Caso Koldo: los audios que complican la posición de Torres en el ministerio
Dolores Corujo y Angel Victor en FITUR Madrid 2024. Foto Elpejeverde.com
PJ/ Calleja
Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente del Gobierno de Canarias, se encuentra en el ojo del huracán mediático y judicial en relación con el “caso Koldo”, una investigación de corrupción que envuelve a la trama de contratos millonarios adjudicados durante la pandemia. Aunque Torres no ha sido imputado, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no lo ha señalado como responsable, la cadena de mensajes y contactos en los que aparece mencionado ha generado una fuerte presión política y mediática, reavivando las críticas sobre su rol en las contrataciones públicas.
Según los datos recabados por la Guardia Civil, uno de los puntos críticos de la investigación fue un audio enviado por Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, a Torres el 17 de agosto de 2020. En este mensaje, García le propuso al entonces presidente canario la posibilidad de contratar los servicios de Eurofins Megalab para realizar PCR a viajeros en vuelos a Canarias. Esta propuesta, que involucraba al empresario Víctor de Aldama, pieza clave en la trama, buscaba abrir una nueva vía de negocio para la red mediante contratos de emergencia en medio de la pandemia, cuando la detección de covid era un servicio prioritario en las islas.
El mensaje de Koldo García y la posterior interacción de Torres con los representantes de Eurofins Megalab han suscitado dudas sobre la influencia que este tipo de comunicaciones pudieron tener en las decisiones del Gobierno de Canarias. Apenas una semana después de aquel primer audio, Torres recibió en su despacho a Nacho Díaz, un representante del laboratorio, quien le solicitó el contacto del consejero de Sanidad canario para avanzar en el proyecto de las pruebas PCR. Torres respondió con rapidez y proporcionó el contacto solicitado, pero añadió que "había hablado con [Salvador] Illa" —entonces ministro de Sanidad—, sugiriendo que estaba gestionando esta posibilidad a distintos niveles. Esto ha sido interpretado por algunos como un signo de colaboración o, al menos, de apertura hacia la propuesta presentada por García en nombre de la red de Aldama.
A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha obtenido pruebas de que los intermediarios de la trama Koldo buscaban explotar su cercanía con altos cargos para lograr beneficios económicos. Este esquema incluía solicitudes directas de contactos de otros funcionarios de alto nivel. El empresario Aldama, por ejemplo, llegó a pedir a García los números de teléfono de figuras como la vicepresidenta Teresa Ribera, Nadia Calviño, y Reyes Maroto. Los investigadores han destacado que, aunque Torres no está acusado de irregularidades directas, estos nexos podrían sugerir que la red aprovechó el contexto de la pandemia para intentar influir en las políticas canarias, con la complicidad de ciertos asesores cercanos.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, Torres ha negado tajantemente cualquier implicación en decisiones que favorecieran a la trama y ha defendido su gestión durante la pandemia como transparente y dentro de los márgenes legales. Ante las acusaciones, Torres ha señalado que no dio "ninguna orden para contratar" a las empresas de la trama Koldo y que su papel en las conversaciones fue meramente institucional, limitado a canalizar la información que le presentaban en su calidad de presidente del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, la presión mediática sigue aumentando. El diario El País, que habitualmente se muestra afín al PSOE, ha informado sobre los audios y mensajes, mostrando que el caso se ha vuelto un asunto de interés público con tintes de controversia. La publicación de estos detalles ha avivado las críticas de la oposición, que insiste en que Torres debe aclarar su papel en los contratos otorgados a empresas vinculadas a Aldama y Koldo García.
Este caso se suma a otros escándalos de corrupción relacionados con contratos públicos durante la pandemia, donde la urgencia y la falta de supervisión en los procesos de licitación dieron pie a numerosas irregularidades en distintas comunidades autónomas. Mientras la investigación avanza, el entorno político de Torres y su imagen pública parecen quedar en una posición delicada, entre la necesidad de transparencia y la sospecha de favoritismos en momentos críticos.