El fantasma del caso Unión marca el juicio a San Ginés: cómo la instrucción de un juez puede desactivar una querella por falso testimonio
Gustavo Valiente/Europa Press
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el juicio contra el senador autonómico de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, acusado de presunta denuncia falsa y falso testimonio. El proceso, que hunde sus raíces en la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote durante la etapa del socialista Carlos Espino, ha pivotado en su recta final sobre un detalle procesal determinante: quién dio el primer paso en la acusación que acabó arruinando a la empresa del ya fallecido Antonio González.
Para la acusación particular —ejercida por los hijos del empresario— y para el Ministerio Fiscal, San Ginés acudió a las autoridades con el ánimo deliberado de faltar a la verdad. Sin embargo, la última sesión del juicio ha arrojado una testifical que amenaza con enfriar las expectativas de una condena y rebajar los ánimos de victoria judicial en el entorno socialista.
El requerimiento de Pamparacuatro: el escudo de la defensa
El punto de inflexión de la vista oral llegó con la comparecencia de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su testimonio apuntaló la principal línea de defensa del senador: no hubo una cruzada personal, sino obediencia a un mandato judicial en el marco del estallido del caso Unión.
Tal y como recoge en su cobertura Lancelot Digital, "El juez César Pamparacuatro fue quien diligenció a la Guardia Civil que se entrevistara con San Ginés en relación con el conocido como caso de las cocinas de Los Jameos del Agua". Este matiz es fundamental. En derecho penal, el delito de denuncia falsa exige una intencionalidad maliciosa y espontánea. Si San Ginés actuó bajo la "diligencia" de un juez instructor que ya investigaba una macrocausa de corrupción en la isla, la tesis del ataque político premeditado contra Espino pierde tracción jurídica.
Según detalla el citado medio, los agentes precisaron en el Supremo que "acudieron al domicilio de San Ginés por orden del magistrado para tomarle declaración en la sede de la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades cometidas por Carlos Espino". Esta versión fue corroborada en la sala por la periodista Pilar Martínez, quien testificó haber presenciado un encuentro previo entre el juez instructor y el entonces futuro presidente del Cabildo.
La autoría de la denuncia formal
El segundo pilar de la defensa de San Ginés busca desvincularlo de la formalización de los cargos que mantuvieron años de calvario judicial para los acusados originales. A su salida de la vista, en declaraciones al programa Café de Periodistas, el senador reiteró su postura.
La crónica de Lancelot Digital resume esta estrategia argumental: "El testimonio del Guardia Civil refuerza la versión de San Ginés: él no presentó denuncia contra Espino ni contra el empresario Antonio González. Su papel se limitó a trasladar información al juez de la documentación que tenía recabada, incluso antes de estar como Presidente del Cabildo. Posteriormente, el Consejo de Administración de los Centros Turísticos presentó la denuncia".
Un fallo de complejas aristas
A pesar de la contundencia de los testigos de la defensa, el Tribunal Supremo tiene ahora la compleja tarea de dictar sentencia sopesando todas las pruebas. El alto tribunal deberá dilucidar si, independientemente de quién firmara la denuncia final en el Consejo de Administración, la información original que San Ginés facilitó a los agentes diligenciados por Pamparacuatro fue entregada con conocimiento de su falsedad —como sostiene la acusación— o si, por el contrario, fue una entrega de indicios documentalmente respaldados en el marco de su deber cívico y político.
El desenlace de este caso no solo decidirá el futuro penal y político del senador, sino que cerrará uno de los capítulos más agrios de la judicialización de la vida política lanzaroteña.