Gatos, biodiversidad y fake news: la denuncia que deja en ridículo a Ecologistas en Acción
S. Calleja
En Lanzarote, se ha desatado una polémica protagonizada por los gatos callejeros y la dudosa afirmación de Ecologistas en Acción. La organización ha denunciado, una supuesta “suelta ilegal de gatos castrados en el medio natural”, acusando a las administraciones locales e insulares de incumplir la normativa medioambiental y, según ellos, amenazando gravemente la biodiversidad.
Sin embargo, las fuentes cercanas al Cabildo de Lanzarote desmienten de forma categórica estas afirmaciones, y no solo las desmienten, sino que muestran sorprendidos por lo que se ha presentado como un escándalo. Lo que se ha hecho en La Graciosa no es más que aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno), tal y como lo establece la nueva Ley de Bienestar Animal 723, vigente en España, que exige la gestión responsable de las colonias de gatos urbanos, especialmente en territorios vulnerables como los espacios naturales protegidos. Pero Ecologistas en Acción parece ignorar estas leyes en su prisa por convertirse en los héroes de la trama.
El método CER, implementado con más excelencia de lo que marca la ley, consiste en capturar exclusivamente a gatos de núcleos urbanos, esterilizarlos, y devolverlos exactamente al lugar de donde fueron recogidos. Nada de liberar gatos en espacios naturales ni contribuir al desorden ecológico, como insinúa la denuncia. Las fuentes del Cabildo recalcan que "se ha cumplido la normativa de manera estricta" y que, lejos de suponer un riesgo para la fauna, estas medidas ayudan a evitar la proliferación de gatos asilvestrados, protegiendo así la biodiversidad local.
De hecho, la presencia de gatos asilvestrados en los ecosistemas naturales ha sido señalada como un problema real en muchas islas, incluidas las nuestras, pero aquí el Cabildo ha actuado con total responsabilidad. Los gatos fueron capturados en núcleos urbanos de Caleta del Sebo y Pedro Barba, y no en ningún parque natural o área protegida, como pretende hacer creer Ecologistas en Acción. La manipulación de los hechos en esta denuncia, que han llevado hasta al Seprona, es "alarmante".
Esta postura de los ecologistas no solo muestra una profunda supuesta falta de rigor en su discurso, sino una evidente intención de crear polémica donde no la hay. ¿Por qué omiten detalles clave, como que los gatos fueron devueltos a su entorno urbano original? ¿Por qué no reconocen que la actuación del Cabildo está alineada con las leyes vigentes, que tienen precisamente el objetivo de proteger tanto a los animales como al frágil equilibrio natural de la isla? Las respuestas son claras: necesitan una narrativa dramática para mantener su relevancia mediática, aunque eso implique torcer la verdad.
Es imprescindible señalar que la Ley 723 de Protección y Bienestar Animal establece claramente las obligaciones de las administraciones en la gestión de colonias felinas en entornos urbanos. Lo que Ecologistas en Acción califica como “suelta ilegal” es en realidad un ejemplo de cumplimiento riguroso de esta legislación. La captura de los gatos se realizó en áreas urbanas, en estricto respeto al medio ambiente, y se esterilizó a los felinos para evitar su proliferación descontrolada, una medida indispensable en la conservación de la fauna insular.
En su denuncia, Ecologistas en Acción parece haber olvidado también que La Graciosa, aunque declarada espacio natural protegido, sigue albergando núcleos urbanos cuya gestión recae sobre las administraciones locales. Al exigir que estos gatos sean reubicados en refugios (que ni siquiera existen en la isla) o dados en adopción, ignoran la realidad práctica y legal. Lo único que ha hecho el Cabildo de Lanzarote es aplicar la ley de manera rigurosa, con vistas a proteger tanto a los animales como al entorno.
Lejos de ser una cuestión de negligencia, este caso es un ejemplo claro de cómo se deben gestionar los conflictos entre la fauna doméstica y el entorno natural. Pero, como en todo teatro del absurdo, la trama de Ecologistas en Acción depende de la confusión para generar alarma. Lo que podría haber sido un simple informe sobre buenas prácticas ha terminado convertido en una denuncia inflada de retórica, diseñada para engañar y manipular.