Clavijo avisa de que irá al Supremo si el descuento del 75% se aplica a la tarifa bonificable y no a la tarifa regular del billete
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este jueves de que irán al Tribunal Supremo (TS) si el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantiene el borrador del segundo Real Decreto (RD) en el que el descuento del 75 por ciento a residentes¡ se aplicaría a la tarifa bonificable y no a la tarifa regular del billete como recoge la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
Clavijo explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que si bien Canarias va a "agotar la vía del diálogo", si Ábalos "persiste en esa actitud", el Ejecutivo regional se verá "obligado en impugnarlo en el TS" al entender que se vulnera un "derecho recogido en la ley de PGE de 2018" donde se expone que el descuento "es del 75 por ciento, de carácter permanente y aplicado en la tarifa regular".
Todo ello después de apuntar que lo que "parecía que era un error, un mal entendido, queda claro que no es ningún mal entendido, sino una maniesta y clara voluntad" del Gobierno central de aplicar el descuento del 75 por ciento a residentes a la tarifa bonicable y no a la tarifa regular.
En este sentido, el presidente canario matizó que la "diferencia básica" entre una y otra tarifa se encuentra en que en el caso de la bonicable el Ministerio puede poner un tope para bonificar, es decir, si decide que la tarifa bonicable es de 100 euros "cuando el billete cueste 100 euros o menos se aplicará el 75 por ciento pero si el billete cuesta 200 euros, el descuento del 75 por ciento va a ser solo para 100 euros y no para los 200 euros", mientras que si se aplica a la tarifa regular el descuento del 75 por ciento "se aplicará sea cual sea el precio --100, 200, 300 euros--".
Actualmente el descuento del 75 por ciento a residentes que se aplica es sobre la tarifa regular, como deende el Gobierno canario y tras acordar su inclusión en los PGE de 2018, sin embargo el borrador del RD quiere "facultar al ministro de Fomento o a la ministra de Hacienda para dictar en el ámbito de sus respectivas competencias las disposiciones que sean precisas para la aplicación en lo establecido en este RD".