Opinión

Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazaba las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox a la nueva ley educativa elaborada por el Gobierno. La votación dejó claras dos cosas. La primera es que una mayoría de la Cámara somos partidarios de derogar la nefasta LOMCE o Ley Wert, impuesta por el PP hace siete años y que ha hecho mucho daño a nuestro sistema educativo. Y la segunda es que en esta mayoría parlamentaria apostamos por una nueva Ley de Educación, basada en la que propuso Rodríguez Zapatero en 2006 (LOE), de amplio consenso para que sea duradera en el tiempo, que priorice la enseñanza pública y diseñada para toda la comunidad educativa. 

Sectores ampliamente mayoritarios de este país y de la propia comunidad educativa vienen reclamando un sistema educativo moderno, menos rígido, multilingüe y cosmopolita que desarrolle todo el potencial de la juventud. Lo hacemos desde la convicción de que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país, y, por eso, muchos nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación, pero desde la perspectiva de que la calidad y la equidad van estrechamente unidas. De hecho, la LOE se trazaba como objetivo irrenunciable proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos y en todos los niveles del sistema educativo.

Hemos tenido demasiadas leyes educativas en este país desde la aprobación de la Constitución. Pero, lo más grave lo hemos presenciado en los últimos años con los gobierno de derechas, ya que la educación, en especial la pública, ha sido una de las víctimas de la crisis financiera de 2008 al tener que soportar fuertes recortes. Sin embargo, la misma crisis ha puesto de manifiesto entre los jóvenes la importancia de la educación y la formación para el desarrollo integral de sus vidas. Por eso, la nueva Ley persigue el aumento las oportunidades educativas y formativas de toda la población, así como la mejora de los resultados educativos del alumnado.

Sabemos que para poder garantizar una educación de calidad a toda la ciudadanía es imprescindible el compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. Como sabemos que un papel muy relevante lo desempeñan los docentes, para quienes la nueva ley propone mejorar su capacitación, promover la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, incrementar la inversión en recursos humanos y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Vamos a revertir la Ley Wert reformando y mejorando la LOE e incluyendo la perspectiva de derechos de la infancia y el bienestar de niños y niñas entre los principios rectores del sistema. También se adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Asimismo, planteamos un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes, por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.

La nueva Ley ahonda en el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa, como hemos constatado durante el confinamiento. Y, por último, es una Ley de Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial que incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional. En estos tiempos, resulta muy esperanzador que la nueva ley ofrezca mecanismos de aliento a profesores y alumnos para desarrollar los valores de la ciudadanía democrática, la vida en común, el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

Desde luego no me creo Martin Luther King, pero sí tenía y tengo un sueño para San Bartolomé.

El pasado mandato como concejal de Urbanismo, Industria y Comercio pude comenzar a trabajar en ese sueño que tuvimos en la mano y el actual grupo de Gobierno está dejando escapar.

Quería que San Bartolomé dejara de ser un municipio pobre, quería que se convirtiera en el referente insular por su zona industrial y comercial.

Se consiguió la primera Zona Comercial Abierta, las mejores marcas de alimentación están instaladas en nuestro municipio, empresarios vieron cual iba a ser la proyección de esta zona y apostaron por nosotros. Cuando tuve conocimiento que marcas de talla internacional querían desembarcar en Lanzarote me puse en contacto con ellos para que se instalaran en San Bartolomé, solo ponían como condición que se diera una solución a los accesos a la zona industrial.

Por primera vez estábamos adelantándonos al Puerto en materia comercial. De todos es conocido que Arrecife y San Bartolomé siempre han luchado, en el sentido menos beligerante del término, porque las mejores zonas comerciales estén en su término municipal. Apostaban por nosotros, avanzamos mucho en la creación de un nuevo centro comercial con la posibilidad de crear 800 puestos de trabajo, una superficie 4 veces más grande que el Centro Comercial Deiland.

