El sector turístico lanza una ofensiva legal contra Marlaska y su normativa

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La reciente entrada en vigor del denominado ‘Gran Hermano’ hotelero, impulsado por el Ministerio del Interior, ha desatado una tormenta en el sector turístico español y, en particular, en Lanzarote, donde el turismo representa el corazón de la economía insular. Este nuevo sistema, que obliga a los establecimientos a recopilar datos adicionales y sensibles de sus clientes, ha sido calificado como “imposible de cumplir” por los operadores del sector, quienes alertan de sus consecuencias devastadoras.

Con la entrada en vigor del Real Decreto, los hoteles y alojamientos turísticos deben solicitar información más detallada, incluyendo teléfonos, correos electrónicos, relación de parentesco en caso de menores y datos sobre el medio de pago, como el tipo de tarjeta, número IBAN y titularidad. Además, los datos deben almacenarse durante al menos tres años, lo que multiplica los riesgos de ataques informáticos y plantea dudas sobre la capacidad de muchos establecimientos, especialmente los pequeños negocios familiares, para garantizar la seguridad de esta información.

Impacto directo en Lanzarote

Para una isla como Lanzarote, donde el turismo internacional es la principal fuente de ingresos, estas nuevas exigencias podrían significar un golpe mortal. Los británicos , principale mercado emisore de turistas para la isla, han demostrado ser especialmente sensibles respecto a la protección de sus datos personales. La posibilidad de que esta normativa desincentive su visita preocupa profundamente al sector.

“Lanzarote no puede permitirse perder la confianza de sus turistas por una normativa que nos impone exigencias inasumibles”, declara un representante de la asociación de hoteleros . En 2022, los británicos gastaron más de 19.000 millones de euros en España, y cualquier descenso en la llegada de estos viajeros podría tener un efecto dominó en toda la economía insular.

 

Los hoteles boutique, apartamentos vacacionales y casas rurales, tan característicos de Lanzarote, se enfrentan a un panorama crítico. La falta de recursos para implementar sistemas de seguridad cibernética adecuados, sumada a la nueva carga burocrática, podría llevar a muchos de estos establecimientos al borde del cierre. Además, el sector teme que la posibilidad de sanciones agrave aún más la situación. “Estamos haciendo lo posible por cumplir, pero si el Gobierno no aplica el sentido común y flexibiliza la normativa, no descartamos llevar el asunto a los tribunales”, afirman desde el gremio.

¿Un freno a la sostenibilidad?

Lanzarote ha apostado en los últimos años por un modelo turístico sostenible, alejándose de la masificación para promover una experiencia más personalizada y de calidad. Sin embargo, el ‘Gran Hermano’ hotelero podría contradecir estos esfuerzos, al hacer inviable la operatividad de negocios pequeños y sostenibles frente a las grandes cadenas, que sí cuentan con recursos para implementar estos sistemas.

Desafío tecnológico

Aunque el Ministerio del Interior asegura que las nuevas tecnologías simplificarán el proceso de registro, los profesionales del sector discrepan. “La aplicación será moderna, pero los datos que nos obligan a solicitar complican enormemente nuestra labor y generan desconfianza en los clientes”, explican fuentes hoteleras. La acumulación de datos sensibles también aumenta el temor a ciberataques que podrían tener consecuencias catastróficas para la reputación de los establecimientos y, por extensión, para Lanzarote como destino seguro.

¿Hay margen para el cambio?

Aunque el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska insiste en que no dará marcha atrás, todavía queda una última oportunidad para suavizar los requisitos a través de la fase de consulta pública de la orden ministerial que completará el procedimiento de registro. Sin embargo, el tiempo apremia y la incertidumbre crece.

Si no se reconsidera la aplicación de esta normativa, el ‘Gran Hermano’ hotelero podría convertirse en un obstáculo insalvable para el turismo en Lanzarote, poniendo en peligro no solo el futuro del sector, sino también el delicado equilibrio económico de la isla.