior Bruto son aterradoras. Si es verdad que estamos ante la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial —que lo es—, esta jornada de celebración oficial en la Unión Europea la emplaza a actuar con decisión, rapidez y contundencia. Quiero creer que aún estamos a tiempo de convertirnos en la Europa de los pueblos y la ciudadanía.

Después de la travesía por el desierto que supuso la dictadura para el ejercicio del periodismo, la Constitución de 1978 trajo a España la libertad de expresión y el derecho a la información.  Durante unos años, nos sentimos abrigados por la convicción de que cuanto nos llegaba a través de los medios había dejado de ser propaganda manipuladora al servicio de los poderes del Estado y su nuevo objetivo enfocaba a la triada formar, informar y entretener. Los hechos noticiosos se nos servían sin cocinar por chefs independientes y de su crudeza obtenía cada individuo su propia lectura y su propia conclusión.

Con la eclosión de Internet y los distintos formatos y canales electrónicos, la producción informativa se popularizó hasta niveles insospechados y generó un estado de euforia aún mayor respecto al acceso a los datos, rigurosos y veraces. El desvanecimiento de la distinción entre periodistas y ciudadanos y la desaparición de intermediarios y filtros haría que todo el espectro de relatos alternativos al oficial pudiera jugar en igualdad de condiciones.

Desafortunadamente, aquel primer análisis optimista sobre la libertad absoluta del flujo de noticias, que auguraba la construcción de una sociedad capacitada para tomar las mejores decisiones sobre la base de la mayor de las transparencias, se vino abajo. La misma tecnología que propiciaba la difusión de la verdad sirvió como cauce idóneo, inmediato y de alcance ilimitado, para la transmisión de bulos, noticias falsas, rumores y medias verdades, siempre con el objetivo de dañar al contrincante político, empresarial o de cualquier otra índole pública. 

Y no hay duda de que la política es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación pues versa sobre cuestiones complejas y susceptibles de interpretaciones diversas. Cualquier declaración puede retorcerse, cualquier medida que se tome hace aflorar multitud de alternativas que nunca serán testadas. Y a través de las plataformas de comunicación en línea los relatos paralelos se multiplican hasta hacer olvidar el asunto central del debate.

Hemos visto varios ejemplos de esta estrategia desestabilizadora en esta guerra partidista que no se abandona ni en situaciones críticas como la actual, de pandemia global. Hemos visto noticias falsas y memes correr a la velocidad del rayo, mostrando lo atinado de la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que asegura que los bulos se comparten un 70 por ciento más que las noticias reales.

Imagino lo agotador de luchar contra el virus y luchar, además, contra las mentiras. De ofrecer información sobre qué sucede y más aún sobre qué no sucede. No todo vale, no todo debería valer para desgastar al rival político. Añadir presión a quien toma decisiones destinadas a salvar vidas es una auténtica irresponsabilidad que la ciudadanía no debería olvidar nunca. 

Ariagona González, diputada nacional y consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote

Se dan las condiciones para forjar un pacto de amplísima base política y civil que permita sacar a Canarias de la crisis económica y social que ya empezamos a padecer como consecuencia de la emergencia sanitaria. A mi parecer, esas condiciones se dan por dos razones. En primer lugar, porque Ángel Víctor Torres está demostrando ser el presidente de todas y todos los canarios, y, en segundo término, porque hasta ahora los grupos políticos y los agentes económicos y sociales están demostrando a su vez estar a la altura de esta encrucijada histórica. 

Creo no equivocarme si afirmo que esto es lo que la ciudadanía espera de sus representantes públicos, que dejemos de lado las diferencias y que la oposición y los agentes económicos y sociales apoyen al Gobierno en la gestión de la crisis de la Covid-19. Y, también que todos seamos capaces de alcanzar un gran pacto por la reconstrucción una vez superada la crisis sanitaria. No creo que se le pueda reprochar nada al presidente de Canarias en su manera de proceder en pos de ambos objetivos: aglutinar y propiciar acuerdos. 

La declaración institucional del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias esboza una hoja de ruta clara, pero abierta a la participación y a las aportaciones para que, como ha dicho el propio Ángel Víctor Torres, en el plazo de tiempo más corto posible, entre todos podamos “convertir en un Plan concreto los contenidos de este Pacto” que deberá ser refrendado por el Parlamento de Canarias. Vienen por delante meses extraordinariamente difíciles y hay que conseguir como sea los recursos necesarios para proteger la actividad económica, las empresas, el empleo y las personas vulnerables. 

