Coalición Canaria se apunta al club de los nacionalismos excluyentes

S.Calleja

Primero fue el bono residente, luego las guaguas gratis. Ahora toca empadronar la esperanza: Fernando Clavijo ha decidido que la solución al colapso insular se llama "ley de residencia". Un nombre sobrio para una idea que suena a ciencia ficción administrativa: controlar quién puede vivir en Canarias como quien reparte fichas para subir a la guagua. Y todo bajo el noble pretexto de proteger la tierra. Como si estuviéramos a punto de convertirnos en la nueva Dinamarca, pero sin bicicletas, sin bienestar nórdico y con más apartamentos turísticos que fiordos.

 

Clavijo y los suyos nos quieren vender el imposible como virtud. "Ya lo hicimos con el 75% del descuento", nos recuerda David Toledo, portavoz de CC, con esa solemnidad de quien confunde gestión con milagro. Pero una cosa es negociar bonificaciones con Madrid y otra muy distinta pretender que Bruselas le ponga barreras al libre movimiento de ciudadanos europeos. Eso no es imposible: es ilegal. Y si no, que alguien le pase el link de la web danesa: https://www.nyidanmark.dk/en-GB

En Dinamarca, por ejemplo, se permite la residencia de ciudadanos europeos sin restricciones durante tres meses. Luego, eso sí, se exige registro. Pero jamás se impide la llegada ni se limita la compra de vivienda. Sencillamente se regula. Con burocracia, con controles, con una cosa que por estos lares suena a chino: planificación. ¿Quiere Clavijo una Dinamarca tropical? Que empiece por dotar de recursos a los ayuntamientos para fiscalizar el alquiler vacacional, no por levantar muros jurídicos donde no los hay.

 

Hablan de Malta, de las islas Åland, de Mayotte. Territorios con régimen jurídico especial que, por cierto, también tienen estructuras de Estado que en Canarias brillan por su ausencia. ¿Va a hacer el PP una cruzada europea por la insularidad? ¿El PSOE canario, que ya se frunció con el alquiler vacacional, apoyará una medida que suena a filtro de entrada? Y Yone Caraballo, que tanta pelea en redes, ¿dará la batalla por cerrar la puerta cuando muchos ni pueden abrir la suya por el precio del alquiler?

La propuesta está condenada al peregrinaje jurídico, sin hoja de ruta clara y con una retórica que se cae sola: no es únicamente la llegada de forasteros lo que plantea desafíos en Lanzarote, sino la suma de factores que durante años se han gestionado con más prisa que pausa y con más optimismo que estrategia.

 

La narrativa oficial insiste en que los canarios "nos estamos sintiendo incómodos en nuestra tierra". Pero no por el sueco que alquila una casa en Famara. Sino porque los precios han subido un 30% mientras los sueldos se estancan. Porque hay barrios enteros en Arrecife donde no queda vivienda de larga temporada. Porque ayuntamientos como los de Tías o Teguise siguen permitiendo que se multipliquen las camas turísticas como si fueran papas en zafra.

Eso no se soluciona con una ley de residencia. Se puede empezar por mejorar la coordinación entre administraciones, revisar los incentivos actuales y apostar con más decisión por la vivienda pública.

 

Lo peor de esta propuesta no es su inviabilidad legal. Es su capacidad para distraer. Para convertir el debate en una cruzada identitaria, cuando en realidad debería ser una discusión sobre modelo económico. Mientras discutimos si un madrileño puede o no comprar piso en Yaiza, dejamos de hablar de lo esencial: cómo garantizar el acceso a la vivienda para quienes ya viven aquí, cómo equilibrar desarrollo y conservación, y cómo lograr que el crecimiento no sea sinónimo de expulsión. Mientras se demoniza al que llega, se protege al que especula.

La historia de Canarias, como bien dijo Toledo, está llena de imposibles, pero también de silencios cómplices. Porque lo verdaderamente imposible es defender una ley de residencia que excluye mientras se aplaude a quienes pactan con los nacionalismos más identitarios del Estado. Coalición Canaria, siempre tan presta a abanderar la diferencia, se suma ahora con entusiasmo a lo que el PSOE y Nueva Canarias ya abrazan con amor institucional: los postulados de Junts, los gestos de Esquerra y las demandas del PNV, que hoy son más que nunca socios íntimos del Gobierno. Nacionalismos, todos, pero unos más iguales que otros.