Lanzarote: a disposición del juzgado la abogada que habría maquillado expedientes de inmigración con contratos ficticios
Pejeverde
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Arrecife, detuvieron este 14 de octubre a una abogada por su presunta implicación en un entramado de contratos de arrendamiento falsos destinados a favorecer la inmigración irregular. La investigación se enmarca en los controles habituales de la Oficina de Extranjería.
La indagación arrancó al detectarse incoherencias en documentación presentada para tramitar reagrupaciones familiares. Entre enero y abril de 2025, los agentes revisaron más de una treintena de expedientes y hallaron indicios de falsificación sistemática de contratos de vivienda.
Según la versión policial, la detenida actuaba como representante legal de los solicitantes. Habría utilizado su condición profesional para dar apariencia de legalidad a documentos que acreditaban medios habitacionales que, en realidad, no existían, con el fin de eludir los controles en materia de extranjería.
Los investigadores subrayan la gravedad de los hechos por el supuesto abuso de la confianza inherente al ejercicio de la abogacía. Tras la práctica de diligencias, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía Nacional recuerda que mantiene vigilancia activa para garantizar la legalidad de los procedimientos de inmigración y evitar su instrumentalización mediante prácticas ilícitas.
La persona detenida goza de la presunción de inocencia hasta que exista resolución judicial firme.
Casos similares en España
En los últimos años, se han destapado en distintas provincias tramas con abogados, gestores y funcionarios que falsificaban contratos de alquiler, nóminas y empadronamientos, o simulaban parejas de hecho/matrimonios para obtener permisos de residencia. Operativos relevantes: Valencia (nóminas falsas con participación de un letrado), Melilla (facturas manipuladas para renovar residencia), Marbella (red con contratos y empadronamientos ficticios y bodas de conveniencia), Alicante (empadronamientos masivos e informes municipales alterados), Toledo–Madrid–Guadalajara (macrotrama con gestorías y despachos, cientos de expedientes), Cataluña (parejas de hecho ficticias) y Palafrugell (contratos falsos para reagrupación). La mayoría de causas siguen en instrucción, con detenidos en libertad con cargos; si hay condena, las consecuencias suelen incluir prisión, multas e inhabilitación profesional según la gravedad y los delitos probados.