El PP acusa al Cabildo y al Gobierno de Canarias de “vapulear” al sector vitivinícola de la isla
El Partido Popular considera intolerable la gestión que están llevando a cabo el Cabildo y el Gobierno de Canarias respecto al Plan de la Geria. Y es que, en contra de lo que se dijo en su día, finalmente la anulación del documento ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Para la consejera del Grupo Popular, Saray Rodríguez, “no es de recibo lo que está ocurriendo en la isla en materia de ordenación del territorio” y que, en el caso del Plan de la Geria, ahora resulte que “nadie sabe nada” cuando hace apenas un mes Cabildo y Gobierno de Canarias se sentaron en una mesa para coordinar los asuntos pendientes en materia de planeamiento.
“Tanto se ha vapuleado al sector vitivinícola con este plan que lo mínimo que se les exige es coordinación y máxima transparencia, y más cuando este tipo de acciones suponen dilatar en el tiempo la ordenación de un espacio y un sector esencial para la economía insular”.
Saray Rodríguez se pregunta “qué confianza pueden tener los ciudadanos de esta isla en un gobierno que actúa a sus espaldas, que dice una cosa y hace la contraria”. “Bastantes golpes y zarandeos ha recibido ya el sector durante los años que ha durado la tramitación de este plan, como para recibir ahora una nueva bofetada del Cabildo y del Gobierno de Canarias”.
La consejera del Partido Popular insiste en que “engañar, parece que se nos ha engañado a todos”, aunque es cierto que “la máxima deslealtad se ha producido con el Consejo Regulador, con los agricultores y bodegueros”.
“Es difícil de creer que el Gobierno de Canarias no informara del recurso a ninguno de los integrantes del grupo de gobierno del Cabildo cuando incluso son del mismo signo político”. “De ser así, más incomprensible resulta que el Presidente no se haya pronunciado todavía y que no se hayan exigido responsabilidades ante un hecho tan grave”.
Para Rodríguez, es evidente que se ha actuado con “nocturnidad y alevosía” y denuncia que “esta forma clandestina de actuar es intolerable en la administración pública”. Los populares consideran que la Consejería de Política Territorial del Cabildo debe tomar cartas en el asunto para esclarecer lo ocurrido y determinar porqué se cambió de criterio respecto a no recurrir la anulación del Plan dictaminada por el TSJC.
