El Ayuntamiento de Haría estudia acciones legales contra Canal Gestión y el Consorcio Insular de Aguas
PJ
Nueva Canarias en Haría ha elevado su tono de crítica ante la insostenible situación hídrica que afecta a la comarca norte de Lanzarote. Marcos Lemes, portavoz del partido en el municipio, ha denunciado los continuos cortes de agua que sufren diariamente los vecinos, una situación que atribuye a la mala gestión de la empresa Canal Gestión y a la pasividad del Consorcio Insular de Aguas y del Cabildo de Lanzarote.
La empresa Canal Gestión, que gestiona el suministro de agua en la isla, ha sido blanco de las quejas de los vecinos por los constantes incumplimientos en el servicio. Según Lemes, la realidad de levantarse cada día con pueblos enteros sin agua ha llegado a un punto insostenible, y los vecinos exigen respuestas que las autoridades locales no pueden ofrecer debido a que la gestión está en manos de una empresa externa.
La frustración de los ciudadanos ha impulsado a los canaristas a dar un paso más allá, y Lemes ha anunciado que el Ayuntamiento de Haría, bajo el liderazgo de NC-bc, ha solicitado a sus servicios jurídicos que estudien emprender acciones legales tanto contra Canal Gestión como contra el Consorcio Insular de Aguas. Alegan incumplimientos contractuales por parte de la empresa y una falta de participación de los ayuntamientos en la toma de decisiones por parte del consorcio.
“Nos vemos sin capacidad de actuación porque el control del agua lo tiene una empresa de Madrid. Esto genera una situación dramática para nuestros vecinos y nos obliga a explorar todas las vías legales posibles”, manifestó Lemes. El portavoz también recordó que la privatización del agua pública fue, en su opinión, un "tremendo negocio" que benefició a unos pocos y dejó a la población de Lanzarote con un servicio ineficiente y costoso.
NC-bc insiste en que la recuperación del control público del agua es una prioridad absoluta, ya sea a través de los ayuntamientos de forma individual o mediante el Consorcio Insular de Aguas. Lemes calificó este asunto como de "interés general" y urgió a las administraciones públicas a intervenir.