Íbamos en cabeza pero Arrecife ya nos puso la patita por encima, en los próximos 10 o 15 años no habrá espacio para dos zonas comerciales tan grandes y con tan poca distancia entre sí y todo apunta a que Garavilla será la ganadora.

Se ha perdido una de las mayores oportunidades para nuestro municipio, oportunidad para crear puestos de trabajo, oportunidad de inversiones.

Durante la campaña electoral dije que si no llegaba a ser alcalde o formar parte del grupo de gobierno, solo pedía que siguieran trabajando para impulsar la zona comercial, que dieran solución al acceso a Playa Honda y que no abandonaran el Plan General.

Quería que mi sueño y el de muchos batateros se cumpliese, que San Bartolomé dejara de ser pobre, que fuera una gran zona industrial y comercial, que diera vida a un municipio que no basa su economía principalmente en el turismo.

Se ha demostrado que para que un municipio, un barrio o una determinada zona sea importante debe ser visible.  San Bartolomé se merece ser importante, esa importancia haría que otros vieran las posibilidades y quisieran emprender aquí.

Soñaba con que San Bartolomé dejara de ser ese trozo de autovía por los que todos pasan para ir al aeropuerto o al sur y no paran aquí porque no es atractivo.

Me adelanto a la respuesta del actual grupo de gobierno socialista, ahora con lo ocurrido con la pandemia no podemos hacer nada. Esta ralentización en la gestión no es desde hace 3 meses es desde hace un año, un año que lleva este grupo de gobierno en el Ayuntamiento.

No se escuden en la Covid, tienen aún la oportunidad de darle a San Bartolomé lo que se merece y ponerla en el lugar que le corresponde.

Pese al ruido ensordecedor y plagado de bulos que introduce la extrema derecha en el debate político, aumenta sin cesar el número de personas que piensan que nuestro Gobierno comienza a estar a la altura de la agenda legislativa del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya es difícil, porque aquella legislatura alumbró leyes muy innovadoras como la del matrimonio homosexual, el divorcio exprés, la de violencia de género o leyes de dependencia, igualdad y memoria histórica. 

Una nueva iniciativa ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados hace unos días. Me refiero al Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que logró superar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que pedían su devolución. Aunque a algunos parece que les molesta que los más ricos paguen más impuestos, la tasa Tobin seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda donde se debatirán las enmiendas parciales registradas por los distintos grupos políticos.

Hay quien lo tilda de ocurrencia del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Falso. Hace casi diez años que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que apremiaba a la Comisión Europea a implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras  basado en la tasa Tobin. Un amplio grupo de países europeos aprobaron adoptar la tasa, España entre ellos, pero no la habíamos aplicado hasta ahora. Lógico: gobernaba la derecha. Así que a iniciativa de un Gobierno progresista, llegó el momento de que las transacciones financieras contribuyan con Hacienda.

Según las estimaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el nuevo tributo se prevé recaudar 850 millones de euros. Esto es así porque la tasa Tobin gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas, siempre que sean empresas cotizadas y que su valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. Para entendernos, este impuesto tan solo lo pagarán las personas que compren acciones de alguna de la 34 de las 35 sociedades del Ibex, todas ellas grandes empresas, quedando dispensadas las demás compañías que no alcancen dicho valor. 

Pero, ¿quiénes compran y venden acciones de empresas del Ibex? No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la inmensa mayoría de la población quedará al margen de este impuesto, porque las clases medias y trabajadoras de nuestro país no se pueden permitir el lujo de invertir en Bolsa. Además, resulta que quienes pueden hacerlo solo tributarán el 0,2% de las operaciones realizadas con alguna de esas 34 sociedades. Para hacernos una idea, el 0,2% de mil euros son 2 euros. De esto estamos hablando para poner en antecedentes a los proclives a rasgarse las vestiduras cuando hablamos de impuestos para financiar el estado del bienestar.  

