Caraballo exige luz y taquígrafos para una reforma que el Gobierno ha tenido nueve meses en el cajón
Pejeverde
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, ha denunciado hoy en el pleno el uso “abusivo e injustificado” de esta figura para modificar, una vez más, la Ley de Cambio Climático y la Ley del Suelo. El grupo nacionalista progresista optó por la abstención en la convalidación del Decreto Ley 5/2024, exigiendo que se tramite como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas.
La cronología de este despropósito legislativo es reveladora. En 2024, NC-BC ya advirtió de que la reforma anterior se hizo “de un plumazo”. Los temores se confirmaron cuando la Comisión Bilateral Canarias-Estado detectó indicios de inconstitucionalidad e invasión de competencias. Aquel acuerdo, publicado en abril de 2025, otorgaba un plazo de nueve meses —hasta este mismo febrero— para subsanar los errores.
Sin embargo, el Ejecutivo de las “dos derechas”, como lo define Caraballo, ha dejado pasar el tiempo sin activar la vía ordinaria, recurriendo de nuevo a la urgencia en el último suspiro. Caraballo ha sido tajante: el cambio climático es uno de los mayores retos de las islas, junto a la presión poblacional, y no puede despacharse con instrumentos legales excepcionales que hurtan el debate parlamentario. Mientras para el Gobierno el decreto es una solución técnica, para la oposición es la prueba de que el pacto CC-PP ha convertido en habitual lo que debería ser extraordinario. Canarias sigue esperando una ley rigurosa, pero de momento solo recibe parches de última hora.