Sentencia contra el Ayuntamiento: ¿quién pagará la factura de la irresponsabilidad ciudadana?
S.Calleja
La reciente sentencia que condena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar más de 5.000 euros a un conductor de patineta, que se cayó al tropezar con un imbornal en un carril bici, pone de manifiesto una realidad inquietante para los ayuntamientos de Lanzarote y el resto de Canarias. El fallo judicial no solo obliga a la administración a desembolsar una considerable cantidad de dinero público, sino que, además, abre una peligrosa caja de Pandora para futuras demandas que podrían afectar a nuestros municipios.
No se discute que el Ayuntamiento, al construir un carril bici sobre una rejilla de aguas pluviales, podría haber prestado más atención y tomado medidas preventivas. La administración pública tiene la responsabilidad de garantizar que las infraestructuras que desarrolla sean seguras para los ciudadanos. Sin embargo, el juez parece haber olvidado que la seguridad vial no es unidireccional: también existe una responsabilidad individual al circular por la vía pública.
Según los informes técnicos, el imbornal era perfectamente visible y la zona estaba bien iluminada. Entonces, ¿por qué el juez ha ignorado la obligación de los peatones y ciclistas de ser cautelosos cuando transitan por la ciudad? ¿De verdad es razonable que cualquier obstáculo que aparezca en una vía pública se convierta en motivo de indemnización? Esta sentencia nos coloca en un terreno resbaladizo, donde cualquier tropiezo o caída podría ser utilizado como pretexto para extraer dinero de las arcas municipales.
Este fallo representa un peligro para nuestros ayuntamientos en Lanzarote. Si se acepta que cualquier ciudadano puede reclamar indemnizaciones por no prestar atención a su entorno, estamos allanando el camino hacia un colapso del sistema administrativo. Las calles, por su propia naturaleza, no pueden ser completamente seguras en todo momento, y pensar que la administración pública puede eliminar todos los riesgos es simplemente irreal. En lugar de alentar una cultura de responsabilidad compartida, esta sentencia siembra la semilla del oportunismo.
Pensemos en las implicaciones: ¿cuántos accidentes menores podrían acabar en los tribunales tras esta decisión? Si un conductor de patineta puede recibir una compensación por tropezar con un imbornal, ¿qué impide que otros sigan su ejemplo y presenten demandas por caídas o tropiezos en cualquier esquina de nuestras calles? Esto no solo tendría un costo económico enorme para los ayuntamientos de Lanzarote, sino que además se desviarían recursos valiosos de proyectos realmente importantes para la mejora de nuestras comunidades.
El juez ha señalado que, tras el accidente, el Ayuntamiento retiró la rejilla en cuestión, interpretándolo como un reconocimiento implícito de culpa. Sin embargo, esta lectura es engañosa. Que una administración mejore sus infraestructuras no significa necesariamente que estuviera actuando con negligencia antes del accidente. De hecho, el mantenimiento y la mejora constante de las vías públicas es una obligación, pero no debería ser utilizado como evidencia incriminatoria en cada caso que llega a los tribunales.
Este tipo de decisiones judiciales pueden tener efectos devastadores a largo plazo. Los ayuntamientos de Lanzarote, como el de Las Palmas de Gran Canaria, no disponen de recursos ilimitados. Si cada accidente menor desencadena una demanda y una indemnización, nos arriesgamos a ver cómo nuestros municipios pierden fondos esenciales para proyectos de infraestructura, servicios sociales o mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos.
No se trata de exculpar al Ayuntamiento de su deber de revisar los imbornales y otros elementos de la vía pública. Se trata de reconocer que la responsabilidad en nuestras calles es compartida. Los ciudadanos también deben estar atentos y actuar con precaución al transitar por la ciudad. Si no hacemos esta distinción, corremos el riesgo de caer en un ciclo interminable de demandas y pagos, donde los únicos beneficiados son aquellos que buscan aprovecharse del sistema.
Nuestros ayuntamientos en Lanzarote necesitan recursos para mejorar las condiciones de vida de todos, no para pagar por cada incidente que podría haberse evitado con un poco más de atención por parte de los ciudadanos. Esta sentencia no solo es un golpe económico, sino que también establece un peligroso precedente para el futuro. ¿Queremos realmente un escenario en el que cualquier pequeño accidente en la vía pública termine con una condena judicial para los municipios?