Eva de Anta y los intereses moratorios: 4 millones más por no cumplir con la justicia
PJ
La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no deja lugar a dudas: el Ayuntamiento de Arrecife tendrá que abonar 4 millones de euros adicionales en intereses moratorios, derivados de la inacción del anterior gobierno socialista liderado por Eva de Anta. La noticia llega como una espada de doble filo, revelando el impacto de las decisiones (y las indecisiones) políticas que, a lo largo de tres décadas, han marcado uno de los casos de expropiación más costosos para los ciudadanos de Arrecife.
Este proceso tiene su origen en los años 90, cuando un gobierno local del PSOE decidió expropiar el solar junto al Charco de San Ginés. Las cifras fueron creciendo conforme avanzaban los años, desde los 31 millones iniciales establecidos en 2006 hasta los 20 millones acordados finalmente en 2016. Sin embargo, con Eva de Anta al frente de la alcaldía en 2019, los problemas se agravaron: su falta de acción para saldar la deuda resultó en una condena por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que elevó el interés moratorio del 3% al 5%. El coste de este incremento de intereses por su gestión inadecuada se traduce en una penalización de 4 millones de euros que Arrecife ahora debe cubrir.
Con la llegada de Astrid Pérez (PP) a la alcaldía en 2019, se implementó un plan de pagos, aprobado por la Justicia, que permitió mitigar el impacto financiero. Esta propuesta, respaldada incluso por concejales del PSOE ahora en la oposición, como Cristina Duque, supuso un respiro para las arcas municipales, al reducirse el tipo de interés a un mínimo del 0,41%. Así, en octubre de 2019, se evitó un incremento mayor de los intereses que, durante años de inacción, alcanzaron cifras desorbitantes.
El fallo del TSJC del pasado 3 de octubre de 2024 ha cerrado este largo proceso, estableciendo que Arrecife aún debe abonar 6.058.024 euros, después de haber satisfecho gran parte del principal y los intereses. Este último pago se considera un epílogo amargo para los habitantes de Arrecife, quienes han visto cómo las malas decisiones políticas y la falta de diligencia de las administraciones pasadas se traducen en una factura que deberán afrontar por mucho tiempo.