Canarias y Gobierno central acuerdan un decreto urgente para repartir menores no acompañados
Pejeverde
Lanzarote y el resto de Canarias han arrancado 2025 con un panorama sombrío, marcado por la llegada masiva de pateras y una creciente saturación en los recursos de acogida. Ante esta realidad, la reunión de hoy jueves entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado un respiro de esperanza al lograr avances significativos en un acuerdo para la derivación de menores no acompañados a otras comunidades autónomas.
Clavijo ha anunciado que en diez días estará listo un decreto ley "puntual" para repartir a estos menores por el resto del territorio español. Este mecanismo, que evitará la necesidad de modificar la Ley de Extranjería, no busca establecer un sistema permanente, sino actuar de manera inmediata para desahogar los recursos canarios, que actualmente atienden a más de 5.800 menores en situación de vulnerabilidad.
El texto, que ha contado con el respaldo del lehendakari Imanol Pradales (PNV) y del Gobierno de Ceuta, se basa en principios de solidaridad y corresponsabilidad territorial, aplicados a través de indicadores claros: población, PIB per cápita, tasa de desempleo, y el número de menores acogidos por cada comunidad en los últimos cinco años. En tres meses, se espera que este sistema redistributivo permita reducir significativamente la presión en Canarias.
La reunión llega tras semanas de desencuentros entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Clavijo había reprochado la falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras Torres defendía que el diálogo había sido constante. Estas tensiones reflejan la urgencia de una situación que no admite más dilaciones. Canarias no puede seguir asumiendo sola el impacto de la crisis migratoria que, desde hace meses, desborda sus capacidades.
El martes, Torres había expresado sus dudas sobre la viabilidad legislativa del mecanismo propuesto por Canarias, pero la gravedad de los acontecimientos ha inclinado la balanza hacia el decreto ley como respuesta inmediata. Este instrumento legislativo contará con la mayoría parlamentaria necesaria, gracias al apoyo ya confirmado del PNV y, previsiblemente, de Junts.
Un enero trágico para Lanzarote y las Islas Canarias
El contexto no deja lugar a dudas sobre la necesidad de este acuerdo. Solo en los primeros días de enero, Lanzarote ha registrado un número alarmante de llegadas de pateras, un indicio de que la crisis migratoria que marcó 2024 no solo persiste, sino que se agrava. Las imágenes de menores agotados, desorientados y en condiciones precarias han vuelto a ocupar las portadas, recordándonos la urgencia de una solución colectiva.
Este flujo migratorio incesante no solo pone a prueba la capacidad logística y humanitaria de las islas, sino que también amenaza con fracturar el equilibrio político y social si no se abordan las raíces del problema. Canarias, como puerta de entrada a Europa, no puede ser el único punto de contención de un fenómeno que requiere una respuesta conjunta y coordinada de todo el país.
El acuerdo alcanzado este jueves es un paso en la dirección correcta, pero no puede ser el único. La crisis migratoria seguirá siendo un reto mientras no se fortalezcan los sistemas de cooperación internacional, se controle la trata de personas y se gestionen las políticas migratorias con una perspectiva global y solidaria.
Canarias ha dado un golpe sobre la mesa, exigiendo que su papel como región fronteriza sea entendido en su justa medida: no como un problema exclusivamente local, sino como una responsabilidad compartida por toda España. Este decreto ley no solo aliviará temporalmente la presión sobre las islas, sino que sentará un precedente de corresponsabilidad territorial, un concepto que debe guiar cualquier política migratoria futura.
El drama de los menores no acompañados es un recordatorio doloroso de las fallas en los sistemas de acogida y distribución. Lanzarote, con su terrible inicio de año, nos pone frente a una realidad que ya no se puede ignorar. La solución no es un acto de caridad, es una cuestión de justicia.