El agravio comparativo que sufren los canarios frente a las comunidades con lengua cooficial
S.Calleja
En España, la realidad de las oposiciones públicas refleja una disparidad flagrante que pone a los canarios en una posición de desventaja respecto a los ciudadanos de comunidades con lenguas cooficiales. Mientras que un catalán, un gallego, un vasco o un balear cuenta con una ventaja inherente al dominar desde su nacimiento una lengua adicional que es requisito indispensable para trabajar en sus territorios, los canarios, en su propia tierra, no cuentan con ninguna medida que equilibre la balanza a su favor. Este hecho, además de ser una injusticia evidente, constituye un agravio comparativo que no podemos seguir tolerando.
En Cataluña, por ejemplo, el dominio del catalán es un requisito excluyente para acceder a plazas públicas, incluidas las sanitarias. Esto significa que un médico canario que aspire a trabajar allí debe aprender y certificar un nivel avanzado de catalán, mientras que un catalán que quiera trabajar en Canarias no enfrenta más que los méritos habituales de cualquier oposición, sin barreras adicionales. La misma situación se repite en Galicia, donde el gallego es obligatorio, y en el País Vasco, donde el euskera es una exigencia para numerosas plazas. En estas comunidades, la lengua cooficial actúa como un filtro que protege las oportunidades laborales de sus residentes, algo que en Canarias, con su carácter históricamente acogedor, no sucede.
Es inconcebible que Canarias, con su lejanía geográfica, su insularidad y sus características únicas, no haya implementado medidas similares para proteger a los suyos en un sistema que claramente favorece a quienes tienen una lengua cooficial como ventaja estructural. Si en Cataluña el catalán garantiza que un porcentaje altísimo de plazas queden para sus residentes, ¿por qué no establecer en Canarias criterios específicos que prioricen a los nacidos y formados aquí? No se trata de crear barreras discriminatorias, sino de equilibrar el terreno de juego en una competición laboral que, a día de hoy, está claramente inclinada en contra de los canarios.
El argumento de los sindicatos Asamblea7Islas y SICS es irrefutable: la próxima oferta pública de empleo de Sanidad, con sus 9.000 plazas, debe ser una oportunidad excepcional para estabilizar a los profesionales locales. Estas plazas representan no solo un futuro para miles de familias canarias, sino también una forma de devolver el esfuerzo realizado por quienes sostuvieron la sanidad pública durante los momentos más críticos de la pandemia. Permitir que este concurso se convierta en un "efecto llamada" para opositores de otras comunidades sería un insulto a la dedicación y el sacrificio de los sanitarios canarios.
Los defensores del sistema actual podrían argumentar que priorizar a los nacidos en Canarias podría vulnerar el principio de igualdad de acceso a la función pública. Pero este razonamiento olvida que la igualdad no es dar a todos lo mismo, sino garantizar que todos tengan las mismas oportunidades, algo que no ocurre cuando unos tienen el privilegio de contar con una lengua cooficial que los coloca automáticamente por delante. Los canarios no están pidiendo privilegios; están exigiendo justicia. Quieren competir en igualdad de condiciones, y eso pasa por implementar criterios que reconozcan su singularidad como región ultraperiférica y su compromiso con el sistema público de salud.
Si otras comunidades protegen lo suyo mediante normativas lingüísticas, Canarias debe hacer lo propio con sus recursos: priorizar a los nacidos y formados en el archipiélago en una convocatoria que definirá el futuro de su sistema sanitario. No hacerlo sería condenar a los canarios a ser siempre los últimos en su propia tierra, relegados por un sistema que favorece a quienes ya disfrutan de ventajas competitivas en sus comunidades de origen.
La responsabilidad ahora recae en el Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo tiene en sus manos la posibilidad de corregir esta injusticia histórica y garantizar que las 9.000 plazas de la OPE de 2025 sean una herramienta para fortalecer la sanidad pública canaria desde dentro, con sus propios profesionales. Es hora de actuar con valentía y decisión, de establecer medidas que aseguren que los canarios sean los primeros en casa. Si no lo hacemos ahora, estaremos perpetuando un sistema desigual que siempre beneficia a otros mientras los nuestros quedan en segundo plano. Basta ya de ser complacientes. Es hora de defender lo nuestro.