El Gobierno de Canarias reclama como suyo terreno en La Bufona
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, según información de Canarias7, se ha dirigido a la Gerencia del Catastro en Las Palmas para solicitar que se inscriba a su nombre las superficies que este departamento expropió en 1985 en el ámbito del Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, para duplicación de las carreteras LZ-2 y LZ-3.
Se da la circunstancia de que los terrenos en liza, que ocupan 8.479 metros cuadrados, siguen constando en el Catastro como propiedad de la promotora Brisa Inversiones, que incluso vendió parte a la cadena Supermercados Marcial. Cabe recordar que los cambios de nomenclatura en la inscripción catastral conllevan lo propio en el Registro de la Propiedad, lo que afecta directamente a la propiedad del suelo.
Dentro del proceso penal que se sigue en el caso de la venta de esta urbanización, presuntamente construida en parte sobre suelo rústico, propiedad de la familia Murillo, la Fiscalía ya imputó en 2005 un delito de usurpación a los promotores. El Ministerio fiscal esgrimió un informe corroborado por Dirección General de Ordenación del Territorio, donde se hacía constar que la urbanización ocupa dominio público expropiado por la Dirección General de Carreteras para citada la ampliación de la LZ-2.
El nuevo paso en este largo proceso, con la solicitud de la Comunidad Autónoma para que se inscriban los citados terrenos a su nombre, se debe a la actuación en 2015 del Diputado del Común, tras las quejas de los denunciantes del caso La Bufona. Aunque el Gobierno contestó afirmativamente a la petición en septiembre de ese año, lo cierto es que no llevó a cambio la inscripción y fue requerido nuevamente, para que lo hiciera, a lo que ahora se ha avenido el departamento.
Otra de las consecuencias de la inscripción de estos terrenos a nombre de la Comunidad Autónoma es que deja sin efecto la agrupación de fincas que dieron lugar a la que se expropió para desarrollar el plan parcial La Bufona. Los promotores Federico Echevarría y Antonio Caro ya fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio.