Un Plan para el futuro de Arrecife y una Ley para el futuro de Canarias
Por Samuel C. Martín Morera
Candidato por CC-PNC Lanzarote al Congreso de los Diputados
Estamos en un momento clave para definir el futuro de la capital de nuestra isla. Arrecife necesita de forma urgente tener su Plan General de Ordenación, ya que es la única manera de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de atraer inversiones a la ciudad.
El camino no está siendo fácil, y se está alargando más de lo que, como vecino de Arrecife y como responsable de la Concejalía de Urbanismo, me gustaría. Es más, soy consciente de que, el documento definitivo no será el que desearía la totalidad de los arrecifeños, pero sí el que más va a beneficiar a los vecinos y a la ciudad.
Por eso estamos peleando, tratando de buscar soluciones que nos satisfagan a todos. Soluciones que deben estar dentro de la legalidad, eso se da por supuesto.
Así, la ordenación prevista será la que resulte de los encuentros que hemos mantenido con los propietarios de bolsas de suelo y, aunque es cierto que no se podrán establecer convenios con todos ellos, los que sí se hagan tendrán que tener un interés general para el municipio de Arrecife.
Hablamos de la necesidad de un planeamiento ordenado para dotar de futuro a una ciudad, pero nuestra visión y nuestra perspectiva debe ser mucho más amplia. Y será la futura Ley del Suelo de Canarias la que nos ayude a democratizar, a liberar el urbanismo, es decir, que deje de estar en manos de unos pocos privilegiados.
No diré que resolverá todos los problemas de ordenación del territorio en Canarias, porque no sería cierto; pero sí supondrá un avance importante a fin de clarificar la normativa y agilizar los proyectos viables. De hecho, no hemos de olvidar que es el resultado de un diagnóstico compartido por los agentes sociales y económicos de Canarias.
Uno de los objetivos de la Ley del Suelo es eliminar una de las fases en la tramitación de los planes generales, la de aprobación inicial, y que los procedimientos sean muy sencillos.
Por lo tanto, ya no será el Gobierno el que apruebe de forma definitiva un Plan General o un Plan Insular, sino que la tramitación y aprobación recaerá en exclusiva en los ayuntamientos y cabildos, respectivamente.
Esto no supone, sin embargo, que se reduzcan las garantías de legalidad. Simplemente, el control queda en manos de cada administración responsable: local, insular o autonómica. Es un principio de eficiencia normativa, con plenas garantías jurídicas.
Canarias lleva dos décadas de inseguridad jurídica, retraso en las inversiones y planes generales que tardan tanto tiempo en aprobarse, que la realidad del momento nada tiene que ver con la que había cuando se inició el proceso.
Ha llegado el momento de que todo esto cambie. Si queremos avanzar, tenemos que apostar. Y el objetivo es conseguir una ley que reordene y simplifique los trámites de Planeamiento Urbanístico; que acorte plazos para agilizar la toma de decisiones en materia de inversión y facilite la inversión de suelos ya clasificados como urbanos o urbanizables. Una ley que hable de calidad y no de cantidad, sin consumir más suelo y con plenas garantías jurídicas.