Sosa sin salida: la justicia cierra el caso y pone fin a las denuncias del exconsejero tránsfuga
PJ
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha puesto punto final a una batalla judicial que se extendió por más de tres años. La denuncia interpuesta por Juan Manuel Sosa Rodríguez, exconsejero del Cabildo de Lanzarote y conocido tránsfuga de Coalición Canaria (CC), ha sido desestimada de manera definitiva. El tribunal ha archivado los recursos de Sosa, quien acusaba a Pedro San Ginés y a los consejeros de CC de falsedad documental, coacciones y amenazas. La decisión, anunciada el 11 de septiembre de 2024, no deja lugar a dudas: no hubo delito en las actuaciones de los nacionalistas.
El origen de esta disputa se remonta a 2021, cuando Sosa, tras abandonar Coalición Canaria y unirse al gobierno insular, se convirtió en el centro de una polémica tanto política como judicial. Su paso al gobierno insular bajo la presidencia de Dolores Corujo no solo causó tensiones políticas, sino que también abrió la puerta a investigaciones sobre su desempeño como médico del Servicio Canario de Salud, al que engañó al cobrar su salario de forma indebida mientras desempeñaba su cargo político. Este hecho, facilitado por la entonces presidenta, permitió a Sosa mantenerse en su posición pese a las irregularidades. No obstante, sus denuncias contra Coalición Canaria siempre parecieron más una estrategia de distracción que una legítima búsqueda de justicia.
Durante el proceso, Sosa intentó, sin éxito, presentar nuevas pruebas que respaldaran sus acusaciones. Solicitó que se examinaran los discos duros de los ordenadores del grupo de Coalición Canaria, un gesto que, a ojos del tribunal, carecía de fundamentos sólidos. En sus reiterados intentos por revivir el caso, Sosa fue incapaz de aportar indicios que probaran las acusaciones de coacciones y falsedad documental.
El tribunal fue contundente: no había base legal para las denuncias. Las decisiones judiciales no solo rechazaron las apelaciones de Sosa, sino que, además, impusieron costas procesales en su contra, subrayando el carácter infundado de sus acusaciones.
Desde Coalición Canaria, el fallo ha sido recibido con alivio y satisfacción. Sus portavoces destacan que la justicia ha demostrado la transparencia y legalidad de las actuaciones de sus consejeros. “El tránsfuga Sosa, además de haber abandonado su grupo político, debe devolver a las arcas públicas los 300.000 euros que cobró de manera indebida durante tres años y medio”, afirmaron. Para los nacionalistas, el cierre definitivo del caso pone fin a una estrategia de desgaste judicial impulsada por Sosa, que siempre pareció más interesada en ganar tiempo que en esclarecer los hechos.
Con esta decisión de la Audiencia Provincial, no cabe recurso alguno, y las actuaciones de Coalición Canaria quedan, una vez más, ratificadas como legales y ajustadas a derecho. El polémico capítulo de Sosa en la política insular parece llegar a su fin, aunque aún queda por ver si devolverá el dinero público que le señalan como obtenido de manera fraudulenta.