El vicepresidente considera que las medidas que ha adoptado el Estado no reflejan las singularidades del Archipiélago
La caída de ingresos tributarios y la paralización de la actividad económica por el cierre turístico provocará mayores perjuicios
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, emplazó hoy al Gobierno central a una reunión de carácter bilateral donde negociar una respuesta más contundente del Estado a la crisis económica y social derivada del Covid-19 en el Archipiélago. Asimismo, insistió en reclamar la convocatoria del Consejero de Política Fiscal y Financiera (CPFF), solicitud que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a atender.
Rodríguez, que participó en una videoconferencia con Montero y los consejeros autonómicos en esta materia, consideró que las medidas que ha adoptado el Estado en las últimas semanas no reflejan adecuadamente las singularidades canarias ni tampoco el impacto de la pandemia en la economía y la población de las Islas, dada su elevada dependencia del sector turístico.
El vicepresidente -que en todo caso valoró el esfuerzo del Gobierno central para la regulación de los ERTE o la concesión de ayudas a los autónomos, pymes o a la vivienda- recordó que la crisis golpeará de manera desigual a los diferentes territorios de España y que autonomías como Canarias o Baleares sufrirán mucho más que otras con menor peso turístico.
A este respecto, Rodríguez estimó que la caída del PIB en Canarias podría acercarse al 30 por ciento este año, una cifra que triplica la previsión del Gobierno central para el conjunto del Estado, un 9,2 por ciento. “El impacto será terrible”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “las respuestas que se den desde el Estado habrán de contemplar esa diferente realidad”.
El vicepresidente abogó por reforzar el papel de las comunidades autónomas en la respuesta a la crisis económica y social y aseguró que “el estado de alarma no ha suspendido al estado de las autonomías”. En esta dirección, argumentó que el 40 por ciento del gasto público del Estado recae en las comunidades autónomas y que, por tanto, debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de adoptar decisiones.
Del mismo modo, Rodríguez insistió en que la suspensión de facto de las reglas fiscales debería implicar un reparto de los objetivos de estabilidad -en términos de déficit y de endeudamiento- entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
“Parece poco razonable que ahora que España va a incrementar su déficit del 1,8 por ciento hasta el 10,3 por ciento, las comunidades autónomas solo lo sigan particpando en dos décimas”, expuso Rodríguez, quien recordó que Canarias ha cumplido escrupulosamente sus reglas fiscales y ahora mismo es la comunidad autónoma con la deuda pública per cápita más baja de España, lo que le permitiría asumir un mayor endeudamiento para hacer frente a los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía.
Un fondo con criterios “discutibles”
En relación con el anuncio del Gobierno de España para la distribución de un fondo no reembolsable por importe de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, el vicepresidente señaló que la distribución en tres cajas (10.000 millones para gasto sanitario, con insuficiente peso poblacional; 1.000 para necesidades sociosanitarias, y 5.000 para caída ingresos tributarios) que maneja el Ministerio de Hacienda y los criterios de reparto de cada una son “discutibles”, puesto que, según la información adelantada por la ministra, tendrán un peso muy importante aquellos de carácter clínico, como hospitalizaciones, ingresos en UCI o test PCR realizados.
A este respecto, el vicepresidente recordó que independientemente del impacto sanitario de la enfermedad en los distintos territorios del Estado, todos se han debido preparar para afrontar sus consecuencias y realizar el gasto público pertinente.
Además, la caja de 5.000 millones se distribuirá en función de la caída de los ingresos tributarios por figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Sobre este particular, el vicepresidente recordó la singularidad del régimen fiscal de Canarias, con la existencia de tributos del REF, como el IGIC o el AIEM, o impuestos propios como el de Carburantes y Tabaco, que componen el grueso de la caída de ingresos tributarios en el caso del Archipiélago, prevista en 700 millones de euros, lo que representa un 70% de las pérdidas.
Mientras que en el conjunto de CCAA el peso de los tributos cedidos (Donaciones y Actos Jurídicos) es del 8%, en el caso de Canarias alcanza el 19% del total de los ingresos, entre cedidos, propios y REF.
