Fuente original: Diario de Lanzarote
De confirmarse la evidencia podrían, si no ha prescrito, pagar una multa de 140.000 euros
La Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias abrió un expediente sancionador por el asadero de pardelas en Alegranza que llevaron a cabo 19 personas en septiembre de 2015.
En ese expediente hay una propuesta de resolución, de junio de este año, para incoar un procedimiento sancionador por daño contra la fauna protegida en el que solicita una sanción a los presuntos infractores de 140.000 euros.
El procedimiento se abrió inicialmente solo contra uno de ellos, Fernando González Berriel, pero tras consultar con el Juzgado de Instrucción de Arrecife número 2, que lleva el caso, se ha ampliado a las 19 personas denunciadas por el Seprona de la Guardia Civil.
El procedimiento, en todo caso, está suspendido por prevalencia de la vía penal hasta que haya una sentencia firme, ya que los hechos y las personas investigadas en el procedimiento penal y en el administrativo son las mismas.
El Gobierno tardó casi tres años años en abrir el expediente, desde que se cometieron los hechos en septiembre de 2015, a pesar de que tres meses después del asadero, en diciembre de ese año, el Cabildo de Lanzarote envió al Gobierno la denuncia de la Guardia Civil y varios informes, uno del agente de Medio Ambiente y otro del vigilante de espacios naturales en los que se relataban los hechos objeto de denuncia, entre otros documentos.
En el informe de Medio Ambiente se señala que ese grupo de personas acampadas en el islote, en la Playa de El Veril, estaba cocinando treinta pardelas. Un año y medio después, en abril de 2017, el Servicio de biodiversidad de la Dirección General de Protección de la Naturaleza emite un informe técnico por el que confirma que la pardela cenicienta es una especie protegida, incluida en el catálogo de protección de especies y que la sanción podía ir desde los 3.001 euros a los 200.000.
En junio de este año, finalmente, se abre el procedimiento sancionador y en la propuesta de resolución de la Jefa del Servicio Económico administrativo se señala que hay otro hecho denunciado, que es el haber hecho fuego en el Parque Natural del Archipiélago, pero que en este caso la competencia sancionadora sería del Cabildo de Lanzarote.
Fuentes de la Corporación insular confirman que no se ha abierto ningún expediente sancionador por esos hechos y que el expediente se inició por la denuncia del propio Cabildo y se envió al Gobierno considerando que todos los hechos denunciados eran de su competencia.
El presunto infractor, González Berriel, realiza alegaciones en el expediente y asegura que contiene “graves errores de apreciación” y una “ausencia total de elementos probatorios”. Rechaza al relato de los hechos realizado en los diversos informes.
Alega que no hay un informe que aclare cuál fue el método que se utilizó para determinar el número de pollos de pardela que supuestamente se estaban cocinando, treinta en total, si no se aportan fotografías. Por ese motivo considera que se trata de una “apreciación subjetiva sin base científica”.
Además, considera que hay incongruencias en los informes de la denuncia, que tampoco hay ninguna imagen en el expediente en la que se vea a nadie cocinando o capturando aves y pide que se aporte una copia de todo el reportaje fotográfico que se tomó ese día y que se detalle cuáles fueron las horas en las que se estableció el servicio de vigilancia por parte de la Guardia Civil.
Sobre el informe de Medio Ambiente del Cabildo, señala el alegante que se elaboró cuarenta horas después de que se personara la Guardia Civil y les obligara a levantar el campamento.
En ese informe se detalla que se encontró un saco con diez cadáveres de pardela y González Berriel afirma que no tiene ninguna relación con ese saco y que las huellas encontradas por el agente de Medio Ambiente en la playa de El Veril no pueden ser del grupo con el que se encontraba en Alegranza.
En este procedimiento, la Fiscalía provincial de Las Palmas solicita que se sienten en el banquillo 11 de las 19 personas denunciadas inicialmente, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por Transparencia Urbanística y la Asociación de amigos de la pardela cenicienta piden que sean los 19.
El Ministerio Fiscal solicita una multa que supera los 5.700 euros por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna y tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la actividad de caza así como para el ejercicio del derecho a cazar.
La acusación popular solicita una multa para los acusados que supera los 8.700 euros para cada uno de ellos, además de la inhabilitación.
