Escombrera de Argana Alta: una lucha vecinal contra la ilegalidad y el abandono institucional
Pejeverde
Desde hace casi dos décadas, los vecinos de los barrios de Argana Alta, Manejes y Altavista, situados en la isla de Lanzarote, han vivido bajo la sombra de una preocupación constante: la escombrera de Argana Alta. Aunque su actividad fue declarada ilegal en 2006 y, posteriormente, el Juzgado nº 3 de Arrecife dictaminó la demolición de sus instalaciones en 2015, la realidad es que hoy, en 2025, la industria sigue funcionando como si nada hubiese ocurrido.
El caso ha vuelto a sobrevolar el panorama político gracias a Yoné Caraballo, diputado de Lanzarote y La Graciosa, y actual presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). Durante una comisión parlamentaria, Caraballo lanzó preguntas directas al consejero de Medioambiente y Transición Ecológica, Hernández Zapata, del Partido Popular. La cuestión clave: ¿qué medidas concretas piensa tomar el Gobierno de Canarias para poner fin a esta actividad ilegal que amenaza tanto la salud como el bienestar de cientos de familias?
Caraballo expresó su indignación recordando la falta de acción por parte de las autoridades locales, principalmente el Ayuntamiento de Arrecife, al que acusa de adoptar una actitud de pasividad ante las reiteradas denuncias vecinales. “La actividad que lleva a cabo esta industria no sólo está contraviniendo la ley y un dictamen judicial, sino que pone en riesgo la salud pública de los vecinos”, afirmó el diputado. Las situaciones que describió son alarmantes: una empresa funcionando de forma ilícita desde hace casi 20 años y unos barrios expuestos al daño medioambiental sin que nadie tome cartas en el asunto.
Las palabras de Caraballo subrayan también un grave problema administrativo. Según el diputado, las sanciones y el cierre pendientes se han visto entorpecidos por errores burocráticos gravísimos, y ni siquiera la intervención del Seprona ha logrado avanzar el proceso, ya que el Ayuntamiento de Arrecife no ha enviado los informes necesarios para proceder a clausurar las instalaciones. “Es insólito que el grupo de gobierno del PP y Coalición Canaria se lave las manos”, añadió, denunciando lo que considera una clara inacción por parte de los responsables locales.