El Gobierno de Canarias eleva al Consultivo la Ley de Servicios Sociales
Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, presentó en el día de ayer el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales al Consejo de Gobierno, donde se ha tomado en consideración y se ha decidido elevarlo al Consejo Consultivo para su dictamen por trámite de urgencia. La consejera señaló en la rueda de prensa posterior que se pretenden cumplir los plazos comprometidos en el Parlamento de Canarias para aprobar el citado Proyecto de Ley. Esta conllevara que después del verano el texto pasara al Parlamento Canario.
Valido remarco que “se ha trabajado muy rápido para incorporar las preinscripciones de los servicios jurídicos han realizado a este anteproyecto de Ley” y matizó que “son todos muy técnicos”.
También recordó que la actual Ley de Servicios Sociales data del año 1987 y “ya no responde a los servicios que existen actualmente de ahí que se necesite una nueva ley que de estabilidad”.
La consejera explicó que el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias configura un sistema integrado de todos los recursos disponibles de atención a personas. Por otro lado, Valido resaltó que recogerá la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas del Sistema público de servicios sociales que incluirá las prestaciones de servicios a las que los ciudadanos tendrán derecho, entendido como un derecho subjetivo que será exigible ante las administraciones públicas.
En cuanto a la tramitación por urgencia, consideran que debe ser así “para cumplir los plazos comprometidos ante el Parlamento de Canarias para aprobar el Proyecto de Ley” y atendiendo al interés en que la norma comience su tramitación parlamentaria en el siguiente periodo de sesiones de actual legislatura.
Añadió que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha cumplido con los trámites preceptivos, entre ellos, la lista de evaluación, lugar donde se analiza el impacto normativo y financiero del anteproyecto de Ley y se evalúa el impacto de género, el empresarial y el de familia, infancia y adolescencia, así como los tramites de información pública; el de audiencia concedido a los cabildos insulares, ayuntamientos y organizaciones y entidades representativas de interés económico y social.