Alguien en Arrecife borró más de dos mil multas con un clic — y lo hizo durante diez años sin que nadie preguntara nada

Patrulla de la Policía Local de Arrecife al atardecer frente al Reducto. Foto: Elpejeverde.com

S.Calleja

Hay una frase que todo funcionario aprende el primer día: cada decisión deja un rastro. Desde una licencia de obra menor hasta una multa de tráfico, la administración pública funciona sobre una premisa de hierro llamada trazabilidad. Cada acto tiene un decreto. Cada decreto tiene un firmante. Cada firmante tiene un nombre. Sin ese rastro, la gestión pública no es gestión pública: es una caja negra.

En el Ayuntamiento de Arrecife, esa caja negra existió durante diez años.

Lo que hoy investiga la Fiscalía de Las Palmas no es un error informático fortuito que alguien no supo corregir a tiempo. Es, supuestamente, una arquitectura del favor digital. Una red de accesos, claves y silencios que permitió la desaparición de más de dos mil sanciones de tráfico y dejó un agujero económico de alrededor de 600.000 euros en las arcas de la ciudad. Seiscientos mil euros que no llegaron. Multas que alguien decidió que no existían. Y nadie, al parecer, preguntó nada.

Para entender cómo fue posible que esto ocurriera durante tanto tiempo hay que mirar hacia atrás. Hacia 2016. En aquel entonces, bajo la alcaldía de José Montelongo y la posterior llegada de Eva de Anta, el departamento de Infracciones comenzó a gestionar un volumen de sanciones que, sobre el papel, debía suponer un ingreso constante para la ciudad. Durante esos años, y los posteriores bajo el mando de Ástrid Pérez, por las áreas de Hacienda, Tráfico y Policía Local han desfilado nombres como David Duarte, Inodelvia Delgado, Samuel Martín, Cristina Duque o Jacobo Lemes. A pesar de los constantes cambios de responsable, el goteo de multas anuladas sin expediente administrativo se mantuvo supuestamente inalterable. Se convirtió en una práctica que sobrevivió a legislaturas, a crisis de gobierno y a relevos de concejal. Como si hubiera encontrado la manera de ser invisible para todos.

Piensa en la última vez que pagaste una multa de tráfico en Arrecife. Quizás fue una parada indebida. Quizás un semáforo en ámbar que juzgaste mal. La pagaste porque te llegó en casa, porque sabías que no pagarla tiene consecuencias, porque así funciona el Estado de derecho. Pues bien: mientras tú pagabas religiosamente, alguien al otro lado de una pantalla — supuestamente, desde la planta noble del propio Ayuntamiento — podía hacer desaparecer la deuda de otro con un simple clic.

Sin decreto de alcaldía. Sin expediente administrativo. Sin rastro.

El análisis de los ingresos por sanciones revela algo que debería indignar a cualquier contribuyente de esta ciudad: mientras la actividad de la Policía Local en la calle se mantenía estable o incluso crecía en determinados periodos, la recaudación real sufría fugas constantes. Y los años de mayor sangría económica coincidían, según los datos de la auditoría, con los momentos de mayor inestabilidad política: los cambios de concejal, las transiciones de gobierno, los periodos en los que la guardia baja porque todos están mirando hacia arriba y nadie está mirando la pantalla.

Resulta escalofriante que, según los datos conocidos, hasta siete funcionarios diferentes tuviesen permisos de superusuario en el sistema CGI para borrar expedientes de forma definitiva. Sin necesidad de una segunda validación. Sin el visto bueno de un superior. Sin que Intervención o Tesorería exigieran el correspondiente soporte legal. En cualquier administración moderna, la segregación de funciones es sagrada: quien pone la multa no tramita, quien tramita no anula, quien anula no tiene esa potestad sin una cadena de autorizaciones. En Arrecife, ese muro no existía.

Una clave de acceso. Un ratón. Cientos de miles de euros borrados.

En este panorama de sombras, la figura de Yonathan de León aparece como el elemento que rompió la inercia. Y hay que decirlo con claridad, aunque incomode a quienes prefieren el relato simple: fue el actual alcalde quien detectó en septiembre de 2025 que algo no cuadraba en los registros, quien encargó la auditoría y quien puso todo en manos de la Fiscalía. Lejos de enterrar el problema — como habría sido tan sencillo de hacer — decidió abrirlo de par en par. Su citación como testigo es, precisamente por eso, la de alguien que destapó el melón, no de quien lo fabricó.

Lo ocurrido en Arrecife guarda paralelismos incómodos con la hemeroteca nacional. Casos como las multas borradas en Gijón en 2021 o las tramas de la Operación Enredadera en 2018 ya mostraron cómo el control de los sistemas de tráfico es el epicentro preferido para el clientelismo político. La diferencia aquí es que el rastro digital ha sido más persistente que la voluntad de ocultarlo.

Este escándalo atraviesa mandatos y siglas. Los nombres que han pasado por las áreas implicadas durante estos diez años son de procedencias políticas diversas. No es, por tanto, el problema de un partido. Es el problema de una cultura institucional donde el control fue durante demasiado tiempo un trámite decorativo.

La Fiscalía deberá determinar si los siete funcionarios actuaban por inercia, por instrucción ajena o en beneficio propio. Eso es su trabajo y hay que dejar que lo haga. Pero mientras la justicia avanza, hay una pregunta que los vecinos de Arrecife tienen todo el derecho a hacerse: ¿cuántas veces más puede una administración mirarse al espejo sin ver lo que hay detrás?

Arrecife merece una respuesta. Y merece saberla completa.