El Tribunal Supremo recibe hoy un escrito que vincula al ministro Torres con adjudicaciones supuestamente irregulares de 6,5 millones de euros
PJ
El comisionista Víctor de Aldama ha apuntado directamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un escrito entregado al Tribunal Supremo, acusándolo de haber favorecido la adjudicación de contratos de obra pública y vinculado a presuntos "encuentros de diversa naturaleza" en un piso alquilado en la calle Atocha, Madrid. En el documento, presentado hoy, Aldama señala que este inmueble fue alquilado para Torres y otras personas, dejando entrever una red de favores y encuentros que serviría como telón de fondo para las presuntas irregularidades, según informó El Confidencial.
Según el relato de Aldama, "el contrato en cuestión corresponde a una obra pública por valor de 6,5 millones de euros" y está vinculado a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción. Esta empresa, "habría recibido adjudicaciones gracias a la relación de uno de sus accionistas principales, José Ruz Martínez, con Koldo García, también investigado en la causa". Las conexiones entre los involucrados "habrían permitido a Levantina obtener contratos con el Gobierno canario en 2022, bajo la presidencia de Torres, entonces presidente de Canarias". La Agencia Tributaria de Canarias habría publicado una licitación para obras valorada en más de seis millones de euros en febrero de 2022, y "el concurso fue adjudicado a Levantina en mayo de ese año", detalló hoy El Confidencial.
En su declaración ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre, Aldama implicó al ministro Torres en la solicitud de un pago de "50.000 euros, presuntamente para asegurar favores y facilitar negociaciones relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia". El comisionista sostuvo que, tras negarse a realizar dicho pago, comenzó a enfrentar acusaciones sobre la calidad de las mascarillas suministradas a Canarias, que se denunciaban como "falsas". Torres, por su parte, ha negado categóricamente estas acusaciones y anunció hoy que tomará "las acciones legales que sean oportunas" frente a lo que considera "graves injurias y calumnias" sin base alguna, según recoge hoy El Confidencial.
El escrito de Aldama también alude a otros episodios comprometedores, como reuniones en las que supuestamente participaban Torres y otros implicados, "usando inmuebles alquilados para encuentros de naturaleza no especificada". Estos apuntes están respaldados, según Aldama, por la agenda de Koldo García, en la que figuran "anotaciones de citas y transferencias que implicarían gestiones de pago relacionadas con la obtención de contratos", de acuerdo con lo informado hoy por El Confidencial.
Las acusaciones contra Torres no se limitan al contrato de obra pública. También señalan "un supuesto reparto de comisiones por adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas y PCR durante la pandemia, sumando más de cinco millones de euros". De acuerdo con el escrito, "las negociaciones para obtener estos contratos habrían comenzado en 2020, y la relación de Torres con los investigados habría facilitado dichas operaciones". Mensajes interceptados y analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil corroborarían ciertos contactos y reuniones en los que Aldama menciona la importancia de Torres dentro de la trama, incluso refiriéndose a él como "muy importante" y alguien que "les debía una grandísima", tal y como recoge hoy El Confidencial.
En respuesta a estas nuevas acusaciones, Ángel Víctor Torres ha reiterado su inocencia, calificándolas como "difamaciones sin fundamento". Su equipo ha emitido un comunicado en el que advierte que las "mentiras, insidias y campañas de desprestigio personal basadas en la más absoluta nada" no quedarán impunes y que "las acciones legales seguirán su curso en defensa del honor del ministro", según señaló hoy El Confidencial.
Aldama, por su parte, parece dispuesto a llevar la batalla judicial hasta las últimas consecuencias, vinculando a Torres con "encuentros y favores, así como con la concesión de adjudicaciones durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias". Las acusaciones se acumulan, mientras el Tribunal Supremo valora las pruebas entregadas por la defensa del comisionista, incluyendo "mensajes y anotaciones en agendas que intentan demostrar la implicación de Torres en esta compleja red de favores y contrataciones públicas irregulares", según El Confidencial.