martes, 21 mayo 2024

Operativo antifraude en Las Palmas: Segundo registro en SCS apunta a red de corrupción en plena COVID-19

EFE

PJ

 

En un giro cada vez más dramático para el Servicio Canario de Salud (SCS), la Policía Judicial, bajo órdenes de la Fiscalía Europea, llevó a cabo un nuevo registro en su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Este movimiento forma parte de una investigación que persigue esclarecer el destino de cuatro millones de euros, fondos que inicialmente estaban destinados a la compra de un millón de mascarillas 3M durante la pandemia de COVID-19, y que involucra directamente a Conrado Domínguez, exdirector del SCS, y a otros colaboradores.

La empresa RR7 United, de importación de coches y sin experiencia previa en suministros médicos, fue la adjudicataria de este contrato. Sin embargo, las mascarillas que intentaron importar nunca fueron entregadas, siendo bloqueadas por Aduanas al identificarse como falsificaciones. Pese a este incidente inicial, Domínguez autorizó a RR7 a intentar suministrar otro lote de mascarillas, que también fracasó en llegar a su destino.

La gravedad de la situación se intensifica al considerar que los fondos involucrados provenían de ayudas europeas, lo que justifica la intervención de la Fiscalía Europea. Los registros no solo buscan aclarar la naturaleza de estos fallos logísticos, sino también determinar la posible implicación de Domínguez y Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, en delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Este caso destapa una red más amplia de presuntos comisionistas y facilitadores, que incluye a Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín, y Oswaldo Lastras, quienes están siendo investigados por su papel en la operación fraudulenta. Este es el segundo registro en menos de un mes, lo que refleja la profundidad y urgencia de la investigación en curso.

El escándalo ha puesto en tela de juicio no solo la integridad de individuos claves dentro del SCS, sino también los mecanismos de supervisión y control de los fondos públicos, especialmente en situaciones de crisis como la pandemia. La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, ha confirmado que este es el segundo registro de este tipo, implicando un escrutinio continuo sobre las decisiones tomadas durante los primeros meses de la crisis sanitaria.

Este caso no solo afecta a las figuras principales ya mencionadas, sino que también alcanza a otros niveles administrativos y empresariales, señalando un posible fallo sistemático en la gestión de recursos críticos durante uno de los momentos más desafiantes para el sistema de salud pública.

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