Lo que no puede ser es que cualquier ciudadano pague impuestos indirectos como el IVA, o el IGIC en las Islas Canarias, por comprar casi cualquier cosa mientras que quienes adquieren acciones no pagan ningún impuesto. Esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, que unos pocos disfrutan de unos privilegios inaceptables, como ha señalado la ministra de Hacienda, y es hora de ponerle remedio. ¿Es mejorable este Proyecto de Ley? Seguramente, como todo en la vida, pero lo que no es discutible es que vamos a dar un paso hacia una fiscalidad más justa a la vez que frenaremos prácticas financieras especulativas.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

Cuando decenas de miles de personas nos echamos a la calle hace unos años en Lanzarote para gritar ‘NO al petróleo’, nos oponíamos a las prospecciones petrolíferas en nuestras costas. Pero, como lo que no queremos para nosotros no se lo deseamos a nadie, creo que no me equivoco si digo que al mismo tiempo reclamábamos el fin de la era del petróleo y el comienzo de una transición energética hacia fuentes limpias y renovables, de las que vamos sobrados en las Islas Canarias. El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se tramita en las Cortes da respuesta a ambas exigencias, y ahora toca descarbonizar.

En estos momentos nos sentimos profundamente preocupados por la crisis económica y social ocasionada por la emergencia sanitaria, pero no debemos perder de vista que el calentamiento global y el cambio climático amenazan la vida misma sobre el planeta. Es oportuno recordar que somos las personas quienes estamos provocando esta situación y está en nuestras manos corregirla. Pero tenemos que hacerlo ya porque los datos científicos no admiten discusión: las actividades humanas son las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 °C sobre el nivel preindustrial y, al ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. 

El caso de nuestro país es todavía más grave, ya que este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5 ºC. El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética responde a este desafío extraordinario de detener el calentamiento global y el cambio climático, pero todos sabemos que una ley o un gobierno por sí solos poco pueden mejorar las cosas a no ser que se impliquen activamente el sector privado y el resto de la sociedad. Y no sólo en nuestro país, sino en todo el planeta, puesto que el desafío concierne a toda la humanidad.

Por suerte no estamos solos. El Pacto Verde Europeo establece una nueva estrategia de crecimiento que persigue transformar la Unión Europea (UE) en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y con la finalidad de hacer de Europa el primer continente neutro climáticamente en el año 2050. En este contexto, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética concreta nuestro compromiso en el seno de la UE, abre la puerta a la modernización de nuestro país y facilita la distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. 

La tarea es enorme, ya que la obligación de limitar las emisiones implica cambios en los patrones de consumo y requiere una transición hacia una economía basada en tecnologías renovables. Pero esta transformación ofrece oportunidades de crecimiento, de negocio y de empleo siempre que se incorpore una perspectiva de medio y largo plazo que facilite la descarbonización ordenada de la economía. Este cambio estructural movilizará decenas de miles de millones de euros de inversión, pero también evitará el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad, que amenazan la calidad de vida y la salud de las personas. 

Así que ahora nos toca descarbonizar, es decir, transitar hacia un modelo productivo más ecológico y que sea socialmente beneficioso. Estos esfuerzos crearán oportunidades de empleo decente, incrementando la eficiencia de los recursos y construyendo una sociedad sostenible, con bajas emisiones de carbono, y más justa e igualitaria. Nos dirigimos hacia el estado del bienestar del siglo XXI, un estado descarbonizado.

Amparo Perdomo Feo

Integrante del Círculo de Feminismos Lanzarote Podemos

En el sur abierto y azul de Lanzarote, decíamos, multicultural y cosmopolita, se ha plantado un ‘pero’. Un ‘pero’ a las y los más vulnerables, a la infancia más desvalida, más abandonada, a la que sufre las agresiones más infames, a la que la desprotección y el desamparo arrastró hasta nuestra isla.

Víctimas de hambrunas, pobreza y las más crueles violencias encuentran el grito aterrado de un alcalde que expresa su preocupación, sus reparos… su inconcreta inquietud. ¿Cuáles son sus temores… que en un susurro o tal vez en confesiones de despacho quizá también le han revelado sus bienintencionadas vecinas y vecinos o… tan solo las intuye?

