Astrid Pérez recuerda la auténtica indecencia del Gobierno central al exprimir a las víctimas de la inquiokupación
Presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez
Pejeverde
Para la inmensa mayoría de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar las llaves y el control de su casa, el problema de la okupación suele verse como una desgracia ajena. Un mal trago que, desde la barrera, parece limitarse a cambiar cerraduras, lidiar con la policía y gastar dinero en abogados. Sin embargo, existe una realidad paralela mucho más cruda, un secreto a voces que se ha convertido en una auténtica pesadilla burocrática para las víctimas: una trampa legal donde no solo pierdes tu propiedad, sino que además eres castigado por el propio Estado.
El laberinto funciona así. Desde hace años, la Agencia Tributaria considera que si tienes una vivienda, esta genera riqueza. Si te la okupan o un inquilino decide dejar de pagar y atrincherarse dentro (la conocida "inquiokupación"), Hacienda te exige seguir declarando en tu IRPF esos ingresos "ficticios" o una "imputación de rentas". Para librarte de tributar por un dinero que jamás has cobrado, el Estado te obliga a embarcarte en un complejo, costoso y lentísimo proceso judicial.
Este calvario se ha vuelto aún más agónico desde la entrada en vigor de la polémica Ley de Vivienda aprobada por el actual Gobierno de España (PSOE, Sumar, Podemos e IU). Al dilatar enormemente los plazos y los requisitos para ejecutar un desahucio, el propietario se ve forzado a sostener esta sangría fiscal durante años mientras el okupa reside gratis en su inmueble.
Eso es exactamente lo que ha recordado hoy a través de una nota de prensa la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez. La líder de los populares ha puesto el grito en el cielo ante este despropósito, calificando de "auténtica indecencia" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de mantener esta obligación tributaria sobre las víctimas.
"Estamos ante una política que penaliza al propietario dos veces", ha relatado Pérez, poniendo voz a la desesperación de los afectados. "Primero, cuando pierde el control de su vivienda o deja de cobrar su alquiler, y después cuando viene Hacienda y le exige tributar por unos ingresos ficticios, que no ha percibido. Es simplemente injustificable y un disparate más a los que nos tiene acostumbrados el gobierno de Sánchez".
La dirigente insular del PP ha cargado duramente contra la realidad paralela en la que vive el Ejecutivo y el "negacionismo" de la izquierda, acusándoles de minimizar un drama que arruina a pequeños ahorradores. "Mientras algunos tienen la desfachatez de decir que la ocupación no es realmente un problema, hay propietarios que están viviendo auténticos dramas personales asumiendo costes legales y económicos durante años", subrayó.
Las consecuencias de esta asfixia legislativa, advierte Pérez, ya están golpeando al mercado inmobiliario. Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, el paquete de medidas de Moncloa ha generado una huida masiva de propietarios por la total inseguridad jurídica, retrayendo la oferta de alquiler y disparando los precios. El diagnóstico de Astrid Pérez es claro: el mercado no se arreglará hasta que el Gobierno deje de criminalizar a quienes cumplen la ley y actúe con firmeza frente a quienes la vulneran.