El TSJC reprobó al anterior Gobierno Insular por dilatar la autorización del Hotel Papagayo Arena
PJ
El Consejo de Gobierno insular ha aprobado iniciar el expediente para la autorización turística provisional del hotel conocido como Papagayo Arena, ahora denominado Sandos Papagayo. Este paso responde a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que reprochó al anterior gobierno insular por la dilación en la resolución del expediente, llegando a advertir de la posibilidad de un delito de prevaricación por omisión.
El Cabildo de Lanzarote, bajo la dirección del actual grupo de gobierno, ha decidido cumplir con la sentencia del TSJC, la cual fue recibida al inicio de esta legislatura. La sentencia señalaba la inacción del anterior gobierno, presidido por el PSOE, en la concesión de la autorización turística del hotel, lo que podría haber resultado en graves consecuencias legales. El actual gobierno, actuando con responsabilidad, ha iniciado el expediente de autorización provisional basándose en los informes técnicos y jurídicos favorables emitidos por el Departamento de Actividades Clasificadas y Ordenación Turística del Cabildo.
Sin embargo, la autorización turística provisional no es el final del camino para el hotel Sandos Papagayo. El informe aprobado por el Consejo de Gobierno advierte claramente a la propiedad que esta autorización está condicionada a la obtención de la correspondiente licencia urbanística municipal y a la autorización preceptiva de Costas. Este requisito destaca la complejidad del proceso, en el que varias instituciones y normativas intervienen para asegurar el cumplimiento de la legalidad.
El Cabildo de Lanzarote ha dejado claro que su competencia se limita exclusivamente a la concesión o denegación de autorizaciones turísticas y de actividades clasificadas, conforme a la normativa vigente. La responsabilidad de determinar la legalidad urbanística del hotel recae en el Ayuntamiento de Yaiza, que es la entidad competente para otorgar las licencias urbanísticas. Además, cualquier cuestión relacionada con la zona costera depende de la Dirección General de Costas, organismo que deberá emitir su autorización preceptiva.
Este movimiento del Cabildo es visto como un esfuerzo por corregir la inercia administrativa del pasado y garantizar que todos los procesos se realicen dentro del marco legal. El cumplimiento de la sentencia del TSJC no solo es un acto de responsabilidad legal, sino también un compromiso con la transparencia y la eficacia en la gestión pública.