Desde el Comité de Empresa en la Consejería de Derechos, Igualdad, Diversidad y Juventud, queremos denunciar a los medios de comunicación y a toda la opinión pública el caos, tanto a niveles organizativos como de gestión, que se está produciendo en esta Consejería.
Tras la entrada al gobierno en calidad de Presidente de Ángel Víctor Torres (PSOE), la Consejera Noemi Santana Perera (PODEMOS) y Viceconsejera Genma M. Martínez Soliño, deciden paralizar aún más la gestión.
A pesar que a diario se vende en los medios de comunicación que todo está arreglado, que existe más presupuesto, que se ha contratado a personal, que informáticamente no existe problema, etc.. La cruda realidad es que el incremento de presupuesto ha ido destinado para personal de los diferentes ayuntamientos. El poco personal se vuelve a contratar por tiempo muy limitado con la denominación contractual de planes de choque o emergencia u acumulación de tareas, personal que no da tiempo ni de enseñar y están en un espació físico insuficiente, produciéndose hacinamiento.
La parte informática para resolver los diferentes expedientes es un caos, contratándose a diversas empresas privadas para parchear lo ya existente, sin poderse avanzar en la gestión.
Desde el mes de agosto/2019, se comprometieron a convocar las listas de sustituciones de todas las categorías laborales para poder cubrir las plazas vacantes y contratar a personal, seguimos esperando a día de hoy que se haga. Lo único que si han hecho es incrementar los cargos directivos, asesores, personal de confianza, etc.., personal que cobran unas cuantías desorbitadas y no pasan ningún proceso selectivo, es decir nombrados señalados a dedo.
La gota que colma el vaso, es la presentación recientemente de una modificación parcial y muy interesada de la Relación de Puestos de Trabajo, para favorecer principalmente a este colectivo mencionado a coste de suprimir unas 40 plazas de personal.
En cuanto a la Dirección General de Derechos Sociales dirigida por Sr. Jonas González, como dato más significativo, hemos de resaltar que en estos momentos existen más de 43.000 beneficiarios en Canarias de Pensiones no Contributivas (P.N.C.), las nuevas solicitudes de Jubilación están tardando casi un año en resolverse sus expedientes cuando la normativa establece un periodo de 3 meses máximo.
Las pensiones de invalidez más de un año y medio, ya que el Centro Base de Discapacidad que también depende de la misma Consejería, tardan unos 18 meses, en citar solamente a las personas para valorar si tienen el grado que se requiere para ser beneficiario de pensión por la modalidad de invalidez y para otros múltiples trámites administrativos.
No solo eso es lo triste, sino que, al no tener la plantilla de personal suficiente, no se pueden realizar las Revisiones Anuales de Pensiones, obligadas por Ley para comprobar que los perceptores siguen manteniendo los requisitos. La consecuencia de no cumplir estos plazos es que se llegan a quitar las pensiones y reclamar deudas de más de 15.000€ a personas que no tienen para comer y muchas de ellas ni siquiera donde dormir.
Las reclamaciones y revisiones de expedientes en nómina llevan un retraso de más de un año.
Seguirán incrementándose por la falta de múltiple personal y Técnicos, de recursos informáticos en general para realizar óptimamente el trabajo diario, teniendo que ingeniársela los propios trabajadores para poder sacar el trabajo adelante. Continuamente sufren enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo, presiones, etc.. Encontrándose los trabajadores continuamente desvalorados, desmotivados, y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones.
En la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción en la que existen aproximadamente más 9.000 beneficiarios caminamos continuamente hacia atrás.
Más de 1300 expedientes pendientes que han solicitado renovación desde octubre/19 sin resolverse a estas hay que sumarle más de 200 que hay que realizar manualmente con menores a cargo y especial vulnerabilidad, aparte de casi 1.000 solicitudes nuevas desde septiembre/19, reanudaciones sin resolver, hay que destacar que el silencio es positivo, lo que muchos ciudadanos no conocen. Aparte existen unos 800 recursos por resolver, competencia de la Viceconsejería, llegando hasta tal extremo que en la misma sección se resuelven los recursos de alzada, siendo juez y parte a la vez. Desentendiéndose la Viceconsejería al respecto.
Hay que destacar a todo ello que con la nueva modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, no se está cumpliendo con mantener la permanencia en el sistema de la Prestación después de agotar los 24 meses y no aplicándose el programa de integración (PAI), a todo el colectivo de vulnavilidad y con menores a cargo. Aunque la Sra. Viceconsejera Genma M. Martínez Soliño, cuantifica en aproximadamente 6.000 familias que podrán beneficiarse, la realidad es que con todo lo expuesto lo vemos muy crudo de poder ejecutarse.
Hablan de crear un ente, o lo que es lo mismo privatizar la gestión, posiblemente para colocar a sus más allegados y atrasar aún mas la gestión. Incumpliéndose la ley en este tipo de servicios. Cuando lo que realmente es necesario contratar personal estable en plantilla, por los procedimientos legales y trasparentes.
Por otro lado, la atención especializada que se está dando a los ciudadanos en las dependencias del antiguo hospital El Pino, están citando para más de dos meses, cuando se requiere a los ciudadanos por parte de la propia Consejería para tramitar sus expedientes documentos dándosele un plazo de diez días.
En toda la Dirección General del Menor se esta desmantelando los diferentes servicios, con el abandono a los usuarios de Protección y Medidas Judiciales, asi como en Adopción. El titulo o carnet de familia numerosa, tarda un año incluso para renovarse, perdiendo los derechos los ciudadanos, muchos de ellos económicos.
Las Escuelas Infantiles y Centros de Mayores, están abandonadas en todos los aspectos, careciendo de medios humanos y materiales, no dándose la atención que se merece los niños y mayores de nuestra sociedad.
El reconocimiento de la prestación o servicio de Dependencia y Discapacidad, tardan hasta tres años para llegar a la persona la ayuda solicitada, llegando muchos a fallecer desgraciadamente.
Para concluir lo único que esta realizando este Gobierno es reconocer lo mal que esta todo. Manifestar que todo va a cambiar, pero la realidad es que, desde el mes de agosto del 2019, todo ha empeorado aún más hasta la actualidad. Venden el incremento de presupuesto para Prestación Canaria de Inserción, Dependencia, etc.. que luego no pueden gastar y vuelve a las arcas del Gobierno. Lo necesario es incrementar plantillas en la RPT., estables para poder resolver más expedientes y repartir así el dinero llegando a las personas que lo necesitan.
Entendiéndose por este Comité que a la Sra. Consejera y a este Gobierno de Canarias, han tomado medidas unilaterales no importándole las personas que lo pasan mal en Canarias. Simplemente se acuerdan a la hora que tienen que depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni sus trabajadores.
