Patxi López presenta una ley contra abusos judiciales... pero San Ginés ya sufrió los del PSOE

S.Calleja

En el silencio solemne de un viernes parlamentario, el portavoz socialista Patxi López alzó la voz para defender lo que calificó como un paso crucial en defensa de la justicia. Una nueva ley para "impedir el acoso con acciones judiciales abusivas". En sus palabras, se trataba de poner fin al uso de los tribunales como arma arrojadiza. Pero el eco de esas declaraciones no resonó como él esperaba. En Lanzarote, una figura conocida, el senador Pedro San Ginés, debió esbozar una sonrisa amarga mientras hojeaba las páginas de aquel auto judicial que le otorgaba, por fin, la razón tras años de tormenta.

La propuesta del PSOE incluye limitaciones a la acusación popular basada en recortes de prensa, la recusación de jueces por declaraciones políticas y otras medidas que buscan evitar lo que López definió como "persecuciones judiciales". Pero, ¿acaso no fueron los mismos socialistas quienes, hace no tanto, hicieron de esta estrategia su principal herramienta política en Lanzarote? ¿No es este un espejo que refleja el cinismo de quienes ahora pretenden blindarse tras una normativa que ellos mismos desbordaron?

En 2019, cuando Dolores Corujo lideraba el Cabildo de Lanzarote, un huracán político-judicial se desató contra Pedro San Ginés, expresidente de la institución. Acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y fraude llenaron los titulares de la prensa regional. Se hablaba de contratos irregulares, favoritismos y oscuras maniobras legales. Pero detrás de este relato que pretendía teñir de escándalo su legado, el Supremo ha desvelado una verdad menos espectacular: la causa no tenía fundamento alguno. Como un protagonista de una novela de intriga, San Ginés pasó de ser un político destacado a un hombre acosado por sospechas, señalado por los medios y acorralado en los tribunales. Dolores Corujo, su adversaria política, manejó el caso con mano firme, apoyándose en un juez que, según el propio tribunal, fue apartado por actuar con parcialidad. Informes ocultos, pruebas desechadas y una estrategia basada en recortes de prensa completaron este oscuro capítulo que hoy, con el archivo definitivo del caso, se desploma como un castillo de naipes.

Resulta irónico, incluso teatral, que ahora el PSOE impulse una reforma para frenar lo que ellos mismos ejecutaron con San Ginés: la judicialización de la política como arma de destrucción personal. La reforma busca proteger a políticos, artistas y periodistas del supuesto acoso judicial orquestado por sectores que no comparten sus ideas. Pero, ¿dónde estaba esta sensibilidad cuando el propio San Ginés enfrentaba años de acusaciones infundadas? ¿Dónde quedó el respeto a la presunción de inocencia? En Lanzarote, el eco de este anuncio no suena a justicia, sino a cinismo. La misma fuerza política que utilizó los tribunales para derribar a un adversario, ahora busca blindarse frente a las mismas herramientas. San Ginés, en cambio, sigue esperando que alguien responda por el daño causado a su honor y a su trayectoria.

El caso San Ginés no es un relato aislado. Es una muestra del peligro que supone confundir justicia con política, de utilizar las leyes como un campo de batalla y no como un espacio para garantizar derechos. En este juego de espejos, el PSOE de Lanzarote parece haberse mirado a sí mismo y decidido, con prisa y sin pausa, cambiar las reglas antes de que estas se vuelvan en su contra. Patxi López, con su tono solemne, describió la nueva ley como un paso necesario para frenar abusos judiciales. Pero, ¿y los abusos políticos? ¿Quién responde cuando se instrumentalizan los tribunales para destruir adversarios? Es aquí donde la historia de San Ginés adquiere tintes literarios, porque más allá de los autos judiciales, esta es una crónica de hipocresías y verdades a medias, donde los protagonistas cambian de bando según les convenga.

Mientras Lanzarote sigue su curso, con sus vientos y sus mareas, el caso de Pedro San Ginés nos deja una lección que trasciende la política local. La justicia no puede ser un arma para dirimir diferencias ideológicas, ni los tribunales el escenario donde se saldan cuentas personales. Si algo nos enseña este episodio, es que quienes hoy manejan el martillo de la acusación, mañana pueden enfrentarse al yunque del archivo. Es momento de repensar el papel de la política en la justicia y viceversa. No solo en Lanzarote, sino en toda España. Porque si algo está claro es que las leyes, como los espejos, no solo reflejan a los demás, sino también a quienes las defienden. ¿Estamos listos para aceptar lo que vemos?