Así pues, ya contamos con un espacio de consenso para los partidos políticos, las administraciones públicas canarias y la sociedad civil. Asimismo, han sido definidas cinco prioridades estratégicas: el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; el refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y socio-sanitarias; la atención y apoyo a las personas vulnerables para garantizar que nadie se queda por el camino;  el mantenimiento y recuperación del empleo; y el impulso de la actividad económica. 

También tenemos una idea del coste. El presidente ha adelantado una primera estimación y ha cifrado en 14.250 millones el importe de la reactivación social y económica de Canarias para el presente año. Insisto, es una primera estimación, de los que unos 8,7 mil millones procederían de fondos propios de la Comunidad Autónoma y otros 5,5 mil millones de fondos procedentes del Estado. Pero, como los ingresos públicos en las Islas van a caer por debajo de los 7.000 millones, todavía tendríamos que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las administraciones públicas y el sector privado. 

Excepcionalmente, se dan las condiciones en el Archipiélago para un amplio acuerdo en torno a una estrategia común. Aunque algunos ya se están haciendo los remolones, ojalá no se tuerza, porque no hay otra forma de salir de esta más que juntos y unidos, aparcando diferencias, posponiendo la disputa política y arrimando el hombro en defensa del interés general. 

En fin, según el documento de presentación, el Pacto se va a instrumentalizar desde la coordinación y colaboración público-privada con la activación de una mesa de diálogo social de carácter permanente y con representación institucional, sindical y patronal, para consensuar sus medidas bajo el compromiso de todos y todas por conciliar lo urgente y lo importante en pro de un proceso de recuperación económica inclusivo, por lo que nada debe ni puede impedir que no salga bien. Bienvenidos al pacto por y para Canarias.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han alterado el contenido de las reivindicaciones del 1º de Mayo y la celebración misma del Día de los Trabajadores. Pero la ausencia física de manifestaciones y concentraciones, y el propio carácter virtual de la convocatoria sindical, no nos hace perder de vista lo fundamental: el trabajo sigue siendo un pilar esencial e insustituible en nuestra civilización, y todavía debe conquistar espacios de dignidad, universalidad, adecuada remuneración y estabilidad. 

Durante la cuarentena, unos trabajos han sobresalido más que otros. Nuestros aplausos no hacen justicia a la gratitud que sentimos hacia las mujeres y hombres que han mantenido en pie el país durante largas semanas, y a quienes todavía les quedan muchas jornadas de entrega y esfuerzo. Pero, a la vez, todos los trabajos son importantes, como iremos viendo en las próximas fases a medida que el país vaya recuperando su actividad económica y su ritmo vital.

Sin embargo, una idea central sobrevuela este extraño y atípico 1º de Mayo de la pandemia. Se trata de un gran pacto de estado por la reconstrucción de la economía y el empleo, un proceso que va ser lento para no poner en riesgo vidas y la salud pública y que reclama un amplio acuerdo entre los partidos y el mundo empresarial y social. Confío en que se selle ese gran pacto, a pesar del calculado oportunismo que se aprecia en el principal partido de la oposición.

Sin salirme de Lanzarote y La Graciosa, las islas que me honro en representar, alrededor de 20.000 personas trabajadoras se encontraban afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta mediados de este mes de abril. Hablamos de más del 30% de los ocupados, mayormente en micro empresas de la hostelería y el comercio de entre uno y cinco trabajadores. Esta radiografía es bastante común en el resto de Canarias y en muchos lugares del país donde predomina el sector de los servicios y el turismo, precisamente, los que más tardaremos en recuperarnos de las consecuencias económicas causadas por la pandemia.
 
Por eso, porque nos aguadan tiempos difíciles, la amplia cobertura de protección que ofrece el estado del bienestar desempeñará en los próximos meses un papel protagonista para que, de una u otra forma, nadie se quede sin ingresos y para ayudar a que las empresas y los autónomos recuperen su actividad y generen empleo. Pero, en el horizonte cercano ya se vislumbra que otro mundo es posible y que podemos alcanzarlo, basado en un modelo productivo que no esquilme los recursos naturales, libre de la dependencia del petróleo, respetuoso con los derechos humanos y orientado al logro del bienestar de las personas mediante la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.

