En la primera jornada del juicio de Stratvs los concejales argumentan que todos los informes eran favorables
La primera jornada del juicio del caso Stratvs del lunes, día 19, sentó en el banquillo a diez acusados, entre ellos el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, a quien se acusa de un delito de tráfico de influencias, y para el que se piden tres años de cárcel, por llamar por teléfono al entonces concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez, en 2008 para interesarse por la licencia de actividad, que el promotor había pedido en 2005; y que, sin embargo, no se le concedió hasta tres años después de solicitarla.
El juicio continuará el próximo miércoles, con la declaración de los peritos y testigos señalados. El jueves está previsto que se lean las conclusiones y se deje visto para sentencia, un juicio que ha dado poco de sí, en cuanto a carga acusatoria.
Entre los acusados estaba el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza en pleno, que participó en la concesión de dicha licencia de actividad, el 20 de diciembre de 2008, cuando la bodega llevaba ya varios años construida, con una autorización para levantarse en el suelo rústico de La Geria, concedida en 1999 por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, cuando era el Ejecutivo Regional el competente para autorizar la obra en ese tipo de suelo protegido.
Entre los acusados que declararon el lunes figuran la alcaldesa Gladys Acuña (también diputada regional aforada), y los ya ex ediles Leonardo Rodríguez, Evaristo García, Juan Lorenzo Tavío y José Antonio Rodríguez.
En el caso de los ocho acusados que tomaron parte en la concesión de la licencia de actividad, que es el asunto principal que se enjuicia en esta pieza, tanto los concejales y la alcaldesa, como los técnicos que intervinieron, todos sin excepción, declararon que la licencia de actividad otorgada en diciembre de 2005 «tenía todos los informes favorables, y de no haber sido así, la licencia nunca se hubiera otorgado».
En su declaración, la alcaldesa Gladys Acuña, señaló que «nunca se hubiera concedido una licencia de actividad a esta bodega, sin esos informes favorables». Según Acuña, “en aquella época, cuando entramos a gobernar, después de ver la cantidad de problemas judiciales que tenía el Ayuntamiento, todos los concejales nos comprometimos a no otorgar ninguna licencia de nada, que no tuviera, de forma meridiana, todos los informes técnicos y jurídicos favorables”.
De este modo tanto la primera edil, como los otros cuatro concejales, la licencia de actividad se dio con cinco informes (la resolución del Gobierno de Canarias autorizando la construcción en suelo rústico, el informe de Actividades Clasificadas municipal, el de Actividades Clasificadas del Cabildo, el informe de Sanidad y el del Consejo de Aguas), todos positivos.
Por su parte, los técnicos acusados, los dos ingenieros y el secretario municipal insistieron en que su competencia no afectaba a materia urbanística, pues la resolución en esa materia era competencia del Gobierno de Canarias que era quien tenía las competencias en suelo rústico. Además, los dos ingenieros, en todo momento, declararon que su cometido era exclusivamente técnico y nada tenía que ver con la ordenación territorial o urbanística.