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El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pueda mejorar la situación de más de 32000 familias
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La previsión es que en los próximos cinco años se incorporen nuevos perfiles y se triplique la cobertura actual, aunque el gran cambio es que las ayudas serán estables siempre que la situación de exclusión se mantenga
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Es uno de los acuerdos a los que el Gobierno llegó con los agentes de las mesas de Concertación Social en los pactos firmados a principios de octubre
El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se convierta en una auténtica renta de ciudadanía que dé cobertura a más personas, como recoge la reforma del Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, y que el Ejecutivo ha consensuado a lo largo de estos dos últimos años con los sindicatos y empresarios más representativos del Archipiélago, en el marco de la Mesa de Concertación Social, cuyos acuerdos se firmaron el 3 de octubre de 2018.
“Estamos dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual, contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que fue la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una Renta Canaria de Inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias”, explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. La responsable del área destaca, además, “el importante esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá” a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en materia de políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras comunidades con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14 en el ámbito del Estado”.
En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, “si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción.
La nueva PCI es un modelo ensayado, claro, que incluye itinerarios hacia la inserción, por lo que se motiva y se prepara a los perceptores para salir del sistema de prestaciones sociales por sus propios medios. Aunque existen estadios previos donde aún no hay empleabilidad, estos dispone de cobertura y apoyo al tiempo que se facilita la mejora de las posibilidades de empleo mediante asesoramiento y formación, necesarios para recibir la prestación. “La diferencia entre la propuesta de Podemos y NC es que nosotros planteamos un compromiso entre dos partes: el administrado que necesita apoyo, y la administración que se la presta en diferentes ámbitos, tanto económico como formativo y de búsqueda de empleo. Ese compromiso es un itinerario personalizado de tiempo indeterminado que lleva a la integración social y laboral, mientras que una renta mínima garantizada, que no se basa en el compromiso de integración del perceptor de la renta no es sostenible”, afirmó la consejera.
Incremento de personal
Valido no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente “se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI”. Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la FECAM también dentro de los acuerdos de concertación social.
Por último, y en cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido insistió en que “todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas”, sin contar personal ni programas de inclusión.
Cobertura indefinida para familias en exclusión con menores a su cargo
En esta hoja de ruta que ya tiene preparada el Gobierno, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. “Entendemos que se trata del colectivo más vulnerable entre los vulnerables”, argumenta Valido. “Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que ya está en trámite parlamentario desde el 18 de enero de 2018, y que esperamos que se apruebe antes de mayo”, detalló la consejera.
Progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.
Nuevos perfiles: trabajadores en precario
Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).
En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.
La consejera destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.
“En definitiva -continua Valido-, con esta modificación y esta transformación de la Prestación de Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Esto quiere decir que permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo realmente importante y lo que significa el gran cambio”.
El Gobierno canario destina 3,3 millones para la realización de las elecciones autonómicas
El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aumentar en 1.279.368,40 euros el gasto específico para la contratación del escrutinio del proceso electoral previsto para las elecciones autonómicas previstas para el 26 de mayo de este año. Este concepto se incrementa así hasta los 2,1 millones desde la cantidad establecida a este mismo fin en el proceso celebrado en 2015, de 845.000 euros, lo que supone una partida global de 3.362.878,4 euros destinada al proceso electoral en 2019 en sus distintos conceptos.
En relación con ese aumento, el consejero José Miguel Barragán explicó que, en esta ocasión, y a diferencia de los últimos procesos electorales realizados, el Ejecutivo estatal optó por celebrar un acuerdo marco de cara a los próximos comicios autonómicos en el que se no incluyó a las comunidades autónomas, obligando así a que cada una de las que concurren a esta cita electoral licite lacontratación del escrutinio por su cuenta.
Ante esta situación, y en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, el Gobierno canario ha estimado necesario sacar a licitación dicho contrato mediante el procedimiento abierto por ser el que mejor que garantiza los principios de transparencia, proporcionalidad, relación con el objeto contractual y máxima concurrencia.
En pasadas citas electorales, el Estado había compartido con las comunidades autónomas las infraestructuras y otros elementos necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados, lo que se había traducido en un importante ahorro de costes entre ambas administraciones.
En todo caso, Barragán aclaró que la previsión presupuestaria no tiene por qué coincidir con el gasto real al tratarse de un tope que podría no agotarse por completo.
Esto es así porque en el caso de que la empresa ganadora de la licitación de ambas administraciones (la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado) resultara ser la misma, se podría compartir determinadas infraestructuras y elementos comunes, lo que finalmente podría traducirse en costes menores para la Administración canaria.
El Gobierno de Canarias legaliza una explotación ganadera ubicada en La Aldea de San Nicolás
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la legalización de una explotación de ganado vacuno ubicada en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás que hace la primera de este año y la número 45 de las legalizadas desde enero de 2016. Se trata de una explotación que cuenta con ganado vacuno.
Este tipo de procedimientos tienen como objetivo regularizar la situación urbanística en la que quedaron muchas granjas de este tipo en las Islas a consecuencia de los diferentes cambios normativos producidos que generan incertidumbre jurídica a sus propietarios, respecto a posibles obras de ampliación o mejora en la instalación.
Así pues, el Gobierno de Canarias inició un proceso de tramitación de aquellas cuya situación era más complicada, procedimiento complejo que es impulsado por la Dirección General de Ganadería y en el que participan además las direcciones generales de Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio.
La entrada en vigor de la Ley del Suelo ha acelerado estos procedimientos, ya que simplifica el trámite respecto a los usos permitidos y certifica un uso consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita.
En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9, mientras que en 2018, en sus primeros siete meses y ya con la Ley del Suelo en vigor, fueron 29, más del doble de las aprobadas en los dos años anteriores. Desde enero de 2016, por provincias, han sido 24 las que obtuvieron el título en la oriental (14 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 6 en Lanzarote) y 21 en la provincia occidental (17 en Tenerife y 4 en La Palma).
