sábado, 02 julio 2022

TODOS LOS CONDENADOS POR EL ASESINATO DE JUAN CARLOS TEJERA SIGUEN EN LIBERTAD Y UNO DE ELLOS HA VUELTO A DELINQUIR

 
FOTO DE DIARIODELANZAROTE
Es una información poco creible , pero muy cierta. Todos los condenados por el secuestro y asesinato de Juan Carlos Tejera siguen en libertad y  uno de los tres implicados ,además , sigue delinquiendo después que la   sección Primera de la Audiencia Provincial los condenara a 29 años de prisión.

 

Néstor David P.P, conocido en el ambiente policial como "el Tortilla", fue detenido haces unas semanas por ser protagonista de un atraco con secuestro en un joyería de Tacoronte, en el isla de Tenerife.

 

Según hemos podido conocer desde Lancelot Radio y el Pejeverde , "el Tortilla"  y sus compañeros  condenados por asesinato y secuestro se encuentran aún en libertad al haber recurrido la sentencia condenatoria que le castigó con casi tres décadas de cárcel. Esta sentencia se hizo pública el pasado 8 de noviembre de 2021.

 

Tras el conocimiento de esta noticia, se ha generado gran estupor y malestar entre los lanzaroteños pues ahora conviven con la inseguridad de saber que una persona condenada por asesinato, presuntamente peligrosa, esté libre a pesar de tener sentencia firme y siga cometiendo delitos.

 

El crimen

 

Hay que recordar que los acusados, J.C.C.H., N.D.P.P., A.D.D., J.A.D.R., A.E.G.G., y T.R.R., actuando de previo y común acuerdo, viajaron en los meses anteriores al crimen (a excepción de los tres últimos, con residencia en Lanzarote), al menos en el mes de Febrero de 2015, a la isla de Lanzarote desde Tenerife, realizando tanto la entrada como la salida de la misma, de forma escalonada, en grupos de dos personas y generalmente con localizadores diferentes para no poder ser relacionados entre sí y a efectos de llevar a cabo los hechos objeto de las presentes actuaciones.

 

Para hacerlo, tal y como señala el escrito de la Fiscalía, contaban con una estructura organizativa en la isla que les facilitaba las comisión de distintos hechos delictivos, que realizaban en vehículos alquilados en la misma isla por alguno de sus miembros y actuando con una extrema violencia y golpeando a sus víctimas, después de inmovilizarlas, para evitar una posible defensa por su parte,.

 

De esta manera, “sobre las 23:35 horas del día 12 de Marzo de 2015, los investigados, puestos de previo y común acuerdo, procedieron con ánimo de acabar con la vida de J.C.T.A., o a sabiendas de que podían ocasionarle la muerte, a interceptarlo en el garaje de su domicilio, situado en Arrecife, atándolo de pies y manos, evitando así cualquier tipo de resistencia que pudiera oponer la víctima y a propinarle fuertes golpes por diversas zonas del cuerpo, depositándolo posteriormente en el asiento trasero de su propio vehículo”.

 

Posteriormente, lo trasladaron hasta la zona de la escombrera de Montaña Mina de Arrecife, dejándolo en una cueva, que habían acondicionado a tales efectos, durante los días previos al día de los hechos.

 

Antes, había vigilado a la víctima, “haciendo uso para ello de un dispositivo de geo localización, que habían colocado en su vehículo y que permitía mantenerlo localizado en todo momento, a través de una página web”.

 

La autopsia del cadáver revela que J.C.T.A. sufrió en vida heridas diversas, un traumatismo craneoencefálico severo por múltiples contusiones de muy alta intensidad, contusiones simples de menor intensidad, fracturas y lesiones  de diversa índole. Como consecuencia de todos los golpes, realizados “con plena conciencia de aumentar el padecimiento de la víctima, causándole un sufrimiento y dolor intenso e innecesario para llevar a cabo sus objetivos”, sufrió “traumatismo craneoencefálico severo, con fracturas múltiples y afectación vascular intracraneal, que después de un periodo agónico prolongado, le llevaron a la muerte entre el 13 y el 15 de Marzo de 2015”.

 

En el momento de su fallecimiento, J.C.T.A., contaba con cuatro hermanos y sus padres, así como su pareja sentimental, quienes reclaman el ejercicio de cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderles por estos hechos. La Fiscalía reclama para ellos una indemnización de 120.000 euros, además de los correspondientes intereses legales incrementados en dos puntos.

 
 
 
 
 
 
 
 
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