¿Cuántas veces habrá tenido que hacer este alcalde oídos sordos a tantas demandas de Yaiza? Y, sin embargo esta vez, ¡qué sensible!, se ha adelantado, da un paso adelante (lleva ya tiempo en ello) no por la mejora del centro de menores de Yaiza, sino por la reubicación, por su extirpación.

No en Yaiza.- exige- porque somos acogedores pero…

Sospechas que se callan...

Llenan nuestras calles con su color oscuro, sus intenciones oscuras, su dolor oscuro… nuestro temor oscuro.

Y señala que el municipio no reúne las condiciones mínimas imprescindibles pero no exige que se les dote de lo necesario.

Las niñas y niños migrantes, parece preciso recordar, sufren el más duro de los desarraigos.

Lejos de sus hogares, se encuentran entre las personas más vulnerables del planeta, expuestas a la explotación, a sufrir malos tratos, la trata de personas, las peores formas de abusos y privaciones, a trabajar o a realizar favores sexuales, especialmente si viajan sin nadie y por las siniestras vías de la migración irregular; suelen sufrir el rechazo y la discriminación por su nacionalidad, origen étnico, género, religión y estatus migratorio.

El respeto a los Derechos Humanos empieza por la infancia.

La garantía de los derechos de los niños y niñas, aunque es obligación de los Estados, es responsabilidad de todas las personas.

¿Te acuerdas de los hilitos que salían del Prestige? Del petrolero hundido “salen pequeños hilitos con aspecto de plastilina”, vino a decir en 2002 Mariano Rajoy, quien en aquel momento era vicepresidente y portavoz del Gobierno español, además de ministro de la Presidencia. El buque se hundió frente a las costas de Galicia, pero el Gobierno del PP eludió su responsabilidad, minimizó el riesgo y el siniestro acabó causando una marea negra y un gravísimo desastre medio ambiental. ¡Nunca más!, fue el clamor popular que recorrió nuestro país. Aquella amenaza sobrevoló más tarde a todos los canarios, en especial a los habitantes de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, cuando de nuevo un Ejecutivo del PP autorizó la realización de prospecciones petrolíferas cerca de nuestras costas. ¡NO al petróleo!, fue nuestro grito de oposición.

Llevábamos años esperando eliminar legalmente la amenaza de las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas y ahora podemos leer esto: “A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino”. 

No, no es un espejismo. La frase entrecomillada anterior forma parte del artículo 8 del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, remitido por el Gobierno del PSOE y UP a las Cortes, y cuyo título es ‘Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos’. Este Proyecto de Ley ya ha empezado a tramitarse en el Congreso de los Diputados y el plazo de presentación de enmiendas finaliza el próximo martes, 16 de junio. Asimismo, el citado artículo establece que “a partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen”.

Siendo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy convecino, dio su palabra de que las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas no se realizarían sin contar con la opinión de los canarios. Y cumplió su promesa. Ahora, otro presidente socialista, Pedro Sánchez, propone atornillar legalmente aquel compromiso para darle carpetazo definitivo a la amenaza. Tanto es así, que la Disposición Transitoria Primera del Proyecto de Ley lo amarra todavía más. Recoge: “Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 1. Lo previsto en el artículo 8 será de aplicación a todas las solicitudes de autorizaciones de exploración y de permisos de investigación de hidrocarburos que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley”. 

El calentamiento global y el cambio climático ya están aquí y hay que combatirlos con determinación, con leyes y con cambios en los hábitos de consumo, pero no podemos olvidar que los avances en las normas son el producto de las demandas y las movilizaciones ciudadanas. En Lanzarote se produjeron, de largo, las mayores manifestaciones de la historia con decenas de miles de personas ocupando las calles para avanzar hacia el fin de la era del petróleo y reclamar la transición energética hacia fuentes limpias y renovables, como el sol o el viento, de las que disponemos en abundancia. La evolución de la civilización humana nos enseña que perseguir sueños con ahínco puede hacer que estos se conviertan en realidad, y más si la mayoría de la sociedad lo hace junta y unida. Así que esta es también una victoria de Lanzarote y La Graciosa. ¿Hilitos de plastilina? ¿Prospecciones petrolíferas? ¡Nunca más!

