Nueva Canarias avisa a los rebeldes: “Renuncien al acta si se van”

Pejeverde

Nueva Canarias (NC) ha cruzado el umbral de la advertencia diplomática y ha decidido plantarse. En un comunicado firmado por su secretario de Organización, Carmelo Ramírez, el partido canarista acusa abiertamente a los cargos electos que respaldan la creación de una nueva formación de estar incurriendo en un "caso flagrante de transfuguismo político" si no renuncian a sus actas.

La crisis, que lleva meses gestándose de forma soterrada, ha estallado en público con este posicionamiento oficial. El detonante: el avance imparable del “partido de los alcaldes”, liderado por el actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Esta nueva plataforma, integrada por más de una decena de partidos locales nacionalistas, ya ha sido registrada ante notario y se encuentra en proceso de inscripción en el Ministerio del Interior.

Desde NC se sostiene que los cargos que participan activamente en actos públicos de este nuevo proyecto —y que incluso han promovido su fundación en redes sociales y medios— deben asumir las consecuencias de su decisión. Ramírez no se anda con rodeos: si se marchan, deben entregar sus actas, pues mantenerlas es “ética y democráticamente inaceptable”.

El mensaje es nítido y viene a blindar el control de la dirección nacionalista en un momento clave del mandato 2023-2027. El comunicado apela al respeto por los programas electorales pactados y la estabilidad institucional, a la vez que acusa implícitamente a quienes se van de deslealtad y oportunismo político.

NC anuncia que convocará a su órgano nacional para analizar el alcance de esta desbandada. En el trasfondo, hay algo más que siglas: hay poder local, estructuras consolidadas en muchos municipios y una batalla por la legitimidad del canarismo político fuera del área metropolitana. El órdago de Teodoro Sosa no solo tensiona a NC, también redefine el mapa nacionalista de Canarias.

El divorcio está consumado. Ahora empieza la disputa por la custodia de los cargos públicos.