No obstante, hay algunas reivindicaciones laborales que no han perdido su vigencia, como la lucha contra la precariedad en el empleo, contra los bajos salarios, contra la brecha salarial, por la negociación colectiva y por la dignificación de las condiciones de trabajo. Asimismo, resurge con renovada fuerza la necesidad de proteger las nuevas formas de empleo atípico en la era digital, para que la ampliación de los derechos laborales y de protección social alcance a más personas y a los empleos emergentes. O una estrategia integral de activación para el empleo, formación y recualificación de las personas trabajadoras que incluya la adquisición de las habilidades digitales básicas. O reforzar a las organizaciones y actividades de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad.

Comencemos a salir de nuestro confinamiento respetando las normas para evitar contagios y salvar vidas, seamos solidarios y hagamos lo posible para que nadie se quede atrás, y contribuyamos entre todas y todos a forjar el pacto de reconstrucción de la economía y del empleo que este tiempo nos reclama.

Señora presidenta del Cabildo de Lanzarote, desde el pasado día 20 de marzo Coalición Canaria viene realizando propuestas en muy diversos ámbitos tratando de colaborar con su gobierno para que este acierte en las medidas a adoptar para atender las situaciones de emergencia y planificar la recuperación económica de Lanzarote. Lo hemos hecho con toda la humildad y altura de miras, conscientes de que somos oposición y de que nuestras propuestas pueden no ser infalibles, ni siquiera las mejores, incluso erróneas, pero parece que el gobierno pone el foco exclusivamente en la propuesta de ERTE en los CACT, como si ésta fuera la única y además obedeciera a ilegítimos intereses.

Pero señora presidenta, calificar como hizo usted en pública rueda de prensa a las propuestas del principal partido de la oposición –prácticamente con el mismo respaldo ciudadano que quienes presiden la institución – de “ajuste de cuentas”, “vendettas“, y “obsesiones personales”, no parece el mejor modo de sentar las bases para alcanzar el necesario e imprescindible “Pacto de Unidad de Reconstrucción” que paradójicamente proclama tras semejante e injustificado ataque. Todo lo cual, más bien retrata que la obsesión no está precisamente en mí o en CC, y desde luego apunta a la necesidad de serenar el tono de sus respuestas si realmente aspira a esa unidad y pacto de reconstrucción para el que, a día de hoy, ha transcurrido mes y medio desde que se decretó el estado de alarma sin que hayamos sido objeto de la más mínima consulta, o creación de un grupo de trabajo.

Porque hablando de razones y obsesiones, es necesario recordarle que para justificar su rotunda negativa a la posibilidad siquiera de estudiar la propuesta de plantear un ERTE, aseguró usted que éstos “están prohibidos para las empresas públicas y que además no se podía aplicar a la plantilla de los CACT porque son funcionarios”; aunque ahora asume que sí se puede y que no son funcionarios, pero están estudiando –tras mes y medio perdido después de la declaración de alarma– si su vínculo jurídico-estatutario con el Cabildo supondría o no algún impedimento para materializarlo.

Estúdielo presidenta, ya debería haberlo hecho, pero le ruego que abandone esa actitud tan irrespetuosa y falta de consideración a los miles de ciudadanos que representamos, recoja la mano tendida de CC y no haga usted un ERTE, ni secunde ninguna de las medidas que le proponemos si no las considera adecuadas, pero no nos desprecie de ese modo si espera de nosotros lo que realmente queremos hacer y Lanzarote necesita, que es apoyarnos unos a otros para superar uno de los momentos más complicados a que nos hayamos enfrentado como sociedad.

Señora presidenta, el único argumento que le he escuchado merecedor de una aclaración y explicación, es cuando aduce que “el Estado somos todos”. Y ciertamente, así es. Pero también lo éramos sin crisis del coronavirus y le voy a explicar el motivo por el que el Congreso de los Diputados aprobó en 2015 una ley que permite los ERTES en empresas públicas si éstas se nutren mayoritariamente del mercado. Y es por una sencilla razón: todas las empresas del país, sean privadas o públicas, que no detraen ni un céntimo de euro del erario público, contribuyen a la caja única del Estado para que desde dicha caja y por mera justicia tributaria y fiscal se proporcione, entre otras, esta cobertura colectiva a todos los que contribuyen, para que ante un problema momentáneo de liquidez, se les permita la suspensión transitoria de empleo, que no despido, hasta normalizar la situación.