Por José Torres Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa

El Registro Especial de Buques de Canarias, conocido como REBECA, está en claro retroceso, incapaz de captar nuevas inscripciones. El REBECA nace en el año 1992 en el seno del REF para atraer el abanderamiento de buques y empresas navieras nacionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de que en los primeros años tuvo cierto atractivo, la inexistente comercialización de esta herramienta de dinamización económica ha hecho que deje de ser una opción. Existe un importante desconocimiento de las ventajas que conlleva.

El impacto económico, social y geopolítico del sector marítimo es innegable. En la medida en que un país aumenta su flota mercante, crece su economía. Pero parece que esto se nos ha olvidado y no somos conscientes del potencial que representa y cómo podría dar un impulso serio a nuestra economía. La cuestión es que este registro está gestionado por las Capitanías Marítimas existentes en los puertos de las islas capitalinas y, hasta la fecha, a pesar del enorme atractivo fiscal que supone su figura, no ha conseguido la implantación y el desarrollo deseado. Una de las claves es la falta de comercialización.

REBECA ofrece una serie de desgravaciones y ventajas fiscales que son muy competitivas para el sector, si bien es cierto que estas ventajas han quedado muy limitadas frente a algunos incentivos puestos en marcha por otros países. Y aunque los armadores pueden bonificar en el Impuesto de Sociedades y en las cuotas de la Seguridad Social para los buques inscritos en el REBECA, existen países que garantizan menores costes laborales y sociales a costa de la tripulación.

Sea como fuere, todavía se pueden hacer muchas cosas para que esta herramienta no se pierda y vuelva a ser atractiva como un elemento más que nos ayude en la diversificación económica hacia la que debemos caminar. Por eso, la labor de comercialización debe ser contundente y aquí las Cámaras de Comercio Canarias pueden realizar un trabajo que conocen bien.

Las Cámaras de Comercio, corporaciones de Derecho Público, promotoras del desarrollo económico de sus demarcaciones, representantes del conjunto de la actividad económica y expresamente de la navegación, pueden asumir la tarea de gestión y promoción de este registro de buques con mucho éxito. La Red Cameral nacional, con 85 cámaras en el territorio español, junto a la Red Internacional de Cámaras, presente en todo el mundo, pueden ejercer de transmisoras hacia el resto de los territorios y dar difusión a esta valiosa herramienta para nuestra economía. Las Cámaras ya gestionan otros registros mercantiles y tienen avalada experiencia en ello.

Las Cámaras de Comercio Canarias podemos ser unas grandes embajadoras en la comercialización de este instrumento mientras la Capitanía Marítima continúe con su labor de inspección. Y es que no se trata solo de lo que nos aportaría económicamente a las islas, ni siquiera de los incentivos fiscales u otras ventajas que podemos mejorar, se trata también de hacer valer este registro con sus garantías de seguridad, en un marco que respete los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ahí no tenemos competencia.

En politicas que causan efecto mediático tenemos un alcalde, que aunque nos guste o no, las maneja a las mil maravillas. El aplaudido gesto de su bajada de sueldo, ha quedado ahí como una anécdota que incluso dentro de sus propias filas criticaron por haber roto la armonía y quitarles la grandeza de hacerlo en conjunto con su partido, lo cual sería más efectista si cabe, vaya que si se les adelantó…

La perversidad de la política y más en entornos como el nuestro, muestra de manera muy sibilina los derechos que tienen los vecinos en diferentes materias y servicios pues podría causar un aluvión de demandas para lo que el ayuntamiento y el propio alcalde por comodidad administrativa y laboral, no le expliquen a la ciudadanía a lo que realmente tiene derecho.

