Sí al Pacto de Unidad y Reconstrucción pero sin descalificación
Señora presidenta del Cabildo de Lanzarote, desde el pasado día 20 de marzo Coalición Canaria viene realizando propuestas en muy diversos ámbitos tratando de colaborar con su gobierno para que este acierte en las medidas a adoptar para atender las situaciones de emergencia y planificar la recuperación económica de Lanzarote. Lo hemos hecho con toda la humildad y altura de miras, conscientes de que somos oposición y de que nuestras propuestas pueden no ser infalibles, ni siquiera las mejores, incluso erróneas, pero parece que el gobierno pone el foco exclusivamente en la propuesta de ERTE en los CACT, como si ésta fuera la única y además obedeciera a ilegítimos intereses.
Pero señora presidenta, calificar como hizo usted en pública rueda de prensa a las propuestas del principal partido de la oposición –prácticamente con el mismo respaldo ciudadano que quienes presiden la institución – de “ajuste de cuentas”, “vendettas“, y “obsesiones personales”, no parece el mejor modo de sentar las bases para alcanzar el necesario e imprescindible “Pacto de Unidad de Reconstrucción” que paradójicamente proclama tras semejante e injustificado ataque. Todo lo cual, más bien retrata que la obsesión no está precisamente en mí o en CC, y desde luego apunta a la necesidad de serenar el tono de sus respuestas si realmente aspira a esa unidad y pacto de reconstrucción para el que, a día de hoy, ha transcurrido mes y medio desde que se decretó el estado de alarma sin que hayamos sido objeto de la más mínima consulta, o creación de un grupo de trabajo.
Porque hablando de razones y obsesiones, es necesario recordarle que para justificar su rotunda negativa a la posibilidad siquiera de estudiar la propuesta de plantear un ERTE, aseguró usted que éstos “están prohibidos para las empresas públicas y que además no se podía aplicar a la plantilla de los CACT porque son funcionarios”; aunque ahora asume que sí se puede y que no son funcionarios, pero están estudiando –tras mes y medio perdido después de la declaración de alarma– si su vínculo jurídico-estatutario con el Cabildo supondría o no algún impedimento para materializarlo.
Estúdielo presidenta, ya debería haberlo hecho, pero le ruego que abandone esa actitud tan irrespetuosa y falta de consideración a los miles de ciudadanos que representamos, recoja la mano tendida de CC y no haga usted un ERTE, ni secunde ninguna de las medidas que le proponemos si no las considera adecuadas, pero no nos desprecie de ese modo si espera de nosotros lo que realmente queremos hacer y Lanzarote necesita, que es apoyarnos unos a otros para superar uno de los momentos más complicados a que nos hayamos enfrentado como sociedad.
Señora presidenta, el único argumento que le he escuchado merecedor de una aclaración y explicación, es cuando aduce que “el Estado somos todos”. Y ciertamente, así es. Pero también lo éramos sin crisis del coronavirus y le voy a explicar el motivo por el que el Congreso de los Diputados aprobó en 2015 una ley que permite los ERTES en empresas públicas si éstas se nutren mayoritariamente del mercado. Y es por una sencilla razón: todas las empresas del país, sean privadas o públicas, que no detraen ni un céntimo de euro del erario público, contribuyen a la caja única del Estado para que desde dicha caja y por mera justicia tributaria y fiscal se proporcione, entre otras, esta cobertura colectiva a todos los que contribuyen, para que ante un problema momentáneo de liquidez, se les permita la suspensión transitoria de empleo, que no despido, hasta normalizar la situación.
Ese pretexto de “el Estado somos todos” le admito que puede tener algún sentido conceptual, que no impedimento legal, si habláramos de empresas públicas de ámbito estatal (desconozco si existe alguna que se nutra mayoritariamente de ingresos del mercado, aunque podrían si las hubiere y por eso el Estado las insta a no hacerlo), pues en tal circunstancia, a fin de cuentas, sí que estaríamos hablando de una misma caja del Estado. Pero este no es el caso de las muchas empresas y entes públicos que habrá en las numerosísimas administraciones locales del país, que no viven de ellas, que pagan sus impuestos y tributan o generan economía local, que aportan recursos a las arcas estatales para tener el mismo derecho que el resto cuando toca.
Este es precisamente el derecho que su gobierno se niega a ejercer para que sean los CACT o el Cabildo, en lugar del Estado a quien correspondería por amparo legal y justicia, quien asuma esos costes detrayendo así importantísimos recursos evitables que la isla va a necesitar como agua de mayo, nunca mejor dicho, empezando por los CACT.
Señora presidenta, créame cuando le digo que si, por las razones que sea, no comparte el planteamiento que hacemos desde CC, no pasa nada porque tanto usted como su gobierno tienen el derecho de hacer lo que consideren mejor tanto para la isla como para los CACT, pero nosotros trataremos de seguir ayudándoles, planteando lo que desde nuestra experiencia, capacidad y conocimiento entendemos que más conviene al “interés general”, en el más amplio sentido y espectro poblacional, como correspondería a un gobierno responsable. Entre otras cosas, porque la propuesta ha sido respaldada, o al menos entendida como opción posible y a valorar por la presidenta del Partido Popular, que la sustenta a usted en el gobierno, por el representante de Nueva Canarias en la isla, con quien también firmó un pacto y gobierna en Arrecife, por el portavoz de Podemos en la supuesta oposición en el Cabildo insular pero en pacto con el PSOE en varios ayuntamientos, y hasta por la representante de Intersindical Canaria, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de los CACT, que no creo seamos todos protagonistas de una misma obsesión.
En cualquier caso, y a pesar de ello, la seguiremos esperando con la mano tendida.