PP solicita gestión directa del Gobierno Central si comunidades exceden capacidad de acogida
PJ
El diario nacional El País informa que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria han presentado este lunes una proposición de ley con el objetivo de cambiar el modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados. La propuesta busca que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a estos niños y adolescentes cuando un territorio alcance el 150% de su capacidad. Esta iniciativa se ha diseñado especialmente para aliviar la situación en Canarias, que actualmente acoge a casi 6.000 menores, muy por encima de su capacidad máxima de 2.000. La medida también está pensada para ayudar a Ceuta, Melilla y otros territorios en el futuro.
Los grupos parlamentarios pretenden que la proposición de ley se vote en el pleno antes del 23 de julio. Sin embargo, la iniciativa llega al Congreso sin el apoyo claro del PP, que ha enviado al Gobierno sus condiciones para respaldar los cambios. Según El País, en una carta enviada al Ministerio de Política Territorial, el partido liderado por Feijóo solicita la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional. Esta declaración permitiría a las comunidades tramitar de urgencia los contratos necesarios para desplegar recursos de acogida. Además, el PP exige que la Fiscalía garantice que los menores trasladados a las comunidades de destino sean realmente menores de edad.
En su carta, el PP también pide al Ejecutivo la creación de un fondo de contingencia plurianual para financiar la acogida de los menores hasta su emancipación, es decir, incluso después de que cumplan 18 años. Finalmente, demandan que, en caso de que una comunidad de acogida exceda su capacidad de recursos, el Gobierno central habilite y gestione directamente los medios necesarios.
El respaldo del PP es crucial para que la reforma prospere, especialmente después de que Junts haya condicionado su apoyo a la exclusión de Cataluña de cualquier reparto, una posición que el ministro Torres calificó de "jurídica y políticamente inaceptable e inviable" en declaraciones a El País. Aunque las comunidades gobernadas por el PP aceptaron la semana pasada acoger a 347 menores en toda la Península, aún no han mostrado disposición para aceptar una solidaridad obligatoria por ley que implicaría acoger a muchos más niños. El sentido del voto del PP, que ha endurecido su discurso contra la inmigración, sigue sin estar claro.