Eso por un lado y por otro lado porque es más sencillo, echar balones fuera diciendo que la acción o servicio que pueda ser demandada por el vecino, se sale de las competencias del propio ayuntamiento, o es competencia del cabildo, o competencia del Gobierno de Canarias, o de parques naturales, o de Europa o de la iglesia.

¿Que es lo que ocurre?: Que mientras que los vecinos, conocedores perfectamente de sus deberes, no tengan claros cuáles son sus derechos, el nivel de exigencia por el cumplimiento de esos derechos, harían trabajar más a nuestro alcalde y ya trabaja bastante manteniendo su propia clientela con las que aplica parte de esos derechos, vendiéndolo como fruto de su gestión personal.

En lo que va de año el Movimiento Renovador de Tinajo, ha presentado un total de 9 iniciativas, la mayoría aprobadas por unanimidad, excepto dos de ellas que son una en materia de asuntos sociales (Que creen una ordenanza Municipal para ayudar  a las familias que tienen niños con edades de guardería, entre 0 y 3 años.). Y la otra en materia de infraestructura: (Que se hagan las gestiones oportunas de forma inmediata para que haya buena cobertura de telefonía móvil televisiones y radios) Ambas se llevaron en Octubre del pasado año.

En las otras siete propuestas que acompañaban a esas dos, hemos obtenido más de lo mismo, la callada por respuesta y no creo que los temas presentados merezcan esta respuesta y más si están relacionados con materias que creo son necesarias para nuestro pueblo, desde lo económico, lo social, lo cultural hasta un largo etc. como:

La elaboración de un proyecto para la generación de Economía y Empleo en el Municipio, poniendo en valor el paisaje, el producto local, el patrimonio histórico, la gastronomía, adecentamiento de La Isleta-Ría de la Santa. Permitir que el turismo que visita las Montañas del fuego visite del mismo modo nuestro pueblo (1,5M de personas al año),

Exigir al Gobierno de Canarias que el Consultorio médico y la ambulancia del Municipio tengan 24h de servicio, nos va la vida en eso.

Las medidas sugeridas como el pago a proveedores, plan de empleo para las familias afectadas por la crisis, y haciendo especial hincapié en un plan de formación, emprendimiento y empleabilidad de nuestros jóvenes y dejar exento a tasas municipales o impuestos municipales a las personas o empresas afectadas por la crisis, son parte de la receta que desde MRT proponemos y nos ponemos a disposición para sumar en su urgente aplicación.

Nuestro Mercado de Los Dolores, necesita llegar al siglo 21 de una vez, se inauguró siendo yo concejal en el 2006 y ni un solo cambio, por no tener no tiene un plan de negocios que permita desarrollarlo, y podría convertirse en un punto de venta para los agricultores del municipio

Acabar de una vez con los problemas en la zona de Las Calderetas-Montañetas

con un Plan Integral serio.

La dinamización es clave para hacer pueblo, crear nuevos puntos de encuentro para los vecinos, establecer las bases para la participación y promoverlas y esto permita la elaboración de un programa de actividades anual, consensuado con los vecinos y jóvenes para que  hayan actividades para ellos, abriendo los teleclub del Municipio los fines de semana para que puedan ser utilizados por los vecinos, etc.

A raíz de este articulo, tengan por seguro que una vez más comenzaré a oir de nuevo, las descalificaciones de siempre, todas ellas fundamentadas en lo personal, y eso ocurre porque realmente no se puede rebatir lo aquí escrito, de ninguna manera lógica.. pero bueno con esos mimbres hemos de hacer nuestro sesto

El pasado 22 de marzo escribí un artículo de opinión que se titulaba “Ahora no cabe un vuelva usted mañana”, que me permito la licencia de copiarlo literalmente, pues no ha perdido vigencia, muy al contrario, parece que el escenario descrito cobra más actualidad en estos días:

