El registro de viajeros: ¿otro Intento del gobierno central de sabotear el turismo en Lanzarote?
Foto. Elpejeverde.com
S. Calleja
En un contexto donde el turismo constituye la piedra angular de la economía lanzaroteña, cabe preguntarse: ¿es la nueva normativa del Registro de Viajeros, impulsada por el Ministerio del Interior, un obstáculo para la sostenibilidad de nuestro modelo turístico? Este lunes 2 de diciembre entra en vigor el Real Decreto 933/2021, que obliga a las empresas turísticas a recabar una mayor cantidad de información sobre sus clientes, con el objetivo de mejorar la seguridad en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, esta medida no está exenta de controversias, especialmente en territorios como Lanzarote, cuya dependencia del turismo internacional hace que cualquier cambio normativo tenga consecuencias significativas en el sector.
La obsesión del gobierno central por perseguir al turismo parece haber alcanzado un nuevo nivel con esta normativa. La nueva normativa impone a hoteles, apartamentos y otras formas de alojamiento la tarea de registrar, además de los datos habituales, información sensible como la relación de parentesco entre los viajeros o sus métodos de pago, a través de la plataforma SES.Hospedajes. Para muchos pequeños empresarios lanzaroteños, que constituyen el grueso del sector turístico en la isla, el nuevo sistema representa una carga administrativa desproporcionada, con la necesidad de contar con certificados digitales y gestionar registros mediante procedimientos complejos que podrían exceder sus capacidades tecnológicas. A esto se añade la preocupación por la posible incompatibilidad de estas medidas con el reglamento europeo, lo cual genera incertidumbre jurídica.
El impacto sobre el alquiler vacacional también merece atención. En una isla como Lanzarote, donde el turismo de vacaciones en apartamentos representa una parte significativa de la oferta, la obligatoriedad de verificar identidades y de cumplir con los requisitos del nuevo registro podría disuadir a algunos propietarios de seguir ofreciendo sus viviendas para alquiler. La cuestión es clara: ¿qué harán con el alquiler vacacional si no hay suficiente personal para comprobar la identidad de todos los ocupantes? Esta situación, además de sobrecargar de burocracia a los arrendadores, podría derivar en una merma de la oferta turística, afectando negativamente al atractivo de la isla como destino.
Estamos locos si pensamos que sobrecargar a los empresarios turísticos con más burocracia innecesaria no va a tener consecuencias graves. Es innegable que la seguridad debe ser una prioridad, especialmente en un contexto global donde las amenazas a la seguridad ciudadana tienen un carácter transnacional. Sin embargo, también es esencial preguntarse si las herramientas que se están empleando para garantizar esa seguridad son las más adecuadas y si están alineadas con la realidad de un sector turístico diverso, donde predominan las pymes. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha advertido que esta normativa no solo afecta a los turistas internacionales, sino también a los nacionales, quienes deberán enfrentarse a trámites más complejos que podrían comprometer su experiencia de alojamiento.
En Lanzarote, un lugar que se esfuerza por ofrecer una experiencia turística de calidad, estas exigencias podrían restar competitividad frente a otros destinos menos burocráticos. Mientras que la intención de mejorar la seguridad es loable, resulta crucial encontrar un equilibrio que no sacrifique la viabilidad de las pequeñas empresas locales ni la comodidad de los visitantes. ¿Es posible alcanzar ese equilibrio sin sobrecargar de burocracia a un sector ya de por sí presionado por las demandas del mercado?
En última instancia, la cuestión radica en cómo garantizar que medidas de seguridad como ésta no acaben perjudicando al tejido económico y social de una isla cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Sería deseable que el gobierno central mostrara una mayor disposición al diálogo con los actores del sector, buscando soluciones que no solo preserven la seguridad, sino que también faciliten la operatividad de los pequeños empresarios que mantienen viva la oferta turística de lugares como Lanzarote. La sostenibilidad del turismo no se basa únicamente en preservar el medio ambiente, sino también en asegurar que las normativas sean justas, proporcionadas y, sobre todo, aplicables.