Ese pretexto de “el Estado somos todos” le admito que puede tener algún sentido conceptual, que no impedimento legal, si habláramos de empresas públicas de ámbito estatal (desconozco si existe alguna que se nutra mayoritariamente de ingresos del mercado, aunque podrían si las hubiere y por eso el Estado las insta a no hacerlo), pues en tal circunstancia, a fin de cuentas, sí que estaríamos hablando de una misma caja del Estado. Pero este no es el caso de las muchas empresas y entes públicos que habrá en las numerosísimas administraciones locales del país, que no viven de ellas, que pagan sus impuestos y tributan o generan economía local, que aportan recursos a las arcas estatales para tener el mismo derecho que el resto cuando toca.

Este es precisamente el derecho que su gobierno se niega a ejercer para que sean los CACT o el Cabildo, en lugar del Estado a quien correspondería por amparo legal y justicia, quien asuma esos costes detrayendo así importantísimos recursos evitables que la isla va a necesitar como agua de mayo, nunca mejor dicho, empezando por los CACT.

Señora presidenta, créame cuando le digo que si, por las razones que sea, no comparte el planteamiento que hacemos desde CC, no pasa nada porque tanto usted como su gobierno tienen el derecho de hacer lo que consideren mejor tanto para la isla como para los CACT, pero nosotros trataremos de seguir ayudándoles, planteando lo que desde nuestra experiencia, capacidad y conocimiento entendemos que más conviene al “interés general”, en el más amplio sentido y espectro poblacional, como correspondería a un gobierno responsable. Entre otras cosas, porque la propuesta ha sido respaldada, o al menos entendida como opción posible y a valorar por la presidenta del Partido Popular, que la sustenta a usted en el gobierno, por el representante de Nueva Canarias en la isla, con quien también firmó un pacto y gobierna en Arrecife, por el portavoz de Podemos en la supuesta oposición en el Cabildo insular pero en pacto con el PSOE en varios ayuntamientos, y hasta por la representante de Intersindical Canaria, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de los CACT, que no creo seamos todos protagonistas de una misma obsesión.

En cualquier caso, y a pesar de ello, la seguiremos esperando con la mano tendida.

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 está sacando a relucir lo mejor de muchos de nosotros, como la generosidad o la solidaridad, pero también está sacando los colores a nuestra sociedad en algunas materias, como la gestión de los derechos de nuestros mayores. Creo que podemos coincidir en que es muy mejorable la manera como pasa sus últimos años de vida la generación de la posguerra española, padres y abuelos cuyo esfuerzo contribuyó a edificar un país próspero y moderno y nos ha legado una vida mucho mejor a sus descendientes, a nosotros. Una generación que, no debemos olvidarlo, en la crisis de 2008 puso a disposición de la ciudadanía su experiencia, su tiempo y sus pensiones para ayudar a sobrepasarla sin pedir nada a cambio.

Con honrosas excepciones, está en cuestión el modelo asistencial que acoge a nuestros mayores, como ha puesto de manifiesto la pandemia. En muchos casos, estas residencias son gestionadas por inversores privados porque han visto que son oportunidades de negocio, valores seguros y al alza, con baja morosidad y con expectativas de futuro debido al creciente envejecimiento de la población. Es triste decirlo, pero es así de claro: en buena medida nuestros padres y abuelos se están viendo reducidos a meras oportunidades de negocio.

La esperanza media de vida en España está por encima de los 83 años, lo que nos convierte en el país más longevo de la Unión Europea, y entra dentro de lo probable que seamos los más longevos del mundo en un futuro próximo. Por este motivo, es prioritario mejorar la calidad de vida, la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores, prestando especial atención al problema de la soledad no deseada de este colectivo, una situación esta que se combate con políticas públicas que favorezcan el envejecimiento activo de la población. 

Pero, quizá sea la incapacidad para valerse por sí mismos el aspecto más preocupante del mundo de los mayores, ya que los convierte en seres frágiles y dependientes. En general, vivimos libres de incapacidad, pero, a medida que nos hacemos viejos, llega un momento en el que merma la calidad de vida y precisamos ser atendidos. Después de toda una vida de esfuerzo y de trabajo, lo que está fuera de toda discusión es que las personas mayores no pueden ser abandonas a su suerte, como si fueran trastos inservibles. Así, creo que es urgente transitar del paradigma tradicional que concibe a las personas mayores como simples beneficiarios de asistencia a considerarlos como sujetos de derechos en toda su plenitud.  