“Nuestro ayuntamiento por una simple cuestión de humanidad y porque es nuestro deber nos lo exige. Hemos de ser infalibles y previsores y accionar ya nuevas políticas en lo social dirigidas a estos nuevos tiempos en los que se prevé que no lucirá el sol. El tiempo, que sea más corto o más largo dependerá exclusivamente de la capacidad y la dedicación de los actores implicados en su gestión, en la toma e implementación de decisiones que tengan que ver con las necesidades de las personas, por lo tanto, la celeridad se convierte en un factor capital en la nueva etapa que se nos avecina. Un nuevo sistema en que la parte burocrática lejos de interferir, no cuestione interminablemente los procedimientos por aplicar, consiguiendo que inmediatez y eficacia sea la gran bandera que nos guíe.

Es de capital importancia y ha de disponerse de manera excepcional una mayor flexibilidad presupuestaria que contemple los gastos derivados de la atención social de nuestros municipios. Digo esto, porque creo hemos de responder  solícitos a cualquier demanda fundamentada en material social y esa debe ser la forma de proceder. Por lo general, estamos encorsetados en infinidad de normativa burocrática de una u otra índole no siendo el actual, el modelo más idóneo para gestionar una realidad completa y realmente diferente.

Es por ello por lo que juntos hemos de consensuar las herramientas para un  nuevo modelo administrativo implementado eficazmente para esta situación, en el que prime la celeridad en lo relativo a estos gastos y permitan reaccionar con celeridad -no me canso de repetirlo-, a las necesidades del pueblo, pues casi la totalidad de ellas serán cuestiones de subsistencia de las personas en las que no cabe un “vuelva usted mañana”. 

Tomando ese pensamiento como referencia, en el Ayuntamiento de Teguise, antes de aquellas fechas, planificamos tres posibles escenarios y actuamos con previsión para no llegar tarde en la futura atención a los vecinos.

Encajes de bolillo hemos tenido que hacer para vestir un santo sin desvestir a otro, hemos reforzado el área de Bienestar Social con dos personas una para el departamento jurídico, una figura fundamental en estos tiempos en los que la normativa y la burocracia administrativa se han convertido en un auténtico galimatías. Además, hemos de disponer de capacidad de respuesta urgente ante la cantidad de ayudas que se irán convocando teniendo como finalidad paliar la situación de la mejor manera posible. Hemos presentamos esta semana el segundo Plan de Empleo desde el confinamiento, y probablemente tengamos que replantear dentro de no mucho una ampliación de personal para seguir cubriendo necesidades. Con estas nuevas incorporaciones en el área, nos hemos marcado el objetivo de tener capacidad para presentar un programa de inserción laboral cada 15 días.

En breve contaremos con personal de apoyo para la Oficina Técnica, habida cuenta que con la celeridad en la concesión de licencias para rehabilitación, así como construcción de nuevos espacios, ayudamos a la creación de empleo y a una redistribución económica entre los profesionales del municipio. Un arquitecto y un nuevo aparejador han sido los perfiles que destacan por necesidad en el servicio.

Pero de nada, o muy poco, valdrá el esfuerzo que cada uno de los ayuntamientos estamos realizando si no existe una equiparación de tareas en el ámbito del Gobierno de Canarias, la cual permita suprimir trámites burocráticos innecesarios que lo único que consiguen es ralentizar a unos y espantar a otros inversores debido a que no pueden materializar sus inversiones, y ejemplos de lo que hablo, desgraciadamente, son por todos conocidos.

Necesitamos un plan de emergencia que contemple las áreas del gobierno de manera transversal, algo que llevo tiempo planteando incluso, por ejemplo, para el sector turístico en Canarias. A día de hoy el modelo aplicado te obliga a realizar un extenso periplo entre consejería y consejería de distintas administraciones para simplemente remozar un hotel, unos apartamentos, u obtener alguna licencia de nueva actividad. El camino comienza con un primer paso en los Ayuntamientos, luego diferentes áreas del Cabildo y posteriormente el beneplácito y permisos del Gobierno de Canarias y cada uno con sus plazos administrativos… es normal que el inversor en cualquier materia alegue que hay que comenzar un año antes. Una mejora en el producto constante y una mejora en la tramitación constante debiera ser el objetivo que perseguir.

