La reforma de la Ley Electoral Canaria
Por Pedro San Ginés Gutiérrez*
CC ha ganado las últimas elecciones en 6 de las 8 islas del archipiélago y por eso tiene toda legitimidad para gobernar Canarias. Partimos de la base de que nuestro archipiélago es un territorio difícil de equilibrar. El aislamiento insular, la distancia y las diferentes realidades insulares son obstáculos a los que se ha enfrentado este pueblo y que han generado históricamente muchas tensiones, diferencias y pleitos entre islas.
Actualmente, el Parlamento de Canarias debate sobre la posibilidad de reformar el sistema electoral canario para la elección de los representantes que obtendrían cada isla en el arco parlamentario autonómico, en función a los votos ciudadanos. PSOE, PP, NC y Podemos proponen incrementar de 60 a 70 diputados adicionales, lo que supondría un aumento de 2.360.000 euros, como mínimo, por legislatura y no estoy de acuerdo.
No comparto una subida de diputados, no es socialmente aceptable y me sorprende que partidos que abanderan “nuevas formas de hacer política”,como Podemos, propongan un aumento del gasto público en cargos políticos, por más que aseguren que esto no será así. No es el momento de aumentar el número de escaños cuando la tendencia es a ir aminorando la administración pública y el incremento de 10 diputados no resolverá los problemas de Canarias. Un ejemplo reciente a seguir ha sido Castilla La Mancha que ha reducido sus diputados de 49 a 33.
El actual sistema electoral (el que conocemos como “triple paridad”), es un modelo de convivencia que nació en Canarias para evitar ahondar en el desequilibrio de las islas menos pobladas respecto a las capitalinas, dado su peculiar territorio. No hay un sistema totalmente perfecto pero este supuso un acuerdo histórico. Un sistema que nació en 1982, 10 años antes de la fundación de CC. Lo defendemos con objetividad; no es nuestro, pero es el menos malo.
Sin embargo, el sistema que proponen ahora para elegir esos 9 diputados adicionales, que se conoce como “colegio de restos”, rompería el equilibrio en cuanto a la representación en el Parlamento de las islas menos pobladas frente a las capitalinas. Ya las dos islas capitales de provincia tienen tantos diputados, repartidos a partes iguales, como la suma de las cinco restantes. Entonces ¿por qué apoyar un sistema que rompe aún más la desigualdad entre islas y que ni siquiera aparece entre las 30 primeras inquietudes de la sociedad canaria? Un nuevo sistema que, recordamos, seguiría manteniendo a CC como primera fuerza política.
Con el sistema de restos los ciudadanos antes de votar no van a saber el número de escaños atribuidos a cada isla. Además, puede arrojar datos, según los momentos electorales, de reparto alternativo entre cuatro o cinco diputados siempre para Tenerife y Gran Canaria. Se basa en un sistema que depende de una ecuación matemática que no se puede conocer hasta que se produzcan los resultados. Si hacemos una reforma debe atender a los principios de pluralidad, equilibrio, solidaridad y cohesión social entre islas. Los poderes fácticos y económicos de las islas capitalinas, especialmente en Gran Canaria, pretenden hacer creer que hay un clamor popular por la reforma del sistema electoral y no es así, es ficticio.
El Parlamento de Canarias representa, a la vez, la voz de los canarios como pueblo pero también la de los territorios como islas. CC ha defendido desde el inicio la bajada de los topes electorales del 30 al 15 por ciento insular y del 6 al 3 por ciento regional, lo cual corregiría la falta de pluralidad en el Parlamento que reivindican los otros, facilitando así la entrada de nuevas fuerzas en el arco parlamentario con idéntico resultado que arrojaría la fórmula propuesta si extrapolamos los resultados de 2015.
Alterar ese equilibrio no puede producirse desde la imposición. Nadie puede obligarnos a que aceptemos una propuesta electoral que no compartimos. Me alegra saber que mis homónimos en los Cabildos de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro piensan igual: unánimes en defensa de los ciudadanos de sus respectivas islas. De ahí que hayamos firmado un manifiesto común en abril de 2017 y que seguimos manteniendo.
El sistema electoral se puede mejorar, pero no creemos que esta propuesta lo consiga.