El pleno del Cabildo respalda la declaración institucional suscrita por todos los presidentes cabildicios, a excepción del de Gran Canaria, sobre el reparto del IGTE
El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó durante la sesión ordinaria celebrada hoy viernes apoyar la declaración institucional sobre el reparto de los fondos del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE), firmada en el Parlamento de Canarias el pasado 22 de octubre por los presidentes de todos los Cabildos canarios, a excepción del de Gran Canaria. Esta propuesta de Presidencia contó con los votos favorables de CC, PIL, PSOE, PP y Nueva Canarias; la abstención de Podemos y Somos Lanzarote y el voto en contra de Ciudadanos.
En dicha declaración, los presidentes cabildicios acordaron "desplazar el debate sobre la titularidad de esos fondos adicionales obtenidos por la no compensación del extinto IGTE para insistir en la oportunidad que representan para desarrollar sendos programas de desarrollo insular, del empleo y la inversión, financiados con el importe de la totalidad de dichos fondos".
Además se especifica que "para la financiación de dichos programas se atenderá a la especial situación" de las islas no capitalinas, "así como al nivel de desempleo que cada isla soporta", proponiendo "que el 90% de los fondos aportados se distribuya según la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias y el 10% restante en función del número de parados de cada isla".
En este sentido, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, restó importancia "al nombre que se le dé al reparto siempre y cuando respete el espíritu de la triple paridad".
La declaración institucional recoge además que "los Cabildos se encargarán de la ejecución de dichos programas de desarrollo insular del empleo y de la inversión en coordinación con los municipios de cada isla, de forma que ayuden a la cohesión territorial y al empleo local".
Asimismo incluye "proponer el carácter plurianual de dichos programas, acordados conjuntamente con el Gobierno de Canarias, que permita un impulso sostenido del empleo en cada isla", debiendo tener "una duración de 10 años, con evaluación de ejecución anual y de impacto quinquenal".