Por todo ello, pienso que el modelo residencial de la tercera edad debe ser reformado para que deje, a veces, de ser un aparcamiento de mayores y un mero negocio para algunos inversores, mientras que, en muchos casos, los usuarios sufren carencias porque ese modelo está muy precarizado. En este sentido, hay dos aspectos que me parecen prioritarios: un notable aumento de las plazas públicas y la mejora de los servicios asistenciales. Es decir, más estado del bienestar y más inversión pública, a la vez que tenemos que introducir mayores niveles de exigencia y mecanismos de control a la presencia de la iniciativa privada en la asistencia a los mayores.

Suscribo lo escrito por Salvador Giner cuando expone que una sociedad civilizada es una sociedad decente, y no creo que sea de civilizados ni de decentes convivir con las situaciones que se han evidenciado durante esta crisis sanitaria con nuestros mayores. No pierdo la esperanza de que se haga realidad la respuesta atribuida a Gandhi cuando le preguntaron: ¿Qué piensa de la civilización occidental?, a lo que contestó: Creo que sería una excelente idea.

Es muy antiguo el dicho que se pronuncia cuando la realidad aprieta o cuando en alguna situación se mantiene el sufrimiento, la pena, la pérdida o la decepción: “Cuando se cierra una puerta, otra más grande se nos abre”.

La ya amplia puerta de la exclusión social, se hará aún mayor en los tiempos venideros, un entorno en el que el desánimo, la frustración y la depresión del individuo se apodera del alma humana despiadadamente, una situación de auténtica tragedia para el que la padece. Es nuestro deber y el de todos ofrecer ayuda al que lo necesita de cualquier manera posible, cada uno desde su ámbito, y explicar que su situación actual ni es fruto de malas decisiones que se tomaron en el pasado, ni es fruto de la mala suerte que se diga que se tiene, ni del que “el jefe que me tiene manía”, ni de ocurrencias similares…. Todo ha ocurrido por un maldito virus que nos ha cambiado a todos y somos todos los que empezamos un nuevo camino. Tenemos que estar, en esta ocasión, tenemos y debemos estar. 

Nuestro ayuntamiento, por una simple cuestión de humanidad y porque es nuestro deber, como digo, nos lo exige… hemos de ser infalibles y previsores y accionar ya nuevas políticas en lo social dirigidas a estos nuevos tiempos en los que se prevé que no lucirá el sol. El tiempo, que sea más corto o más largo, dependerá exclusivamente de la capacidad y la dedicación de los actores implicados en su gestión, de la toma e implementación de decisiones que tengan que ver con las necesidades de las personas, por lo tanto, la celeridad se convierte en un factor capital en la nueva etapa que se nos avecina. Un nuevo sistema en que la parte burocrática lejos de interferir, no cuestione interminablemente los procedimientos por aplicar, consiguiendo que inmediatez y eficacia sea la gran bandera que nos guíe.

Es de capital importancia y ha de disponerse de manera excepcional una mayor flexibilidad presupuestaria que contemple los gastos derivados de la atención social de nuestros municipios. Digo esto, porque creo hemos de responder solícitos a cualquier demanda fundamentada en material social y esa debe ser la forma de proceder. Por lo general, estamos encorsetados en infinidad de normativa burocrática de una u otra índole, no siendo el actual, el modelo más idóneo para gestionar una realidad completa y realmente diferente.

Es por ello por lo que juntos hemos de consensuar las herramientas para un  nuevo modelo administrativo implementado eficazmente para esta situación, en el que prime la celeridad en lo relativo a estos gastos y permitan reaccionar con celeridad, no me canso de repetirlo a las necesidades del pueblo, pues casi la totalidad de ellas serán cuestiones de subsistencia de las personas, en las que no cabe un “vuelva usted mañana”. 

Es ahora y no después cuando hemos de hacer gala de administración cercana, pues gracias a eso: la cercanía, podremos establecernos como cabeza de puente para cualquier iniciativa redoblando por nuestra parte los recursos de los que ya disponemos. Soy de la opinión de mezclar los recursos con experiencia y logística, estos tres ingredientes aplicados con humanidad, se convierten en la mejor herramienta para lo que se nos viene encima.