Pongo este ejemplo pues en materia social ocurre igual, cualquier solicitud requiere de más sellos que el baúl de la Piquer, y ahora como digo no es momento de ese modelo administrativo engorroso e indefinido en el tiempo. En definitiva, clarificar las competencias para evitar duplicidades de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración, una competencia”.

En Teguise seguimos estudiando nuevas respuestas antes de que se formulen las demanda. Afortunadamente, soy el alcalde de mi pueblo y cuento con un equipo extraordinario que está y estará a la altura de las circunstancias.

El Gobierno español y la mayoría de las fuerzas políticas y la sociedad estamos en sintonía con este momento histórico que reclama que la vieja Europa se reconvierta definitivamente en los Estados Unidos de Europa, profundizando para ello en los mecanismos de los que se ha dotado la propia Unión. Como es sabido, la canciller Merkel y el presidente Macron han anunciado que propondrán la creación de un fondo de recuperación dotado de 750.000 millones de euros para reactivar la economía y coordinar los esfuerzos sanitarios contra la pandemia. De esa cantidad, nuestro país obtendría 77.000 millones en forma de transferencias a fondo perdido y 63.000 millones en forma de préstamos.

Después de Italia, España será la gran beneficiaria de esos fondos extraordinarios, pero hay quien no se alegra. Por fortuna, la extrema derecha española no tiene ningún predicamento ante líderes de la talla de Merkel y Macron, quienes, junto  a Pedro Sánchez y otros jefes de Estado y de Gobierno, tratan de resituar a la Unión Europea (UE) en el papel histórico que le corresponde desempeñar para combatir con éxito las gravísimas secuelas económicas y sociales que está ocasionando la covid-19. Pero, al paso que va, lo mismo podría ocurrirle al Partido Popular si persiste en su obstinación de ejercer de telonero de la ultraderecha en lugar de moderarse y recuperar el espacio político conservador homologado en la eurozona.  

El fondo no llega hasta los 1,5 billones de euros que propuso España, de acuerdo; y la Unión aún debe dar otros pasos en la misma dirección, también de acuerdo. Ahora bien, es innegable que la respuesta europea al coronavirus está en plena sintonía con los grandes ejes que hemos definido en nuestro país y que se debaten en la Comisión de Reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados: salud pública, reactivación económica, soberanía industrial, y transición ecológica y digital. Hay motivos para ser optimistas porque los avances son evidentes, mal que les pese a los agoreros y a los patriotas de caldero, descapotable de alta gama y verbo provocador e incendiario.

Reconociendo que estas buenas perspectivas aún han de concretarse, parece que a la oposición le fastidia que la Unión Europea atienda las reclamaciones españolas. Parece que le importuna que España tenga una interlocución directa con el corazón político de la Unión. Parece que le incomoda que este país casi no registre muertes, sea capaz de vencer a la pandemia y encamine su rumbo en superar la crisis económica y social con esfuerzo y sacrificio y con un proyecto claro de modernización del Estado.

¿Acaso les reconcome que la UE respalde el quehacer de nuestro Gobierno? Porque lejos de acontecer el apocalipsis, una amplia mayoría de la población ha dejado de lado la mezquindad para arrimar el hombro y superar esta catástrofe que nos ha tocado vivir. Quizá les martiriza que no se descomponga el viejo sueño europeo, ni que surjan otros sucedáneos de Brexit aquí y allá, y que, muy al contrario, vaya cuajando una idea que consiste en decir: adiós Europa, hola Unión Europea. Pero, todo hay que decirlo, lo que menos les gusta es que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos haya anunciado una Ley contra el Fraude Fiscal que ponga fin a los privilegios, equipare a toda la ciudadanía y paguen más impuestos quienes más tienen.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.