El Partido Popular de Yaiza lamenta que el gobierno municipal haya rechazado sus propuestas para conseguir un “IBI más social”
El Gobierno municipal de Yaiza ha rechazado todas y cada una de las alegaciones que el Partido Popular había presentado ante el Ayuntamiento tras la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora que determina la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en la que se solicitaba entre otros aspectos una reducción de la cuota para acercarla al mínimo legal del 0,40%, respetando para ello los criterios de estabilidad presupuestaria.
El documento con las alegaciones fue registrado por el presidente de los Populares de Yaiza, Salvador Martínez, pues aunque el Partido Popular no tiene representación en la corporación que dirige Gladys Acuña, el objetivo de los populares es “utilizar todos los cauces a su alcance para canalizar las iniciativas que supongan mejoras sustanciales en la calidad de vida de los vecinos del municipio a los que nos debemos”.
“En este caso concreto, entendíamos que la propuesta del grupo de gobierno de rebajar del 0,75 % a 0,65% la cuota tributaria del impuesto para los bienes urbanos, para compensar la subida de los valores catastrales, era y es a todas luces claramente insuficiente”, apunta Martínez , quien reclama para Yaiza “una política impositiva más social y acorde a la realidad de muchísimas familias que siguen en una situación económica muy delicada”.
En esta línea, los populares también pedían la inclusión de bonificaciones por familia numerosa o situación de exclusión social; por instalación de energías renovables cuando no fuera obligatorio por imperativo o causas técnicas de la edificación; así como una rebaja del importe en caso de domiciliación del recibo.
Salvador Martínez destaca la “escasa sensibilidad social” que ha mostrado el gobierno municipal al rechazar todas estas propuestas y recuerda que hay otros ayuntamientos de la isla, como el de Tías, que sí “han realizado un esfuerzo presupuestario muchísimo mayor para, en momentos como el actual, donde se vislumbra un cierto auge de crecimiento en nuestra economía, poner a disposición de los vecinos mayor capacidad de consumo, vía reducción de impuestos”.
Además, es importante dejar claro que la ponencia de valores aplicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Yaiza, que alcanza un coeficiente de actualización obligatorio del 1,10, “ha sido debido, única y exclusivamente, a la dejación de funciones del propio Ayuntamiento. No en vano, la actual ponencia de valores data del año 1999”.
Por este motivo, los Populares de Yaiza consideraban que, dentro del marco de estabilidad presupuestaria, el equipo de Gobierno “debería buscar alternativas para conseguir una rebaja mayor y poder aminorar la carga tributaria que ya soportan de por sí los vecinos”. Sobre todo porque, tal y como asegura Salvador Martínez, “la situación económica del municipio no se vería comprometida porque el proceso de legalización de numerosas construcciones ya existentes generará un superávit extraordinario para el municipio”.
Algo que, a la vista del documento definitivo que se ha aprobado y el rechazo a todas las propuestas de bonificación, no entra dentro de los objetivos de los actuales responsables municipales.
PROPUESTAS DE BONIFICACIÓN
Los Populares sureños fundamentaban las bonificaciones, en el principio de protección a la familia y el derecho a una vivienda digna, proponiendo que “los sujetos pasivos titulares de unidades familiares o parejas de hecho, ambas numerosas, o personas en riesgo de exclusión social acreditada titulares de un único inmueble podrían solicitar una bonificación del 20 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, de aplicación al ejercicio siguiente al de la solicitud”.
Para ello tendrían que acreditar mediante documento oficial la condición de familia numerosa y, en caso de riesgo de exclusión social, igualmente previo informe de Servicios Sociales.
Entre los requisitos figuran que los solicitantes sean titulares de pleno derecho del inmueble y estén empadronados en el mismo; que los solicitantes o cualquier miembro de la unidad familiar, no sean propietarios de ningún otro inmueble o solar; o que los solicitantes acrediten que los ingresos de la unidad familiar no superen dos veces el salario mínimo interprofesional.
Desde el Partido Popular también se pedía una bonificación del 20% de la cuota íntegra del impuesto para aquellos sujetos pasivos titulares de inmuebles que hayan realizado una implementación paulatina de energías renovables, pero que no hayan sido obligados por razones técnicas de edificación.
Y en el tercer supuesto se pedía una bonificación del 5%, para los sujetos pasivos que domiciliaran el pago de los recibos. Una opción que no aparecía en la propuesta inicial del Ayuntamiento y que, curiosamente, aparece como incorporada al documento definitivo que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.