Ultimátum en Arrecife: la Plataforma contra el ruido advierte que podría acudir a la justicia
PJ
En el corazón de Arrecife, un grito colectivo de desesperación ha comenzado a resonar con fuerza a medida que los residentes de El Reducto y zonas circundantes levantan la voz contra la contaminación acústica que les roba la paz. Hartos de la indiferencia municipal, han formado la Plataforma contra el ruido de Arrecife, un esfuerzo ciudadano que busca reclamar el derecho al descanso y la integridad personal, consagrados en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española.
Desde parques como las Islas Canarias y Ramírez Cerdá hasta calles como Coronel Bens y José Betancort, pasando por lugares emblemáticos como el Charco de San Ginés, la Plazuela y Valterra, los vecinos denuncian una violación continua a la normativa de ruido. A pesar de existir una ordenanza municipal desde mayo de 2017 y leyes tanto nacionales como europeas que regulan esta materia, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Jonathan de León y su equipo, parecen hacer oídos sordos a las súplicas de su ge.
Las quejas no son solo ruidos de fondo; son demandas claras y específicas que incluyen el traslado de eventos ruidosos fuera de las zonas residenciales, la equipo adecuado para la policía local para medir y controlar el ruido y la restricción de consumo de alcohol en vías públicas. Estas solicitudes apuntan a la creación de un entorno habitable que respete la vida privada y la tranquilidad de
Ante la gravedad de la situación, la Plataforma no descarta tomar medidas judiciales si las negociaciones y los llamados a la responsabilidad no surten efecto. Con un espíritu inicialmente conciliador, la organización se prepara para enfrentar un posible escenario legal, esperando que no solo se escuche su voz, sino que también se actúe en consecuencia.
Mientras tanto, Arrecife se encuentra en una encrucijada, con sus ciudadanos pidiendo simplemente lo que es justo: poder vivir en sus hogares sin el constante asalto del ruido. Esta batalla, que se libra en las calles y ahora en las salas de reuniones, es emblemática de un problema que va más allá del sonido: es un clamor por el respeto a los derechos más fundamentales de los ciudadanos.