El Tribunal Supremo ratifica la pena de cárcel a tres acusados de Proselan
El interventor de Arrecife, Carlos Sáenz; así como el técnico Rafael Arrocha y el empresario José Daniel Arrocha, han sido condenados por el Tribunal Supremo (TS) a cuatro años y medio de cárcel, por el caso Proselan, consistente en una trama de facturas falsas con un desfalco de 250.000 euros.
La sentencia, con José Manuel Maza como ponente, considera a los tres encausados responsables directos de un delito continuado de malversación de caudales públicos al Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito continuado de prevaricación. Es decir, se coincide en la base con el fallo de enero de 2016 adoptado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras la vista celebrada en Arrecife en fechas de noviembre y diciembre de 2015; si bien se rebaja ligeramente el peso de la condena, pues de inicio se condenó a los tres señalados a cinco años y tres mes de ingreso penitenciario.
La modificación viene impuesta «por la aplicación al caso del nuevo artículo 77 del Código Penal, que establece las penas cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro, sin que la suma pueda exceder de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito», según fuentes del Alto Tribunal.
En su momento los jueces vieron probados los argumentos del Ministerio Fiscal, entendiendo probada la existencia de una trama, hablando de la «concertación» de los acusados para quedarse con el dinero, aduciendo que los indicios «solo pueden apuntar a un previo acuerdo», extremo que las defensas intentaron rebatir durante el juicio.
La condena se basa en servicios no prestados al Ayuntamiento, pero sí cobrados, en 2008 y 2009, por la empresa Proselan, con facturas elaboradas y presentadas por el acusado José Daniel Hernández, «con perfecto conocimiento de que las mismas no se correspondían a la prestación de servicio alguno».
La sentencia sometida a casación cabe recordar que incluyó la obligación de devolver el dinero desfalcado a las arcas capitalinas. Además, Proselan fue declarada responsable civil subsidiaria, debiendo esta entidad hacer frente a un pago de algo más de 126.600 euros. Estos abonos no han sido objeto de rectificación en el fallo emitido en Madrid.
La investigación se debió a la denuncia hecha por el que fuera alcalde, Enrique Pérez Parrilla; y los ediles socialistas Isabel Pereyra, Loly Rodríguez, Víctor Betancort, Alberto Morales, Víctor Sanginés y José Montelongo.