lunes, 25 noviembre 2024

CC-PNC y patronal coinciden en que el Gobierno de Canarias debe poner “ya” sobre la mesa un plan para afrontar la crisis económica y social

 

Los nacionalistas mantienen una reunión de trabajo con las asociaciones empresariales de Canarias para presentarles su Plan Social y Económico para Canarias

 

CC-PNC inicia una ronda de contactos con sectores para presentar el documento nacionalista que, con más de 130 medidas, persigue minimizar la crisis económica y la pérdida de empleos

 

Canarias a 20 de abril de 2020.-

 

Coalición Canaria-PNC mantuvo en la mañana de hoy una reunión con representantes de CEOE Tenerife y de la Confederación de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria para trasladarles el contenido del Plan para el Futuro Social de Canarias (https://bit.ly/3a32t4L); un documento que recoge más de 130 medidas que tienen por objetivo minimizar el impacto de la crisis económica y social provocada por el COVID-19 y acelerar la recuperación para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

 

En el encuentro, en el que estuvieron presentes por parte de CC-PNC su secretario general nacional, José Miguel Barragán, el coordinador del documento nacionalista y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, el secretario general insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez y la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Rosa Dávila, los nacionalistas detallaron el contenido y objetivos de este plan que ha sido elaborado contando con la participación de expertos, representantes de los distintos sectores productivos y líderes nacionalistas con experiencia en el gestión pública y que plantea que para mantener los servicios públicos y ayudar a los más desfavorecidos es necesario cuanto antes iniciar la recuperación de la economía y el empleo, garantizando así los ingresos públicos de nuestra Comunidad.

Por parte de la patronal estuvieron presentes Eduardo Bezares y José Carlos Francisco, secretario general y presidente de CEOE Tenerife, respectivamente, y el presidente y secretario de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara y José Cristóbal García García, así como María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, quienes destacaron la oportunidad del documento nacionalista y la necesidad de que “cuanto antes” Canarias cuente con un plan de acción, consensuado, debatido y respaldado por toda la sociedad, para afrontar la dura crisis económica y social que se avecina tras el levantamiento del estado de alarma.

Durante el encuentro, se pudieron analizar tanto el documento nacionalista como el plan elaborado por el sector empresarial, ambos aportados al Gobierno con espíritu de aportar ideas, medidas e iniciativas que minimicen el impacto económico y social de la crisis generada por el COVID-19 así como la necesidad de que el proceso de “desconfinamiento” social y de la actividad económica pueda darse de forma asimétrica no solo en el Estado sino también en Canarias “siempre que se tomen las garantías sanitarias oportunas”.

Tanto CC-PNC como la patronal entienden que compete al Gobierno de Canarias la articulación de un plan post COVID-19 así como su diseño y contenidos y recalcaron que “no se puede tardar más” y debe ponerse sobre la mesa “cuanto antes” para sentar las bases de una urgente recuperación económica.

Desde la patronal se requirió la necesidad de que ese plan que debe impulsar el Gobierno debe incorporar medidas de “choque” que supongan un estímulo inmediato a la economía que deben combinarse con un “plan de impulso” que haga posible que la economía comience poco a poco pero de forma continúa a activarse.

En este sentido, el líder nacionalista recordó que el pasado miércoles el presidente canario, Ángel Víctor Torres, anunció un gran pacto para Canarias “pero han pasado seis días y seguimos sin un proyecto; sin una hoja de ruta, sin un documento de mínimos y sin un método planteado sobre cómo articular ese pacto” y recordó que “en este caso, no valen titulares; la realidad a la que nos enfrentamos necesita hechos y trabajo”.

Durante el encuentro, los nacionalistas esbozaron el contenido de su Plan Social y Económico para Canarias que tiene una cuantificación de unos 2.500 millones de euros y un horizonte temporal de dos años (mayo de 2020 a mayo de 2021). Esa inversión se repartiría entre los 1.000 millones (de los 1.500 que debe el Estado a Canarias por sentencia firme -incumplimiento convenio Carreteras) a los que se suma 500 millones de los 1.700 millones en remanentes de tesorería que las corporaciones locales canarias tienen en los bancos y que gestionados por esas administraciones, sumarían recursos, gestión y esfuerzo y 1.000 millones créditos ICO al 0% de interés.

 

Los nacionalistas defienden en el documento elaborado que aunque tanto Madrid como Bruselas deben articular planes y medidas especiales para Canarias atendiendo a sus singularidades, nuestro REF y nuestro Estatuto y la condición de región ultraperiférica “no podemos esperar por el Gobierno central o por la UE” y es necesario, por tanto, “·que con nuestras herramientas y recursos Canarias comience a hacer su tarea, a tomar decisiones y medidas que nos permitan luego, cuando llegue esa financiación extra desde fuera, se termine de acelerar nuestra economía”. Una tarea que corresponde al Gobierno de Canarias “que cuanto antes debe poner sobre la mesa el contenido de ese gran pacto anunciado”.

