El PSOE y sus socios tumban la comisión sobre el Tito Berni
EFE
La Junta de Portavoces del Congreso, reunida este martes a mediodía, ha tumbado la comisión de investigación propuesta por el PP para esclarecer lo ocurrido en el caso Mediador. Un acuerdo entre el PSOE, ERC y EH Bildu ha frustrado la intentona de indagar en sede parlamentaria hasta dónde llegó el uso de la Cámara Baja en una trama de mordidas con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, señalado como uno de los principales cabecillas.
Según la investigación judicial, el Tito Berni, aprovechando su rol de diputado, hacía visitas guiadas por el Congreso a empresarios de los que después, presuntamente, cobraba comisiones por contrataciones con la administración pública. Esas reuniones terminaban en comidas que, en ocasiones, se alargaban y terminaban en prostíbulos. La semana pasada, tanto ERC como Bildu remarcaron la necesidad de aclarar el caso, sin cerrar la puerta a respaldar la comisión de investigación, pero un pacto 'in extremis' con el PSOE ha decantado la balanza.
La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha adelantado que su grupo estaba trabajando con ERC y PSOE para investigar «también» las obras en entredicho de doscientos cuarteles de la Guardia Civil. Después, su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que el pacto con el Gobierno, incluido Unidas Podemos, supone: una comisión de investigación sobre esas presuntas irregularidades en dependencias de la Benemérita, que los implicados en el caso Mediador comparezcan en comisiones ya existentes y que se acelere la relativa a la operación Cataluña.
Esas dos comparecencias se han producido antes de la reunión de la Junta de Portavoces. Justo después ha comparecido en la misma sala de prensa el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, quien ha negado tajantemente que vaya a haber comisión de investigación alguna. Según él, lo acordado con ERC y Bildu es una dinámica «mucho más ágil» para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y los «afectados» comparezcan en la Comisión de Interior o en la comisión de calidad democrática.
La diferencia es clave, dado que los citados a una comisión de investigación tienen la obligación legal de asistir —aunque pueden después eludir las preguntas de los diputados—, mientras que los llamados por cualquier otra comisión no tienen por qué hacerlo. Además, cuando terminan los trabajos de una comisión de investigación se emite un dictamen con conclusiones; algo que por supuesto no sucede tras una comparecencia en una comisión ordinaria.
«Cada vez es más evidente que lo que algunos azuzaron como caso Mediador para atacar al PSOE se ha convertido más en el caso Cuarteles. Como queremos saber la verdad en ambos casos, creemos que es mucho más ágil utilizar las comisiones ya existentes», ha justificado López. El diputado socialista, además, ha afirmado que no tiene sentido establecer una comisión de investigación sobre casos judicializados porque los citados pueden acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar la defensa. Un argumento que desmonta casi todas las comisiones de investigación.
Aizpurua, sin embargo, hablaba por la mañana de «una investigación más amplia» y subrayaba que «no se pueden generar espacios de opacidad». «Nos parecía muy difícil votar no a una investigación en torno a esto», reconocía Rufián. Ambos portavoces, para defender su postura, han criticado que fuese el PP el propulsor de la iniciativa por sus casos de corrupción en el pasado. Algo «sorprendente» para Aizpurua y para Rufián, directamente «kafkiano».
Sea cual sea la intención de ERC y Bildu, lo cierto es que el PSOE ya aleja una comisión de investigación que, además, es casi imposible que sume los apoyos de la derecha al poner el foco en la Guardia Civil y no en lo sucedido en el Congreso con un exdiputado como protagonista. «La mayoría del Gobierno y sus socios han tumbado la comisión sobre el Tito Berni. Un caso que tenía un centro de operaciones, esta cámara, y un cabecilla, un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Impunidad con impunidad se paga», se ha quejado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.