El PSOE señala la crisis habitacional en Lanzarote, pero su ley ahoga el mercado del alquiler y ayuda al "inquiokupa"
S.Calleja
En la reciente nota de prensa emitida por el PSOE de Lanzarote, su secretaria insular y Diputada en el Congreso, Dolores Corujo, arremete contra el aumento del número de viviendas vacacionales en la isla, señalando que desde que Oswaldo Betancort (Coalición Canaria) asumió la presidencia del Cabildo, las cifras de este tipo de viviendas han crecido un 51,8%. Según Corujo, este crecimiento descontrolado agrava la crisis habitacional que sufre Lanzarote, donde las familias destinan hasta el 70% de sus ingresos al alquiler, situación que, en sus palabras, es “insostenible e injusta”.
Corujo sostiene que la vivienda debe ser un derecho y no un privilegio, defendiendo las limitaciones establecidas en la nueva Ley de Vivienda para frenar la expansión de las viviendas vacacionales en los próximos cinco años. Sin embargo, el contexto y los efectos reales de esta ley pintan un panorama muy distinto.
A un año y medio de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, los efectos que se temían desde el sector inmobiliario y jurídico se han materializado. La oferta de alquileres se ha desplomado, los precios de los arrendamientos no han hecho más que subir, y la incertidumbre de los propietarios ha contribuido a que menos viviendas estén disponibles para el alquiler residencial. El acceso a la vivienda es, sin duda, un derecho fundamental, pero la implementación de esta ley ha sido un golpe tanto para los arrendadores como para los arrendatarios.
Los principales problemas derivados de esta legislación no se limitan a los altos precios de alquiler, sino que también afectan directamente a la ejecución de desahucios y a la protección de los propietarios frente a inquilinos morosos. Los procesos de desahucio se han convertido en auténticos laberintos burocráticos, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña, donde los grandes tenedores de propiedades deben enfrentarse a interminables trámites para recuperar sus viviendas, llegando a demorar hasta un año y medio en algunos casos.
La realidad es que, en muchas regiones, la falta de capacidad administrativa para gestionar los procedimientos de conciliación entre inquilinos y propietarios está llevando a que los propietarios, grandes y pequeños, prefieran no arriesgarse a alquilar sus viviendas. Lo que, en resumen, se traduce en menos oferta y precios más altos. Las políticas de vivienda mal diseñadas acaban generando el efecto contrario al que supuestamente buscan corregir, y el caso de Lanzarote no es una excepción. Las buenas intenciones del PSOE, al igual que la ley que defienden, han tenido un impacto perverso.
En un momento en el que las viviendas vacacionales representan una oportunidad económica importante para los propietarios de la isla, el ataque contra estas propiedades parece ignorar las raíces del problema. Lanzarote, como muchas otras regiones, necesita políticas que fomenten tanto el acceso a la vivienda como el desarrollo económico responsable, en lugar de alimentar una guerra política que solo perpetúa los problemas de aquellos que buscan un hogar.
La pregunta que surge es si realmente la vivienda en Lanzarote ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio, o si la interpretación que hace el PSOE de la situación contribuye a complicar aún más el escenario habitacional. Lo cierto es que, hasta ahora, los resultados de sus políticas no han logrado lo que prometieron.