Los servicios básicos, por derecho

 

 

Nayra Callero, Agrupación Socialista por Lanzarote

 

Cuando nos fallan las pequeñas cosas, aquellas que damos por sentado, es cuando caemos en la cuenta de la importancia que tienen para nosotros.

El alumbrado público es uno de los “servicios obligatorios” que por ley debe prestar una Corporación. Y el adjetivo “obligatorio” en este caso no es baladí, supone el reconocimiento por parte de la norma de que se trata de un servicio de “interés general”, como ocurre con muchos otros que enumera la Ley de Bases de Régimen Local. Es precisamente esta norma la que lo define como una actividad tutelada por la Administración, de prestación regular y continua al público, que satisface necesidades sociales.

Otros ejemplos son: cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población o pavimentación de las vías públicas. Y ya dependiendo del número poblacional, sirvan como muestra los de: biblioteca pública, protección civil o servicios sociales.

Referirme al alumbrado público en primer lugar, no es menospreciar el resto de servicios de prestación obligatoria que quizás por su carácter social nos pueden venir a la cabeza, es poner el acento en la inseguridad que están sufriendo muchos vecinos de la capital de Lanzarote de forma continua. Vivir temiendo salir de casa a partir de una hora determinada, no es propio de una ciudad del primer mundo. Sin embargo, en un nuevo alarde de mala gestión y negligencia, el barrio Tinasoria lleva ya casi un año parcialmente a oscuras, y el resto de la ciudad se ve privada durante noches continuas de un servicio tan esencial.

Vaya por delante que a la capital de nuestra isla le corresponde prestar todo el amplio listado de servicios que recoge la Ley de Bases de Régimen Local.

Y digo esto, porque a veces se escucha en los medios de comunicación a un concejal/a, o a la propia regidora municipal, vendiéndonos el esfuerzo o la gran labor social que está llevando a cabo al prestar estos servicios.

Así ocurre sin ir más lejos, con la asistencia domiciliaria y con los servicios sociales en general. Se produce cuando algunos/as eleva la voz y se ponen medallas por subvencionar a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. Entidades éstas que invierten un enorme esfuerzo para cubrir áreas a las que la Corporación no llega.

Caso curioso es el de las guaguas. Digno de estudio porque se mantienen las que prestan el servicio gratis y se eliminan líneas que cubren rutas básicas que conectan los barrios con el centro de la ciudad, al mismo tiempo que se trata de vender una peatonalización forzada.  

Por lo que se refiere a la limpieza viaria vaya por delante el hecho de que debería inculcarse más a la población el mantenimiento de una ciudad limpia. Por eso se pone cuidado en incluir en los contratos cláusulas para que las empresas licitadoras asuman las campañas publicitarias, por poner solo un ejemplo. Pero no debe olvidarse que "el hecho de acostarnos por la noche, no supone excusa para no hacer la cama por la mañana".

Aferrándome a eso quizás, deba aprovechar la ocasión para recordar a nuestros regidores la insalubridad que ocasiona una ciudad en la que transitan constantemente los roedores y otras plagas que suelen hacerse notar en tiempos de tormenta, como los que hemos vivido días atrás.

Frente a tal panorama, los que habitamos en una ciudad otrora sin duda más avanzada, nos encontramos perdidos, nos faltan datos de cómo o cuándo podemos alzar la voz para que se nos devuelva aquello que por justicia nos pertenece, como derechos que son y porque los pagamos con nuestras contribuciones.

Quizás debamos acostumbrarnos a reclamar por escrito, a denunciar poniendo en conocimiento la existencia de alguna irregularidad o infracción en materia de consumo. Somos un pueblo tranquilo, de pocos aspavientos, pero nos encontramos ante una situación que ya obliga a implicarnos, que ya clama porque defendamos nuestros derechos y dejemos constancia del incumplimiento de la normativa vigente. Ello porque se trata de actividades que, con total probabilidad, de prestarse de forma defectuosa podrían afectar a cualquier consumidor o usuario.

Puede que sea hora de que la gente, consciente de los derechos que le asisten, se acerque a las instituciones y exijan lo que por ley les corresponde. Los funcionarios están obligados a asesorarnos y ayudarnos a la hora de actuar frente a la Administración. Hagamos uso de ese derecho y reclamemos el estado de bienestar por el que pagamos. Los ciudadanos cumplimos con nuestros impuestos, forma parte de nuestras obligaciones.

Es el momento de exigir que la Administración cumpla con las suyas.