El secretario general nacional de CC-PNC recordó a la patronal que este trabajo se remitió la pasada semana al Gobierno canario que aún no lo ha respondido ni valorado y a lo largo de esta semana será expuesto no solo a la patronal, en la reunión mantenida hoy, sino también a los sindicatos (miércoles) y a representantes del tercer sector (jueves). “Entendemos”, prosiguió Barragán, “que nuestra responsabilidad como principal partido de la oposición es sumar en la búsqueda de soluciones; el momento de la crítica no es ahora” ya que “en estos momentos lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro, y cada uno desde su ámbito de responsabilidad, aportar para superar cuanto antes y con el menor daño social y económico esta situación”. El líder nacionalista valoró también muy positivamente el esfuerzo realizado por la patronal que ha aportado al Gobierno un paquete de medidas en el mismo sentido.

Del debate y análisis de ambos documentos salieron propuestas de mejora que los nacionalistas incorporarán como la necesidad de trabajar en la modernización de la administración pública, continuando con el trabajo puesto en marcha la pasada legislatura, o de permitir la licitación de obra pública; algo que técnicamente es posible al poder realizarse de forma telemática y que permitiría ir ganando tiempo en procesos administrativos y que permitiría inyectar, a través de la inversión pública, dinero en la economía.

Por su parte, los nacionalistas en su encuentro con la patronal de ambas provincias expusieron que “para sobrevivir en los próximos dos años, hay que tomar decisiones ya; hay que buscar recursos financieros y procedimientos ágiles para ayudar a los ciudadanos para mantener los servicios públicos y ayudar a los más desfavorecidos es necesario cuanto antes iniciar la recuperación de la economía y el empleo, garantizando así los ingresos públicos de nuestra Comunidad”.

El plan nacionalista, que contiene medidas generales, medidas por sectores, a medio y largo plazo, busca que las consecuencias sociales y económicas sean coyunturales, y duren lo menos posible, y no permanentes. Así, “nuestra intención”, apuntó el líder nacionalista, “es que las distintas medidas de carácter general y sectorial vayan `apuntalando´ la actividad de los distintos sectores y actividades económicas para que el daño económico y en el empleo sea el menor posible y, al mismo tiempo, combinarla con acciones y medidas sociales que permitan, ‘dar sostén’ a quienes han resultado más dañados por la crisis para “acompañarlos” en la salida de la misma; hasta que sus empleos se recuperen y hasta que logremos volver a situación previa a la aparición del COVID-19”.

Durante la exposición del documento, el senador Clavijo explicó que con los 2.500 millones de inyección que prevé este trabajo “pretendemos dinamizar a los diferentes sectores económicos de la economía canaria para, de manera sectorial, pero también general, poder frenar la destrucción de empleo en algunos sectores y potenciar la generación de empleo, la cohesión social y la riqueza para así evitar una recesión que genere pobreza y desigualdad”.

Como coordinador de este trabajo, Fernando Clavijo recordó que los principales protagonistas de esta propuesta “son los canarios” y por ello, desde CC “planteamos un conjunto de medidas que posibiliten la protección de las familias y hogares más vulnerables, las que han sufrido un mayor impacto en su economía por la crisis sanitaria: y a las que no podemos dejar atrás ni olvidadas bajo ningún concepto”.

De entre las más de 130 medidas, Clavijo destacó varias; complementar durante dos años, de manera extraordinaria, las pensiones no contributivas en Canarias, equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI); establecer una Renta Básica Ciudadana no condicionada el Estado de Alarma vigente que pueda ser concedida de forma rápida y directa por el Gobierno de Canarias, sustituyendo así cualquier otro tipo de ayuda cuyo tiempo de tramitación compromete la supervivencia de personas y familias dependientes; y organizar con los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias una Red Logística de Abastecimiento que entregue una Cesta de Primera Necesidad a las familias que se vean afectadas por la crisis y carezcan de ingresos suficientes para adquirir productos básicos de alimentación. A ello, se sumaría, que durante los ejercicios 2020 y 2021, se apruebe la bonificación del 50% de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para todas aquellas personas con más de cinco años de residencia en Canarias y la suspensión del pago de las hipotecas, así como de los intereses, para aquellos trabajadores y trabajadoras, pymes y autónomos que pierdan sus empleos, formen parte de un ERTE, o se vean obligados a paralizar o suspender su actividad económica.

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