La dirección de los CACT compromete gravemente la seguridad de los Centros al reducir la vigilancia presencial en un 70% de media
Además, el nuevo servicio supondrá la destrucción del 70% del empleo asociado, si bien el pliego y la ley obligan a la subrogación de todo el personal, por lo cual acabará en los Tribunales
Lanzarote, 7 de septiembre de 2020.- El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote acusa a la dirección de los CACT de comprometer gravemente la seguridad de los Centros al reducir la vigilancia presencial en un 70% de media, llegando en algunos de los casos a su práctica desaparición.
Según explica el representante de CC-PNC en el Consejo de Administración, Samuel Martín, “acabamos de conocer las condiciones en las que se adjudicó el nuevo servicio de vigilancia de los CACT, que ha comenzado a operar este 1 de septiembre, y que la dirección calificó de excelente noticia por el ahorro que iba a suponer a las arcas públicas”. Sin embargo, recalca Martín, “lo que no nos contaron es que el nuevo servicio supone una reducción de la vigilancia presencial en los distintos centros de en torno a un 70%”.
Este hecho no solo compromete seriamente la seguridad de los CACT, si no que los nacionalistas consideran de dudosa legalidad en casos como el MIAC, por las obras de arte que alberga, “siendo el único que se entendía requiere de vigilancia las 24 horas del día, como hasta el pasado 31 de agosto y como así lo exige el pliego actual también”.
Con el nuevo servicio, centros como el Monumento al Campesino apenas tiene contratada media hora diaria de vigilancia, al pasar de 4.836 horas anuales, a 182. Otros como La Cueva de Los Verdes o el Mirador del Rio reducen su vigilancia en más de un 92%, pasando de más de 5.000 horas al año, a 365, o sea a una hora diaria, o Jameos y Jardín de Cactus, que con apenas 2 horas diarias también ven reducido su contrato en un 85%, pasando de más de 5.000 horas anuales a apenas 730.
De especial gravedad resulta la vigilancia del Islote de la Fermina, por su lógico aislamiento, que pasa de 5.292 horas al año a 255 horas. Es decir, apenas media hora diaria. Algo muy preocupante, señala CC, puesto que hay que recordar que los 2,5 millones de euros que en su día invirtió el Gobierno de Canarias, se perdieron cuando el Ayuntamiento retiró la vigilancia, y el Islote fue saqueado y destrozado, y lo mismo ocurrirá presumiblemente con los alrededor de 800.000 euros que ha invertido los CACT, si retiran la vigilancia como prácticamente ocurre.
El caso es que en el pliego de condiciones se especifican los horarios en que hay que “proteger” cada centro (se adjunta tabla expresa del pliego), que son exactamente los mismos horarios que se venían cubriendo, y que suponen un total de 44.435 horas al año para todos los centros.
De acuerdo con el precio de licitación (755.000 euros/año) el coste de la hora de servicio ascendería a 17 euros; sin embargo, y viendo las horas por las que finalmente ha sido contratada la nueva empresa, estas apenas suman 13.497 horas al año (se adjunta tabla expresa de lo contratado por los CACT), “entendemos que, atendiendo a su oferta y hemos de suponer que con arreglo a las confusas posibilidades alternativas de vigilancia no presencial que ofrece el pliego”, afirma Martín. Es decir, si se atiende al precio de adjudicación (618.944 euros/año), la hora presencial cuesta 45,85 euros, casi 3 veces más que los 17 euros/hora aparentes de la licitación.
“Desde CC no entramos de momento en la legalidad de la adjudicación o el rigor de un pliego de condiciones, cuando menos de dudosa interpretación, y que llevó a distintas empresas a recurrir el mismo por entender que era imposible cubrir las horas de servicio de vigilancia exigidas con el precio de licitación, si bien erraron al presentar un “recurso especial” para paralizar el procedimiento, como en cualquier otra administración, recurso que no cabe en los CACT, al nutrirse de fondos propios, de momento, y no de las arcas públicas”, señala el consejero nacionalista. Tal es así, añade, que a un servicio en teoría tan interesante para las empresas de este sector en el que existe tanta competencia, únicamente se presentó la que resultó adjudicataria y a la que solo se le ha contratado una “volumetría de horas de personal”, según la propia dirección de los CACT, en torno al 30% de las horas de vigilancia exigidas en el pliego, entendiendo que el resto de las horas se vigilará supuestamente por otros medios.
Por otra parte, no se entiende cómo el pliego recoge de manera expresa el listado de los 24 trabajadores que venían prestando ese servicio y la obligatoriedad de la subrogación de los mismos por parte de la nueva adjudicataria en consonancia con lo que marca la ley y, sin embargo, solo se les contratará y vigilará presencialmente por un 30% de las horas que venían prestando, para lo cual solo necesitan a 5 de esos 24 trabajadores con carácter fijo y otros 5 con un contrato parcial, que apenas sumarían una jornada laboral. Es decir, tal y como recalca Samuel Martín, “se destruirá en torno a un 70% de esos puestos de trabajo si nadie lo remedia antes, por lo cual, en torno a una quincena de trabajadores, con toda probabilidad, acabará en los Tribunales”.
